Entrevista al politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
-¿Por qué perdió Keiko Fujimori, que era la favorita antes del balotaje?
-Antes de la segunda vuelta se dio a conocer un audio que relacionaba al entonces secretario general de su partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, con una investigación de la DEA por narcotráfico, que terminó por hundirlo. En vez de pedirle la renuncia, el partido lo defendió y terminó apareciendo él, al cabo de tres días, pidiendo licencia. Luego se dio a conocer un video [en defensa de Ramírez] que se determinó que había sido manipulado por su candidato a vicepresidente, José Chlimper, quien era hasta ese momento el mejor vocero de Fuerza Popular. Estas situaciones atizaron el antifujimorismo. El 31 de mayo tuvo lugar la marcha “Keiko no va”, que fue exitosa no solamente por el número de personas que movilizó, sino porque creó la sensación de que era posible ganar la elección en el último tramo. Los fujimoristas han perdido en el minuto 91 del partido y todavía no elaboraron el duelo por la derrota; ellos están todavía en la etapa de la rabia.
-¿Cómo evalúa la reacción de Keiko luego de que la ONPE diera a conocer el resultado del 100% de las actas?
-Keiko reconoció el resultado desde el lenguaje, pero no visitó ni saludó públicamente al candidato ganador, como había ocurrido en elecciones anteriores. Lo que ella hizo fue presentarse ante la prensa con sus 73 congresistas en el escenario, en una demostración de fuerza. Dijo que los resultados de la ONPE habían sido “confusos”, escogiendo muy bien la palabra. Y luego echó culpas de su derrota al discurso del odio, al gobierno y a los lobbies de los empresarios. Acompañando ese discurso, los congresistas electos de Fuerza Popular exigieron incluso a Kuzcyznski que pida disculpas a Keiko por las agresiones de la campaña.
-¿Qué evaluación hace usted de este proceso electoral?
-Previa a la convocatoria de la elección, se había hablado de la necesidad de una reforma electoral. El Congreso la fue aplazando, hasta que por fin introdujo algunos cambios. Se autorizó la exclusión de candidatos por aspectos administrativos menores en proporción con lo que significa el derecho de participación política, que es un derecho fundamental de primer nivel. Una de las normas más severas -que es, desde mi punto de vista, inconstitucional- fue la que sancionaba la entrega de dádivas, acusación que conlleva una carga subjetiva muy grande y que es un muy difícil de probar. Así fue como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó de la primera vuelta a dos candidatos presidenciales (Julio Guzmán y César Acuña), un candidato a vicepresidente (Vladimiro Huároc, candidato a la segunda vicepresidencia en la lista de Keiko Fujimori) y varios parlamentarios. Se creó una sensación de injusticia porque incluso Keiko Fujimori y PPK podían haber entrado en la misma causal.
-¿Se siente conforme con el trabajo de la ONPE durante la segunda vuelta?
-A diferencia de Argentina, donde existe un conteo paralelo [el escrutinio provisorio], en Perú la ONPE solamente entrega resultados oficiales. Las elecciones fueron el domingo 6 de junio y el jueves 10 de junio ya se conocieron los resultados con el 100% de las actas computadas. No es cierto que haya habido demoras. Lo que ocurrió es que la diferencia fue muy estrecha y el fujimorismo tenía esperanzas de modificarlo, incluso impugnando mesas. En anteriores elecciones la diferencia entre los dos candidatos que participaron de la segunda vuelta había sido más amplia, del 3,5% en 2011, del 4,5% en 2006 y de casi el 7,5% en 2001 [cuando Fernando Tuesta era el jefe de la ONPE]. Analizando fríamente la situación, en la actual elección no hubo intención de afectar a alguien y el proceso se mantuvo dentro de los estándares normales. Desde la caída de Fujimori, los niveles de aceptación de los organismos electorales han sido los más altos de todas las instituciones del país.
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