El 9 de abril inició el Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). El evento en Argentina busca impulsar el derecho victimal y la igualdad entre la víctima y el victimario, a partir de una discusión, impulsada por Usina de Justicia y el CPACF, que reunirá a más de 20 especialistas nacionales e internacionales hasta el 10 de abril.
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Un simposio para garantizar igualdad y derechos
La apertura fue realizada por Martín Casares, secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en reemplazo de Ricardo Gil Lavedra, y destacó la celebración del simposio y delineó los retos a abordar por el sistema penal americano y europeo.
“El verdadero desafío es construir un sistema que garantice el debido proceso, justicia y, además, sea sensible frente a quienes han sufrido los delitos más graves. Y en este punto es donde aparecen los déficits más concretos: en la participación efectiva de la víctima en los mecanismos de información y acompañamiento, en la articulación de políticas públicas de asistencia integral, y, en muchos casos, en algo más básico aún, la capacidad del sistema de escucha”.
Por su parte, Diana Cohen Agrest y María Jimena Molina representaron a Usina de Justicia, organización argentina que asistió a casi 600 familiares de víctimas de homicidios y que trabaja hace más de una década en garantizar la igualdad entre víctima y victimario. Ambas coincidieron en que el sistema actual impone un doble rol para el sobreviviente, que debe enfrentar tanto el duelo como la lucha por justicia en un sistema que a menudo revictimiza.
En ese sentido, José Console, subdirector del Instituto de Derecho Procesal Penal y Coordinador del Programa de Víctimas de Delitos del CPACF, destacó el espacio que representa su programa a la hora de formar a los operadores del sistema, quienes deben dar contención a las víctimas en el cumplimento de la ley de de víctimas y durante los procesos judiciales.
Las políticas de México en derecho victimal
El primer panel estuvo a cargo de la mexicana María de la Luz Lima Malvido, doctora Magna Cum Laude en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, quién habló sobre las buenas prácticas del Estado y el Poder Judicial en la atención y asistencia a las víctimas. Lima Malvido centró su ponencia en el derecho victimal, una ramificación que evoluciona en paralelo a los ejes de estudio de victimología y políticas públicas. Esta rama busca introducir normas que cuiden a las víctimas en el derecho procesal.
Sin embargo, advirtió sobre la deficiencia en la formación de los abogados en la atención a la víctima de homicidios debido a la ausencia de materias que enseñen sobre las leyes, congresos de las Naciones Unidas, tratados y jurisprudencias que hacen parte del derecho victimal.
“Las víctimas son el mayor fracaso del estado, por eso no los quieren ver y no los quieren oír, porque le están diciendo en qué han fallado. La victimología es una ciencia, pero también es un gran movimiento social, porque muchas de las normas y de las reformas no las van a impulsar los penalistas, las van a impulsar las familias de las víctimas”, expresó la primera panelista del evento.
En cuanto a las políticas públicas, María de la Luz Lima Malvido destacó que la primera ley sobre asistencia a las víctimas del delito tuvo lugar el 20 de agosto de 1969, en México, y 20 años más tarde aparecieron las agencias especializadas en delitos sexuales, observatorios ciudadanos, y la reforma constitucional de 1993 que introdujo el derecho a la asesoría jurídica, a la atención médicas coadyuvar con el Ministerio Público, y a la reparación de daños para los denunciantes.
Además, México también es modelo por incluir a la ciudadanía en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano que incluye al presidente de la Nación y a los gobernadores, y dio potestad, por ejemplo, para elegir a los fiscales.
Lima Malvido destaca este hito por su importancia para el planeamiento estratégico, las encuestas de victimización, gestión de crisis y la construcción y aplicación de políticas públicas.
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Análisis de los feminicidios en Argentina
En la mitad de la jornada, se sucedieron diversos espacios de discusión de victimología en torno al derecho penal y la ciencia.
Francisco Castex abordó la facultades de la víctima para participar en la litigación penal, los antecedentes de jurisprudencia desde los casos de Toculescu hasta Juri, y las garantías del debido proceso con la inclusión de la querella con facultades plenas.
Sobre las víctimas y las querellas se refirió a la contemplación de los derechos de los ofendidos a través de los artículos 80, 81, 84-85, 218 y 220 en la fase preliminar del proceso, 246, 248 y 249 en la fase intermedia, y 34, 267, 269 y 274 ya durante el juicio oral.
Por su parte, José Console centró su participación en los feminicidios en Argentina y advirtió que a 10 años de la sanción de la ley de víctimas, los casos de asesinato y suicidios fueron en aumento, y no se cumplieron las previsiones de la propia ley. “Es el Estado quien debe tomar las riendas de este asunto”, señaló el Coordinador del Programa de Víctimas de Delitos del CPACF.
Avanzado el simposio, Daniel Roggero y Noelia Juárez brindaron un panel sobre “La víctima y la ciencia”, en el cual expusieron la importancia de las bases de datos y relevamientos para entender la problemática.
Juárez, integrante de Usina de Justicia, retomó la apertura de Diana Cohen Agrest y calificó de revictimización los limitantes que existen para que las víctimas accedan a un patrocinio jurídico, además de exponerlo como una desigualdad frente a los derechos que gozan los victimarios.
Adicionalmente, Raquel Slotolow y Guillermo Bargna expusieron sobre el trabajo de campo en la asistencia a las víctimas, en especial con un análisis de la ley de datos genéticos, y recordaron casos bisagra de víctimas de homicidios.
El trabajo del defensor de la víctima
Cerca del final, Darío Solís, abogado panameño especializado en criminología, criminalística y victimología, protagonizó el panel: “La figura del defensor de la víctima”.
Su exposición estuvo centrada en el caso de Panamá, explicando que el abogado defensor puede ser público o privado y detalló que puede desempeñarse en consultas, asistencia y/o representación jurídica hasta el juicio oral. Respecto al monitoreo efectivo de la condena, esta etapa pasa a manos de los empleados judiciales conocidos como defensores del cumplimiento.
El defensor de la víctima llegó a estar presente en una de cada cuatro audiencias que se llevan a cabo en Panamá. Entre los principales delitos atendidos, se encuentran los homicidios, feminicidios, violencia doméstica y delitos sexuales.
Además, Solís destacó que el defensor de la víctima (familiares y convivientes) puede ser querellante y participar activamente del proceso judicial. Esto se alcanzó con el Código Procesal Penal sancionado en 2008.
En el caso del ofendido, este también puede presentarse como querellante para presentar recursos y acusaciones. Si no lo hace puede acceder en cambio a siete derechos, entre ellos solicitar seguridad, atención médica o psicológica, indemnización, acceso al juez, información del proceso y asistencia legal gratuita brindada por el Estado panameño.
También mencionó las 10 medidas cautelares posibles, que incluyen restricciones a la libertad en pos de garantizar la protección de la víctima en las etapas iniciales e investigativas del proceso penal.
Al cierre de la jornada, el Instituto de Victimología de Usina de Justicia y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal otorgaron diversas distinciones, una de ellas a Gustavo Gorriz, director de la revista DEF y de la editorial Taeda, que colaboró en el espacio de la victimología al editar el libro “Nuevos Paradigmas para la Justicia Penal hacia una Era con Perspectiva de Víctima”, una recopilación de artículos elaborados por integrantes de Usina de Justicia por parte de Diana Cohen Agrest y María Jimena Molina.
El evento celebrará hoy la Declaración de Buenos Aires, un manifiesto en el que las autoridades y expositores reivindicaron la necesidad de que el paradigma penal sea con perspectiva de víctima y se aspire a un derecho científico.
