La Justicia de El Salvador impuso domingo condenas extraordinarias a 248 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), con penas que alcanzan hasta 1.335 años de cárcel, en uno de los fallos más severos contra el crimen organizado en la historia reciente del país centroamericano.
La medida se da en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele bajo régimen de excepción, que permitió detenciones masivas desde 2022.
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Condenas récord contra miembros de la MS-13
La Fiscalía General de El Salvador informó que los 248 pandilleros de la MS-13, mayormente vinculados a clicas como Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y otras facciones, recibieron condenas ejemplares por una amplia gama de delitos.
Entre los crímenes probados por la Justicia se cuentan 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, tres femicidios agravados y 86 casos de extorsión, además de tráfico ilegal de drogas, invasión de viviendas y conspiraciones para homicidio.
Uno de los sentenciados recibió la pena máxima, 1.335 años de prisión, por su participación en múltiples hechos violentos, mientras que otros diez miembros del grupo obtuvieron condenas que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel.
Los delitos incluyen casos que conmocionaron al país, como el asesinato de un estudiante universitario, el feminicidio de una futbolista y la desaparición y homicidio de otras víctimas vinculadas a la actividad delictiva de la pandilla.
Desde que Bukele llegó a la presidencia en 2019, se impartieron más de 800 condenas a pandilleros mientras que se estima que 15.000 delincuentes se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), quienes pertenecen a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18, otro grupo importante en el mapa criminal salvadoreño.
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El Salvador: la efectividad de las políticas de Nayib Bukele
Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele mantiene un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial en el marco de su ofensiva contra las pandillas, considerada por las autoridades como una “guerra” para controlar el crimen organizado.
Bajo esta medida, más de 90.000 personas fueron detenidas, aunque aproximadamente 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas, según datos oficiales. El régimen fue clave para la persecución de estructuras criminales como la MS-13, aunque también fue objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos por posibles abusos.
La estrategia logró reducir la violencia generalizada gracias al desmantelamiento de organizaciones criminales y las duras restricciones que deben cumplir los prisioneros alojados en centros penitenciarios como el CECOT, una prisión construida exclusivamente para los miembros de las pandillas.
El Salvador pasó de 35,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a aproximadamente 1,3–1,9 por cada 100.000 en 2024–2025, marcando una reducción de más del 95 % desde la primera presidencia de Nayib Bukele.
El país centroamericano, antes conocido por su inseguridad y el avance de los grupos pandilleros como el MS-13 frente a los aparatos del Estado, ahora es un ejemplo por las políticas de Nayib Bukele contra el crimen organizado.
