El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró el “estado de sitio” para hacer frente a la peor crisis de inseguridad de sus dos años de mandato. El pasado 17 de enero, una oleada de ataques de la mara “Barrio 18” -una de las pandillas juveniles que siembran la violencia en el país- dejó un saldo de diez policías muertos.
Las autoridades respondieron con el máximo rigor y afirmaron que no cederán al chantaje. Las investigaciones apuntan contra Aldo Dupie Ochoa, líder de uno de los motines de la mara “Barrio 18”, que estaría detrás de este intento de desestabilización del país, a quien se le habían negado una serie de privilegios penitenciarios y exigencias de morigeración de sus medidas de detención.
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Este retorno de la violencia se da en el contexto de los motines coordinados en tres cárceles, que incluyeron la toma de 46 rehenes y se saldaron con la intervención de fuerzas especiales de seguridad. En apoyo a este operativo, elEjército resguardó el perímetro de los centros carcelarios Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo para Varones, que habían sido tomados por los mareros.
Guatemala: el presidente Arévalo arremetió contra las “estructuras políticas desestabilizadoras”
“Cortar las líneas de comunicación que tienen entre sí, tanto los privados de libertad como los que están operando en las afueras es el objetivo estratégico de este estado de sitio”, afirmó el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda.
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En un mensaje al país, el presidente Arévalo apuntó contra “estructuras políticas desestabilizadoras” que estarían detrás de los disturbios carcelarios, así como también de los ataques contra los agentes de la Policía Nacional Civil.
“Las torres de corrupción e impunidad, que por décadas han sostenido al crimen organizado, están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar”, afirmó el mandatario.
“Junto con el pueblo de Guatemala, es necesario que el sistema de justicia responda y genere resultados”, puntualizó Arévalo, quien exigió al Poder Judicial acciones férreas para recuperar el control del Estado sobre la seguridad pública.
Durante la primera semana del “estado de sitio”, entre el 18 al 24 de enero, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que detuvo a 896 personas, tanto en flagrancia de comisión de delitos como por órdenes de captura emitidas por distintos juzgados. En los operativos, se secuestraron 91 armas de fuego de distinto tipo y calibre, así como 30 motos y cuatro vehículos reportados como robados.
