El presidente de Brasil, Lula da Silva, se enfrenta a la alta notoriedad del operativo de la policía de Río de Janeiro contra los líderes del Comando Vermelho en el Complexo do Alemão y da Penha que dejó un saldo de al menos 132 muertos (según cifras oficiales), la mayor masacre registrada en esa importante urbe. El gobernador del estado carioca, Cláudio Castro, apuntó contra el mandatario por la falta de ayuda federal en la lucha contra el crimen organizado.
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El operativo contra el Comando Vermelho, ¿sin respaldo del gobierno de Lula?
Unos 2.500 agentes de la Policía de Río de Janeiro participaron en la “Operación Contención” para neutralizar a los cabecillas del Comando Vermelho, organización que construyó su poder en las favelas conocidas como Complexo do Alemão y da Penha.
Las fuerzas de seguridad lograron la detención de 80 individuos frente a un trágico saldo de 119 fallecidos, 4 de ellos policías, y el resto presuntos miembros de la entidad criminal. Además, se identificaron más de 80 personas heridas, algunas de ellas, civiles.
Luego del operativo, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió el accionar y apuntó contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la falta de ayuda.
“La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución. Río está solo en esta guerra”, expresó Castro en conferencia de prensa.
Además, el funcionario acusó que en tres oportunidades pidió ayuda al Gobierno Nacional para realizar operaciones como esta, sin recibir ninguna respuesta. Por su parte, el Ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, negó la existencia de las solicitudes y le adjudicó a las autoridades cariocas la responsabilidad de mantener la seguridad pública.
Tras su gira por Asia, Lula se convocó a una reunión de emergencia en el Palacio de la Alvorada de la que formaron parte el vicepresidente Geraldo Alckmin y los ministros Rui Costa (Jefe de Gabinete); Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales); Sidônio Palmeira (Comunicación Social) y Macaé Evaristo (Derechos Humanos). La resolución fue el ofrecimiento de cárceles de máxima seguridad para los detenidos del Comando Vermelho.
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Cláudio Castro, el aliado de Bolsonaro con mano firme en Río
La complicada relación entre el gobernador de Río de Janeiro y el presidente de Brasil se traduce en la cercanía del carioca con Jair Bolsonaro. Cláudio Castro es miembro del partido liberal liderado por Bolsonaro y un hombre cercano al expresidente, que apeló una condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022.
Castro contrasta con las medidas en seguridad llevadas a cabo por Lula da Silva. En septiembre de 2025, impulsó personalmente y logró la aprobación de un pago extra para los policías que “neutralicen delincuentes”, frente al crecimiento de las organizaciones criminales y los principales indicadores que miden la delincuencia.
En lo que va del año, el estado carioca experimenta una fluctuación de los asesinatos. Los homicidios aumentaron 7,2% en los primeros cuatro meses, mientras que las muertes por intervención policial crecieron 34,4%.
Ante este escenario complejo, el gobierno de Lula da Silva no inició medidas para asistir a la segunda jurisdicción más poblada de Brasil hasta el reciente operativo llevado a cabo por órdenes de Castro.
Incluso la agencia gubernamental federal recordó que el 31 de octubre de 2024, Cláudio Castro, había solicitado al presidente Lula mayor autonomía para los estados en la lucha contra el crimen organizado, “incluyendo la facultad de crear su propia legislación, restringida a su territorio, para combatir la delincuencia”.
Ahora, asesores de Lula analizan la posibilidad de emitir una Garantía de Orden Público, conocida como GLO, una medida constitucional que autoriza al presidente a emplear las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública en situaciones excepcionales. Fue utilizada en 150 ocasiones entre 1992 y julio de 2025 por diversos motivos, desde huelgas policiales, grandes eventos, elecciones e incluso conciertos.
Río de Janeiro fue el estado federativo donde más veces se utilizó una GLO, con 31 ocasiones, mayormente en operativos de pacificación en comunidades. Bajo el gobierno de Lula da Silva y el mandato estatal de Cláudio Castro, Río podría ser intervenida nuevamente por el ejército brasileño.
