InicioSeguridadLey RICO: el modelo que utilizó Argentina para combatir el crimen organizado

Ley RICO: el modelo que utilizó Argentina para combatir el crimen organizado

La normativa que contiene castigos para 37 delitos pretende ir detrás de las grandes empresas criminales y se erigió como una de las herramientas más severas de la justicia norteamericana.

La Ley RICO es uno de los pilares de la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado, tanto es así que logró enjuiciar a los principales líderes de la mafia americana en las décadas del 70 y el 80. Desde el 10 marzo de 2025, Argentina pretende emular esta normativa para lograr mayores condenas contra el narcotráfico.

¿Qué es la Ley RICO?

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, RICO por sus siglas en inglés, fue promulgada el 15 de octubre de 1970, en pleno conflicto del gobierno federal con las mafias estadounidenses. La normativa enfrentó cierta oposición, ya que le permite a los fiscales federales enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal.

Contempla 29 delitos federales y ocho estatales, cuya pena mínima se estableció en 20 años de prisión. En un principio, la extorsión figuraba como el principal crimen a combatir dada la influencia de las bandas criminales en los sindicatos en la década del 70, aunque alcanzaba muchos más.

Entre los cargos más importantes de la Ley Rico se contempla:

  • La violación de las leyes estatales en contra de los juegos de azar, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el incendio, el robo, el soborno, el tráfico de material obsceno.
  • Los actos de sobornos, falsificación, robo, malversación, fraude, tráfico de material obsceno, obstrucción de la Justicia, la esclavitud, la extorsión, el lavado de dinero, la comisión de asesinatos a sueldo.
  • La malversación de fondos sindicales.
  • El fraude de quiebra o fraude de valores.
  • El tráfico de drogas
  • La infracción de derechos de autor penal.
  • El lavado de dinero y delitos conexos.
  • La colaboración para introducir ilegalmente a extranjeros en el país.
  • Cualquier acto de terrorismo.

La ley comenzó a aplicarse durante la administración del presidente Richard Nixon y tuvo sus efectos a lo largo de distintas presidencias.

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El Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Rudolph Giuliani, utilizó la Ley RICO para lograr condenas contra el grupo criminal Westies, aliados de los Gambino, una de las Cinco Familias que dominan el crimen organizado en Nueva York.

Frank Animal fue el primer jefe de la Cosa Nostra, que fue condenado a 10 años de prisión el 23 de enero de 1981. Seis años más tarde, uno de los jefes de la Familia Genovese, Anthony Salerno, fue dictado para cumplir 100 años de prisión.

Adicionalmente, el reconocido Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Rudolph Giuliani, consiguió ese mismo año una condena de la mayoría de los miembros de los “Westies“, asociados de la Familia Gambino. Solamente James “Jimmy” Coonan, el líder del grupo criminal irlandesa-estadounidense, recibió una pena de 60 años.

Cómo se diferencia la Ley de Organizaciones Criminales en Argentina

La sanción de una ley antimafias se convirtió en uno de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la ministra Patricia Bullrich. Sin embargo, contempla ciertas diferencias respecto al texto original aplicado en Estados Unidos.

La cartera de Seguridad explicó que cualquier delito cometido en el marco de una organización criminal recibirán una pena equivalente. A diferencia de la Ley Rico, la dureza de la ley argentina se sustenta en que la condena será por el delito más grave que sea comprobado por la justicia argentina y recaerá sobre todos los miembros establecidos de la agrupación.

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La Ley de Organizaciones Criminales reforzó las penas por crimen organizado y dotó de mayores herramientas al poder judicial y fuerzas de seguridad para intervenir en todo el país.

Además, la Ley de Organizaciones Criminales permite detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia.

También le otorga potestad al Ministerio Público Fiscal y a cada una de las 24 jurisdicciones del país para ordenar investigaciones especiales en “una o más ciudades, o un área geográficamente limitada” si lo consideran necesario.

Con su aprobación y promulgación el 10 de marzo de 2025, Argentina logró aumentar las penas para los integrantes de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. En especial en Rosario, que el secretario Martín Verrier en una entrevista con DEF reconoció como un punto clave para ser optimistas sobre el combate contra el crimen organizado en Santa Fe.

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