“Se solicitó a la OEA que hiciera un reporte objetivo sobre la situación del problema de las drogas en las Américas, y es lo que hemos hecho en el primer reporte, que cubre todos los pasos del tráfico de drogas, desde la plantación del cultivo hasta el usuario final, pasando por el tránsito y todo el proceso económico, incluyendo las dimensiones del problema desde la perspectiva de la salud y la seguridad pública”, dijo el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, al término del plenario de la Asamblea General que tuvo lugar en Washington. La hoja de ruta convenida por los cancilleres incluye la celebración de una asamblea general extraordinaria en algún momento de 2014, en la que “se definirán los lineamientos para el inicio de la discusión de la estrategia continental sobre las drogas” para el período 2016-2020. Los cancilleres acordaron además que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Cumbre de Ministros de Seguridad Pública del continente aporten datos e información para la discusión de la nueva estrategia sobre las drogas.
En 2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia –presidida por los ex mandatarios César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso– dio a conocer un documento en el que se planteaba un nuevo paradigma: “Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes”. Los ejes principales de la propuesta eran cinco: por un lado, transformar a los adictos en pacientes del sistema de salud; en segundo lugar, evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal; como tercer punto, reducir el consumo de drogas a través de campañas innovadoras de información y prevención; como cuarta medida, focalizar las estrategias represivas en la lucha contra el crimen organizado; y, finalmente, reorientar las estrategias de represión del cultivo de plantas como la coca, atendiendo la tradición ancestral de su uso y promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.
