Cerca de cumplir su primer año de mandato, la segunda presidencia de Donald Trump puede ostentar los éxitos diplomáticos en Medio Oriente y la proyección de su poderío militar en el Caribe, con la reciente captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca enfrenta las consecuencias de sus políticas en lo profundo del país, con dos estados en demanda judicial contra la administración federal.
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Quiénes demandan a la administración de Donald Trump
Minnesota e Illinois criticaron las medidas que amplían las facultades de detención y deportación, así como incentivos para que las fuerzas locales colaboren con agencias federales de inmigración, alegando que esto socava la seguridad pública, la cohesión familiar y los recursos estatales destinados a servicios sociales y de justicia.
La demanda, presentada ante una corte federal, sostiene que las políticas impuestas por Trump como la deportación masiva y el despliegue territorial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) exceden la autoridad constitucional del Ejecutivo y generan una carga indebida para los estados demandantes.
Las demandas de Minnesota e Illinois se centran en tres ejes claves:
- Violentan la Constitución de los Estados Unidos, en particular procedimientos de debido proceso y la separación de poderes.
- Desfinancian servicios esenciales, como educación, salud pública y servicios legales para inmigrantes.
- Exponen a los estados a costes adicionales por la detención y gestión de personas en procesos migratorios complejos.
Minnesota e Illinois argumentan también que la administración Trump tomó decisiones que corresponden al ámbito legislativo y regulatorio, y que la ausencia de supervisión del Congreso convierte las medidas en inconstitucionales.
Por otro lado, la muerte de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años residente en Minneapolis, aceleró los reclamos en el estado de Minnesota. El caso investiga la fuerza letal ejercida por un agente del ICE.
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La política migratoria de Estados Unidos bajo disputa interna
La demanda cuestiona varias acciones y directivas del gobierno federal, entre ellas la ampliación de causas de deportación que incluyen categorías nuevas de migrantes sujetos a detención y las restricciones a asilos y protecciones humanitarias que violan la legislación internacional.
Recientemente, Estados Unidos puso fin al estatus de protección temporal (TPS) para Somalia, lo que afecta a miles de somalíes que viven actualmente en el país y a cientos que residen en Minnesota bajo esta protección.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (UCIS) reportó que hay 2.471 ciudadanos somalíes actualmente en Estados Unidos bajo TPS, y 1.383 en el país con solicitudes pendientes. Washington puso como plazo para su salida del territorio el 17 de marzo.
El caos generado por las políticas migratorias abre un nuevo conflicto y pone presión sobre los republicanos en un año que estará marcado por las elecciones de medio término, que fueron fijadas para el mes de noviembre.
La decisión de Minnesota e Illinois de demandar al gobierno de Trump por sus políticas migratorias contribuye a la creciente polarización política en torno a la inmigración en Estados Unidos y abre un impensado frente judicial que podría condicionar la campaña electoral.
