La petrolera estatal mexicana Pemex sufrió, entre el 1º de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, un total de 9250 sabotajes a su red de ductos. Durante ese período, que abarca el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, se estima que el valor del combustible robado alcanzó los 25.702 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 1500 millones de dólares.
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Este fenómeno, popularmente conocido como “huachicol”, registró, en los primeros nueve meses del año, un aumento del 35,2% en comparación con el mismo período de 2024. En su más reciente informe ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa mexicana reconoce su “alta exposición” a actos criminales dirigidos al robo, desvío y manipulación de petróleo crudo, gas natural y productos refinados, principalmente a través de las tomas clandestinas en su infraestructura de ductos.
Si vemos también el vaso medio lleno de la historia, durante el primer año de la administración de Sheinbaum, Pemex logró inhabilitar unas 2000 tomas clandestinas en sus ductos y consiguió recuperar alrededor de 98 millones de litros de combustibles que se comercializaban en el “mercado negro”.

Combustible: cómo operan los “huachicoleros” en México y cuáles son sus lazos con el narcotráfico
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en México y Estados Unidos”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en mayo pasado. La declaración se dio en el marco de una alerta contra las actividades de los grupos narcos mexicanos.
Más recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense sancionó a otra organización de ese mismo país, el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que opera en el estado de Guanajuato. “Los ladrones, conocidos como huachicoleros, utilizan diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de la compañía estatal de energía de México, Pemex, sobre todo sobornando a empleados corruptos de la empresa. Otros métodos incluyen la perforación de los ductos, robos de las refinerías, secuestro de camiones cargados de combustibles y amenaza a los empleados de Pemex”, argumentó esa agencia, dependiente del Departamento del Tesoro.
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“El violento conflicto entre el CSRL y el más notorio CJNG por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato ha hecho de ese estado uno de los más violentos de México”, apuntó el informe. También citó las actividades vinculadas al mercado energético transfronterizo, que atentan contra las actividades de las empresas estadounidenses que operan en la legalidad, además de “privar al gobierno mexicano de ingresos críticos”.
“El crudo robado es enviado de manera deliberada a importadores estadounidenses, que son sus cómplices y operan en la industria del petróleo y el gas natural cerca de la frontera sudoccidental de Estados Unidos”, afirma el reporte de la OFAC. Y añade que estos últimos revenden el crudo con descuentos a los mercados energéticos estadounidenses y globales, lo que les permite luego a los Carteles mexicanos repatriar las ganancias ilícitas.




