Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a un nuevo ascenso del crimen organizado transnacional y sus múltiples aristas: narcotráfico, ciberataques, trata de personas, minería ilegal y sicariato, que se traduce en mayor violencia y fragilidad institucional.
A raíz de la injerencia de Estados Unidos y el despliegue militar del Comando Sur cerca de Venezuela, DEF consultó a Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un think tank sobre inteligencia estratégica con sede en Argentina, y Secretario Nacional del Consejo Argentino para la Seguridad Integral (CAPSI) sobre la situación regional y los casos particulares de Haití y Colombia.
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El trágico caso de Haití, ¿puede recuperarse?
-El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la transformación de la misión en Haití a una fuerza militar, ¿cómo ves la decisión y qué posibilidades existen para recuperar el control de Puerto Domingo?
-La Resolución 2793 del Consejo de Seguridad, adoptada el 30 de septiembre de 2025, marca un punto de inflexión en el enfoque internacional hacia la crisis haitiana. La autorización de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) con 5.550 efectivos, bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, representa no solo un incremento sustancial en capacidad operativa, sino fundamentalmente un cambio de paradigma desde las operaciones de apoyo hacia acciones de imposición de la paz.
Esta transformación reconoce implícitamente que los enfoques previos, basados en cooperación voluntaria y presencia limitada, han resultado insuficientes ante la magnitud del colapso institucional que enfrenta Haití.
El contexto actual presenta dimensiones alarmantes que justifican esta escalada en la respuesta internacional. Las pandillas controlan entre el 85% y 90% de Puerto Príncipe, habiendo consolidado estructuras de gobernanza paralela que administran desde rutas comerciales hasta servicios básicos en barrios enteros. La violencia ha alcanzado proporciones epidémicas, alcanzando, según la escueta información disponible, 3.137 personas asesinadas solo en la primera mitad de 2025, mientras que 1.3 millones de haitianos permanecen desplazados internamente y 5.7 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Estas cifras no son meras estadísticas; representan el desmoronamiento sistemático del contrato social y la emergencia de un proto-estado criminal que amenaza con perpetuarse.
Los tres posibles escenarios que proyecta la Fundación Sherman Kent
Desde la Fundación Sherman Kent, proyectamos tres escenarios plausibles para los próximos 12-18 meses, cada uno con implicaciones significativas para la estabilidad regional:
–Escenario I: (probabilidad alta): Un despliegue parcial de 3000 a 4000 efectivos que lograrían estabilizar áreas estratégicas de la capital, incluyendo el puerto, aeropuerto y principales arterias comerciales. Bajo este escenario, las pandillas mantendrían control del 60-70% del territorio urbano, pero con capacidad operativa reducida. La violencia disminuiría gradualmente sin cesar completamente, permitiendo operaciones humanitarias limitadas y algún grado de normalización económica. Las elecciones serían pospuestas más allá de febrero 2026, pero con perspectivas realistas de celebrarse eventualmente.
–Escenario II (probabilidad media): La GSF logra despliegue completo con apoyo internacional sostenido, incluyendo contribuciones significativas de países latinoamericanos y africanos. Se establece una coordinación efectiva con la Policía Nacional Haitiana y sectores de la sociedad civil, permitiendo una recuperación gradual pero sostenida del control territorial. Las pandillas principales serán desarticuladas o forzadas a negociar un desarme, creando condiciones para elecciones creíbles en 2026 y el inicio de una reconstrucción institucional.
–Escenario III (Probabilidad baja): La GSF enfrenta los mismos desafíos de financiamiento y coordinación que afectaron a la MSS. Las pandillas, anticipando la intervención, intensifican los ataques asimétricos y consolidan alianzas con redes criminales transnacionales. El colapso estatal se acelera, provocando un éxodo masivo de refugiados hacia República Dominicana y Estados Unidos, con el potencial impacto de desestabilizar todo el Caribe oriental. La crisis humanitaria alcanzaría proporciones catastróficas con hambruna localizada y resurgimiento de enfermedades erradicadas.
La estrategia de Estados Unidos sobre Colombia y Venezuela
-Estados Unidos tomó dos decisiones importantes en materia de seguridad: el envío de una flota del Comando Sur al Caribe para frenar el narcotráfico y la descertificación de Colombia en su lucha contra las drogas. ¿No son medidas contradictorias? ¿Cómo podría impactar en la gestión del gobierno de Gustavo Petro?
-Las decisiones en materia de seguridad nacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos del último trimestre, el despliegue naval masivo en el Caribe y la descertificación de Colombia, lejos de ser contradictorias, representan elementos complementarios de una estrategia hemisférica comprehensiva que busca abordar el narcotráfico desde múltiples vectores simultáneamente. El despliegue de más de 4.000 marines, incluyendo el Grupo Anfibio Iwo Jima con ocho buques de guerra, submarinos nucleares de ataque y aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, constituye la mayor proyección de fuerza naval estadounidense en el hemisferio occidental desde la invasión de Panamá en 1989. Esta demostración de capacidad militar busca establecer un dominio marítimo de las rutas críticas de tráfico y contrabando, mientras que la descertificación ejerce presión diplomática y económica para catalizar cambios en políticas nacionales antinarcóticos.
La descertificación de Colombia, primera desde 1997, se fundamenta en indicadores objetivos preocupantes que merecen un análisis profundo o más allá de posicionamientos ideológicos. Los cultivos de coca habrían alcanzado las 253.000 hectáreas en 2023, un récord histórico que representa el 67% de la producción mundial, con capacidad de generar 2.664 toneladas de cocaína pura. Paralelamente, la erradicación forzada pasó de 68.893 hectáreas en 2022 a apenas 9.403 en 2024, una reducción del 86% que no puede explicarse únicamente por cambios de enfoque, sino que sugiere abandono efectivo de esta herramienta. Estos datos deben contextualizarse dentro del debate legítimo sobre la efectividad y los costos humanos de diferentes estrategias antinarcóticos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha articulado una visión alternativa denominada “Paz Total” que merece una consideración rigurosa. Esta política busca transformar el paradigma de confrontación militar hacia una negociación con todos los actores armados, combinada con programas de sustitución voluntaria de cultivos que respeten la dignidad de comunidades campesinas históricamente marginalizadas. Petro argumenta, basándose en fundamentos históricos, que Colombia ha soportado desproporcionadamente los costos humanos de la guerra contra las drogas, mientras que los países consumidores no han logrado reducir significativamente la demanda. Esta perspectiva resonante en múltiples sectores latinoamericanos cuestiona la distribución asimétrica de responsabilidades en el problema transnacional del narcotráfico.
Sin embargo, los resultados preliminares de “Paz Total” generan inquietudes legítimas. El International Crisis Group documenta que grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central han expandido su presencia a 446 municipios colombianos, un incremento del 30% desde 2019. Esta expansión territorial coincide con el período de negociaciones, sugiriendo que algunos actores criminales podrían estar explotando el espacio político para consolidar su control territorial y la expansión de economías ilícitas. El reciente secuestro de 45 soldados por el ELN y el asesinato de 13 policías cuando su helicóptero fue derribado ilustran dramáticamente los límites del diálogo con organizaciones que mantienen capacidades y voluntad de utilización de la violencia.
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Las posibles consecuencias de la descertificación de Colombia
El impacto económico de la descertificación, aunque mitigado por la exención de “interés nacional”, podría ser sustancial. Analistas de AmCham Colombia proyectan pérdidas potenciales de 431-517 millones de dólares anuales en liquidez de bancos multilaterales, reducción de hasta 1000 millones de dólares en turismo, y un aumento del 8-10% en los costos de financiamiento externo. Estos impactos económicos podrían paradójicamente debilitar capacidades estatales necesarias para cualquier estrategia antinarcóticos, sea tradicional o alternativa. La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, caracterizó la decisión como “política y sesgada,” reflejando la percepción gubernamental de qué factores más allá de indicadores técnicos, influyeron en la determinación.
El gobierno de Petro enfrenta un conjunto de dilemas estratégicos complejos: mantener su visión transformadora de política de drogas arriesgando un mayor aislamiento internacional y sus costos económicos; adoptar medidas coercitivas tradicionales que contradicen sus principios y promesas electorales; o buscar un camino intermedio que combine elementos de ambos enfoques, pero que podría resultar inefectivo al no comprometerse plenamente con ninguno. La reciente orden de Petro de terminar la dependencia de armamento estadounidense y desarrollar capacidad militar autónoma sugiere una preparación para un período prolongado de tensión bilateral.
Desde la perspectiva regional, esta crisis en las relaciones Colombia-Estados Unidos podría catalizar realineamientos geopolíticos significativos. El acercamiento de Petro a Beijing, incluyendo planes para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sugiere una búsqueda de alternativas estratégicas. Sin embargo, la experiencia de otros países latinoamericanos indica que la diversificación de socios no necesariamente resuelve desafíos fundamentales de seguridad y desarrollo. El desafío para ambos países será encontrar espacios de cooperación pragmática que respeten diferencias filosóficas mientras abordan amenazas transnacionales que no respetan fronteras ideológicas.
