La Fundación TAEDA fue parte del V Encuentro de Estrategia Triángulos con la moderación de Juan Ignacio Canepa, secretario académico de la organización, en uno de los cuatro paneles temáticos organizados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consultora Strategos BIP sobre comercio ilegal y crimen organizado.
El espacio de marcos normativos y capacidades institucionales integrales reunió a Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad Nacional de Argentina; Ricardo Sánchez, director Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia; Julio César Sena Varela, director de Investigaciones de la Policía Nacional de Uruguay; Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina; Pablo Yadarola, de la Justicia Federal en lo Penal Económico de Argentina; y Celsa Ramírez, fiscal de Delitos Complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cifras e impacto del contrabando en Argentina
La secretaria del Ministerio de Seguridad Nacional inició el panel con un desglose de distintos indicadores que contrastan la seguridad en Argentina. En un principio, en el marco de un evento enfocado en el comercio ilegal, Alejandra Monteoliva indicó que el 73% del contrabando ocurre en provincias fronterizas del norte, en aproximadamente 5.300 kilómetros de frontera.
“El contrabando en la Argentina se encuentra principalmente en las provincias fronterizas de Salta, Misiones, Jujuy y Formosa y tiene un impacto hacia el interior del país. Esta concentración se implica por la existencia de espacios fronterizos que presentan vulnerabilidades derivadas en muchos casos de las características geográficas de los territorios, flujos migratorios irregulares y, por supuesto, la proximidad a mercados con alta demanda de productos”.
Monteoliva indicó el 96% de los casos registrados está vinculado al ámbito de la producción de textil, calzado, tabaco, bebidas alcohólicas, tecnología, lo que indica que la mayor parte de las actividades ilícitas “están vinculadas a bienes de consumo masivo y a economías regionales informales y redes que se adaptan rápidamente a la cultura para evadir controles”.
Además, abordó otro concepto que sobrevoló la jornada que es la policriminalidad. El contrabando no es una actividad ilícita única, sino que forma parte de otras manifestaciones delictivas que se producen de manera simultánea y coordinada. Para la secretaria de Seguridad, el comercio ilegal se infiltra tanto en economías formales como informales por la aceptación social de estos bienes, por su bajo costo y fácil acceso, y favorece su expansión, especialmente en regiones fronterizas y culturales, donde se genera además dependencia económica.
A raíz de este escenario, el Ministerio de Seguridad comienza a aplicar el Plan Güemes en el norte de la provincia de Salta,y el Plan Guacurarí, el límite con el Brasil en la provincia de Misiones. Alejandra Monteoliva destacó el esfuerzo de las cinco fuerzas federales más la colaboración de las provincias que “ha permitido articular además acciones con otras agencias, como es ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Justicia Federal, Cámaras Empresariales, Migraciones y Senasa”.
Como resultado, en el año 2024, el contrabando en Argentina se redujo en un 7% y se detectaron el 98% de los delitos vinculados al comercio ilegal. “Esto reafirma la necesidad de fortalecer la cooperación entre las fuerzas federales, provinciales y organismos aduaneros pero también refuerza la necesidad de colaboración con nuestros países limítrofes en primera instancia y por supuesto con la región en su conjunto”, concluyó la secretaria de Seguridad Nacional.
La experiencia de las policías de Argentina, Colombia y Uruguay
La experiencia de Colombia en el combate contra el comercio ilegal y el crimen organizado estuvo a cargo de Ricardo Sánchez, quien se refirió a tres instrumentos clave: el Plan Oxígeno y Asfixia, el Plan Plus de la Policía Nacional y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estos dos lineamientos permitieron que se fijaran objetivos para incrementar la calidad de vida y la salud de los colombianos y orientar las estrategias contra los grandes actores del narcotráfico, así como un robustecimiento de las fuerzas de seguridad para la prevención del delito.
“La estrategia, es conocer ese fenómeno, pero también capacitar a nuestros hombres. En 15 años de existencia de nuestra escuela contra el narcotráfico se ha capacitado cerca de 45 mil hombres y mujeres de toda la región en temas judiciales, combate e inteligencia”, indicó Sánchez.
Por el lado de Uruguay, Julio César Sena Varela resaltó el manejo de nueve unidades especializadas dentro de la Policía Nacional en todos los delitos de crimen organizado como terrorismo, ciberdelincuencia, datos de tráfico de personas, tráfico de intuplifacientes, tráfico de armas, lavado de activos, crímenes de deshumanidad, secuestros, entre otros.
Luis Alejandro Rolle compartió la visión desde la jefatura de la Policía Federal Argentina y mencionó la necesidad de cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos a nivel internacional sin poner trabas judiciales, así como su participación como vocal por las Américas en el Comité Ejecutivo de INTERPOL, para atacar las capacidades economicas y tecnologicas crecientes de las organizaciones criminales que preocupan a nivel mundial.
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La complejidad de las investigaciones judiciales
Desde la perspectiva judicial, Pablo Yadarola, de la Justicia Federal en lo Penal Económico de Argentina, puso el foco en las dificultades para el avance de los casos del crimen organizado. “No existe un manual para hacerlo, cada uno cuenta con su propia experiencia. Con lo cual, ahí tenemos un problema metodológico, es decir que cada uno de los investigadores sean jueces, fiscales o policías tiene su propia experiencia como bagaje para dar comienzo a una investigación de esta naturaleza”.
También indicó la necesidad de organizar dentro del espacio de un juzgado, “un esquema de trabajo compatible con una fuerza de trabajo, para que funcione como un organismo de coordinación interinstitucional, y poder articular los esfuerzos con las fuerzas de seguridad y organismos del Estado pertinentes”.
“Necesitamos hacerle ver al Estado el interés y la trascendencia que tenemos con respecto a una determinada investigación. No porque sea más importante que otras investigaciones, sino que las características de un caso de crimen organizado obligan a los magistrados o a quienes sean los jefes de las investigaciones a darle una distinta forma de abordarlo en materia de investigación criminal. De momento no hay una forma ni un marco normativo común”, sentenció Yadarola.
Por otro lado, destacó que Argentina fue el primer país extracomunitario en participar en equipos de la Europol, la agencia policial europea que tiene jurisdicción en todos los países del bloque continental a nivel policial, a nivel de los fiscales del Ministerio Público y a nivel de los jueces.
Finalmente, se refirió al fenómeno de las criptomonedas como un desafío y señaló que las autoridades y las fuerzas de seguridad deben estar a la altura de los cambios que trajeron estas nuevas monedas digitales, sobre todo en el hecho que su manejo no deja huellas digitales y les permite a los criminales manejar considerables niveles de dinero sin pasar por los sistemas de control convencionales.
