Como había adelantado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Cártel de los Soles figura ahora de manera oficial como organización terrorista dentro de la Foreign Terrorist Organizations (FTO). Desde la vuelta de Donald Trump al ejecutivo, ya son 24 las entidades internacionales en esta lista.
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La designación llegó tras un monitoreo continuo por parte de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado (CT). Esta entidad es el encargado de analizar detalladamente las actividades de la organización, para luego preparar un registro administrativo con la información recaudada y avanzar con la designación.
Cártel de los Soles: en qué consiste y cuáles son las consecuencias de esta designación
Según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, la iniciativa para esta designación no responde solo al tráfico de drogas hacia Europa y América del Norte, sino también a la responsabilidad que se le atribuye al grupo en episodios de violencia de carácter terrorista en el hemisferio norte.
En pocas palabras, la decisión se basa en la amenaza que representa el Cártel de los Soles para la seguridad nacional estadounidense. De esta manera, la administración Trump refuerza y legitima su postura frente a Venezuela, mientras amplía el margen político para endurecer su estrategia.

Aunque la designación no autoriza por sí misma el uso automático de la fuerza militar, sí permite intensificar la presión, profundizar la militarización del enfoque contra el narcotráfico y habilitar la aplicación de una gama más amplia de herramientas de seguridad, financieras y jurídicas en virtud de la protección de los intereses nacionales.
En ese marco, la clasificación funciona como respaldo político y jurídico para justificar operaciones puntuales sin autorización previa del Congreso. Esto último se ampara en la Resolución de “Poderes de Guerra”, una ley que limita la capacidad del presidente para emplear fuerzas militares sin autorización del Congreso, aunque le permite iniciar acciones puntuales de forma temporal.
Sin embargo, aun cuando el Ejecutivo invoque una amenaza inminente para justificar acciones militares limitadas, cualquier operación sostenida solo puede llevarse a cabo por un máximo de 60 días sin autorización del Congreso, con 30 días adicionales para la retirada ordenada de las tropas.

La inclusión en la categoría de Organización Terrorista Extranjera trae consigo consecuencias penales y financieras inmediatas. El suministro de apoyo material al grupo se convierte en un delito federal, y cualquier activo o transacción vinculada al Cártel puede ser congelada o bloqueada. Lo que se busca es limitar la capacidad operativa del grupo y obstaculizar los vínculos con actores económicos en terceros países.
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Para Venezuela, la medida constituye una escalada directa de Estados Unidos y un intento de justificar futuras acciones coercitivas. Esto podría tensar aún más la relación bilateral e incrementar la retórica de confrontación.
Para la administración Trump, la clasificación se convierte en una herramienta estratégica que combina presión diplomática, bloqueo financiero y mayor libertad de acción en materia de seguridad.




