La clasificación del Cártel de los Soles como organización terrorista se suma a una serie de designaciones impulsadas desde el regreso de Donald Trump al poder, en el marco de una política más agresiva contra actores criminales transnacionales. ¿Qué criterios sigue Estados Unidos para determinar formalmente que un grupo debe ser considerado terrorista?
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La evaluación está encabezada por la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, que reúne información de diversas agencias de seguridad e inteligencia antes de formular una recomendación final. Se encarga de determinar si la organización cumple con los requisitos legales que habilitan la designación y, al hacerlo, activa un conjunto de consecuencias legales, financieras y diplomáticas orientadas a limitar su capacidad de acción.
Estados Unidos: requisitos legales para considerar como terrorista a una organización
El proceso de designación está regulado por la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que otorga al Secretario de Estado autoridad formal para incluir grupos en la lista de Foreign Terrorist Organizations (FTO).
La evaluación técnica y la recolección de evidencia están a cargo de la Oficina de Contraterrorismo, que coordina información proveniente de agencias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Defensa y el Tesoro. Esta fase determina si la organización cumple con los estándares mínimos exigidos por la ley.
Para avanzar con la designación, deben verificarse tres requisitos simultáneos:
- Que el grupo sea extranjero.
- Que haya cometido, planificado o tenga la capacidad e intención de cometer actos de terrorismo.
- Que sus actividades representen una amenaza para la seguridad de ciudadanos estadounidenses o para la seguridad nacional, entendida como defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.
Es decir, la verificación se basa en informes de inteligencia, análisis financieros y antecedentes operativos.
Una vez reunida la evidencia, la Oficina de Contraterrorismo eleva una recomendación formal al Secretario de Estado. Si se decide avanzar, el Departamento debe notificar al Congreso al menos siete días antes de publicar la designación. Durante ese plazo, los legisladores pueden revisar la información, aunque no pueden vetar la medida directamente. Cumplido el período, la designación se publica en el Registro Federal, lo que la hace legalmente efectiva.
La inclusión en la lista tiene consecuencias automáticas. Entre ellas, se prohíbe brindar apoyo material o financiero a la organización, se congelan activos bajo jurisdicción estadounidense y se habilitan sanciones penales para miembros, colaboradores y facilitadores. También se aplican restricciones migratorias y se intensifica la cooperación internacional para limitar sus fuentes de financiamiento.
Requisitos para la revocación del estatus de terrorista
La legislación también prevé un mecanismo para revocar una designación si las condiciones que la motivaron dejan de existir. Tres de los casos más reconocidos son el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento revolucionario de Tupac Amaru y el Ejército Rojo Japonés.
Existen dos vías principales para que esto ocurra. Por un lado, por medio de una solicitud formal del grupo afectado. Por otro, tras la revisión periódica que realiza el Departamento de Estado cada cinco años. En ambos casos, la decisión final vuelve a recaer en el Secretario de Estado, quien debe confirmar si el grupo ya no cumple con los requisitos de terrorismo establecidos por la ley.
Al respecto, una designación puede ser revocada si la organización dejó de participar en actividades terroristas, si perdió la capacidad operativa para llevarlas adelante o si ya no representa una amenaza para la seguridad nacional.
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Para eso, la Oficina de Contraterrorismo evalúa información sobre cambios estructurales, desarme, disolución, acuerdos de paz o transformaciones internas verificables. El Congreso, en tanto, también puede solicitar verificaciones o presentar resoluciones para forzar su reconsideración.
Si la revocación progresa, el Departamento de Estado debe notificar nuevamente al Congreso con siete días de anticipación y luego publicar la decisión en el Registro Federal. A partir de ese momento, se levantan las sanciones vinculadas a la designación, aunque pueden mantenerse restricciones específicas si el grupo sigue bajo otras categorías legales.
