En las últimas dos décadas, Estados Unidos incorporó de manera creciente el uso de drones para la vigilancia de sus fronteras, especialmente en la frontera sur con México, aunque también en sectores de la frontera norte con Canadá y en zonas costeras.
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Los drones de la vigilancia fronteriza en Estados Unidos
Estos dispositivos, oficialmente denominados sistemas aéreos no tripulados, forman parte de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para monitorear grandes extensiones de territorio de difícil acceso, reforzar el control migratorio y combatir actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico.
Los drones que se utilizan en las fronteras estadounidenses no son pequeños aparatos comerciales, sino aeronaves de gran tamaño y alta tecnología, similares a las empleadas en operaciones militares. Entre los modelos más conocidos se encuentran versiones adaptadas del Predator B, también llamados MQ-9 Reaper en su versión militar.
Estos drones pueden volar durante más de 20 horas seguidas, alcanzar grandes altitudes y cubrir cientos de kilómetros en una sola misión. Están equipados con cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos y sistemas de visión nocturna capaces de detectar personas o vehículos incluso en condiciones de oscuridad total o climas extremos, como el desierto o zonas montañosas.
La polémica detrás de los drones
Uno de los motivos por los que estos drones resultan tan polémicos es su enorme capacidad de vigilancia. Pueden observar movimientos en tiempo real, seguir objetivos durante horas y transmitir imágenes directamente a centros de control ubicados a miles de kilómetros. Esto permite a las autoridades detectar cruces fronterizos irregulares, rescatar personas perdidas en zonas inhóspitas o coordinar operativos en tierra con mayor rapidez.
Sin embargo, esa misma capacidad plantea serias preocupaciones en materia de privacidad y derechos civiles, ya que los drones no solo vigilan áreas remotas, sino que en algunos casos sobrevuelan regiones cercanas a pueblos y ciudades, captando imágenes de personas que no están involucradas en ninguna actividad ilegal.
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Para el gobierno estadounidense, los drones representan una herramienta clave para aumentar la eficiencia del control fronterizo sin necesidad de desplegar grandes cantidades de personal en zonas peligrosas. Desde esta perspectiva, los drones permiten ahorrar costos a largo plazo, reducir riesgos para los agentes y mejorar la detección temprana de situaciones de emergencia, como migrantes deshidratados o heridos.
En algunos casos, la información obtenida por drones fue utilizada para realizar rescates humanitarios, lo que suele destacarse como uno de sus aspectos positivos.
No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos critican que el uso de drones refuerza una lógica de militarización de la frontera. Señalan que la vigilancia aérea constante puede generar un efecto disuasivo que empuja a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas, aumentando el riesgo de muertes en el desierto.
Además, advierten que la tecnología se expande más rápido que los marcos legales que deberían regularla, lo que deja zonas grises sobre cómo se almacenan las imágenes, cuánto tiempo se conservan los datos y quién puede acceder a ellos.
Otro punto sensible es el precedente que sienta el uso de drones de largo alcance en territorio civil. Aunque no están armados, su origen militar y su autonomía generan inquietud sobre una posible normalización de tecnologías de vigilancia extrema dentro del espacio aéreo nacional.
