Los atentados en Antioquia y Cali a una base militar y un helicóptero policial impactaron de lleno en las fuerzas de seguridad de Colombia y añaden un nuevo capítulo a los históricos enfrentamientos contra el paramilitarismo y el narcotráfico. La compleja situación se traduce en un problema en la región, especialmente en Venezuela y Ecuador, por motivos políticos, criminales y humanitarios.
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Colombia y la utopía de la “Paz Total”
Colombia se disputa entre la “Paz Total” que promueve el presidente Gustavo Petro y un endurecimiento de las medidas contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
El actual gobierno intentó continuar con el éxito parcial que había logrado el expresidente Juan Manuel Santos en 2016, con el acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, el histórico grupo paramilitar se fragmentó en las llamadas disidencias, que no acataron el llamado a la desmovilización y el abandono de las armas, y continuaron su guerra contra el Estado colombiano.
Cuando asumió Petro, una de sus principales promesas fue alcanzar un acuerdo con todos los actores englobados en el paramilitarismo y lograr su neutralización tras décadas de actividad.
Mientras crecen las disidencias de las FARC, ¿quiénes negocian con Gustavo Petro?
El Estado Mayor Conjunto (EMC), uno de los frentes mayoritarios encabezado por Iván Mordisco, se dividió entre aquellos dispuestos a negociar y los que pretendían seguir con sus actividades criminales.
Los bloques suroriental y occidental rompieron todas las vías de diálogo en respaldo a la unidad planteada por Mordisco, mientras que el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), un desprendimiento del EMC, negocia por su lado. Dentro de esta segunda vertiente, el Bloque Magdalena Medio reporta avances, mientras que el proceso con el Bloque Jorge Suárez Briceño se estancó.
Por su parte, la Segunda Marquetalia, otro de los grupos mayoritarios de las disidencias y encabezado por Iván Márquez, se niega a entablar el diálogo para la paz. Otro actor menos conocido como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, compuesto por los Comandos de la Frontera (Putumayo) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (Nariño) , sostiene una mesa de conversaciones fluida con representantes del gabinete de Petro.
Pese a las negociaciones, las guerrillas continúan activas. El Informe de la ACCA, Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza. Fuerzas Militares y Policía Nacional, señaló que desde fines de 2024 se observa un crecimiento en el reclutamiento del EMC, la Segunda Marquetalia y el EMBF.
El EMC pasó de 2.059 soldados en diciembre de 2024 a 2.283 en junio de 2025, la Segunda Marquetalia de 1.455 a 1.537 y el EMBF de 1.274 a 1.494. Estas tres organizaciones reúnen a un total de 5.250 guerrilleros, en un relevamiento que incluye al Frente 57, una disidencia independiente. Si bien esta cifra no muestra la movilización efectiva, implica un nuevo riesgo para Colombia y la región.
A su vez, la Administración para el Control de Drogas (DEA) denunció los vínculos de las disidencias de las FARC con el régimen de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles. El director, Terry Cole, aseguró que “Venezuela se ha convertido en un Estado narco-terrorista que sigue colaborando con las FARC y con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos”.
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Los desplazados, una problemática que arrastra a Ecuador
En junio de 2025, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 82.819 personas tuvieron que desplazarse masivamente, dejando sus bienes y territorios, producto de 69 eventos de desorden público. Mientras que 50.713 resultaron confinadas debido a combates, presencia de guerrilleros y el enfrentamiento de estos con las fuerzas estatales.
La subregión del Catatumbo, que fue noticia anteriormente por las disputas territoriales entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las FARC, fue la jurisdicción más afectada en lo que va del año. Se registraron 21 eventos que ocasionaron el desplazamiento de 72.588 personas, sumadas a 2.476 personas aisladas en sus propiedades.
Esta problemática impacta en Ecuador, que alberga a más de 80.000 personas en condición de refugiados, principalmente de Colombia y Venezuela. A su vez, Quito experimenta una nueva ola de violencia producto del aumento de la producción de cocaína a nivel global, un esquema que tiene como principales actores a organizaciones colombianas como el Cártel del Golfo.
