Colombia vuelve a sumirse en una época oscura por culpa del paramilitarismo. En una misma jornada, un ataque con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali y el derribo de un helicóptero de la policía en Antioquia ponen bajo presión la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro.
Como respuesta a los atentados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cárteles del narcotráfico fueron declarados organizaciones terroristas y constituyeron un cambio en la estrategia del Estado colombiano.
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Dos atentados en menos de 24 horas sacuden Colombia
Cerca del mediodía del jueves, un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado mientras circulaba por la zona de Amalfi, en Antioquia, rumbo a un operativo de respaldo a las labores policiales de erradicación manual de cultivos ilícitos”.
La aeronave sufrió varios impactos de drones que provocaron su caída fatal. El ataque dejó un saldo de 12 agentes muertos y el general de la policía, Carlos Fernando Triana, calificó como “acción terrorista”.
La autoría del acto contra el helicóptero y los agentes fue atribuida al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que el presidente Petro lo vinculó con disidencias de las FARC, precisamente el Estado Mayor Conjunto (EMC). Ninguno de estos grupos paramilitares se adjudicó el hecho.

Horas más tarde, un atentado con cilindros bomba sacudió la base aérea Marco Fidel Suárez en el norte de Cali, a aproximadamente 410 kilómetros del primer ataque. Seis civiles murieron y otros 65 resultaron heridos según las informaciones preliminares de la Alcaldía local.
La instalación militar también funciona como una escuela militar de la Fuerza Aérea de Colombia, con su propia pista designada en una de las ciudades más habitadas del país.
El alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos, equivalente 100.000 dólares, “a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables”.
Como respuesta a los dos atentados y a las presiones de la oposición, el presidente Petro decidió designar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como organizaciones terroristas. La medida presidencial alcanza a otras agrupaciones criminales como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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La inefectividad de la “Paz Total” de Gustavo Petro
La estrategia de Gustavo Petro para abordar la problemática del paramilitarismo en Colombia se basó en diálogos de paz y en una apuesta a la desmovilización voluntaria.
Lo que experimenta Colombia es similar a los resultados de la política de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador en México. La ausencia de una presencia estatal y militar fuerte frente a organizaciones criminales provocó el efecto contrario, una retórica mucho más fuerte y la negativa a realizar concesiones a los gobiernos nacionales, tanto de Petro como de López Obrador.
Según Petro, los ataques en Cali y Antioquia fueron una respuesta terrorista a la pérdida de la columna “Carlos Patiño” en El Micay, que afectó al negocio del narcotráfico y a la propia red criminal.
Sin embargo, el récord de cultivos de coca y de producción de cocaína sumado al aumento de enfrentamientos armados entre fuerzas paramilitares, fue el choque del ELN y las FARC a principios de año en Catatumbo, indican lo contrario. Lo mismo sucedió en 2024 en el
Lo mismo sucedió en el departamento de Atlántico en 2024, en la costa caribeña de Colombia, con un notable aumento de los casos de homicidios a causa de disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por el control de los puertos.
La designación como organizaciones terroristas perseguibles al Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia supone un cambio imprevisto de la estrategia de seguridad nacional en las vísperas de un año electoral que pondría en juego la continuidad de la izquierda en el poder.
Los recientes ataques en Colombia podrían suponer el fin de la “Paz Total” de Gustavo Petro y el reperfilamiento de las medidas gubernamentales para controlar al paramilitarismo y el nuevo auge del narcotráfico en el país.