Este verano, los eventos climáticos extremos ocurridos en diversas regiones de la Argentina obligaron a declarar la emergencia ambiental en varias provincias. Sobre el impacto de estos desastres naturales, conversamos con dos referentes de organizaciones ambientalistas: Diego Moreno (Vida Silvestre) y Hernán Giardini (Greenpeace Argentina). Por Susana Rigoz
La caída de 320 mililitros de lluvia en 12 horas durante la madrugada del domingo 15 de febrero en la región de las Sierras Chicas y Punilla fue el inicio de la catástrofe. Ríos desbordados, miles de evacuados, inundaciones, muertos, desaparecidos, calles intransitables, cortes de luz e innumerables daños materiales son las consecuencias que vimos repetirse en el centro y norte de la Argentina.
El caso de la provincia de Córdoba es emblemático y sirve para explicar el fenómeno similar sufrido en los días posteriores en Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta, San Luis. Según explican los especialistas, más allá del agua caída, la principal causa de las inundaciones en la zona serrana hay que buscarla en la importante pérdida de la cobertura forestal, una de cuyas consecuencias es la imposibilidad de absorber las precipitaciones. “La situación de la provincia de Córdoba es muy seria, ya que conserva menos del 4 por ciento de sus bosques originales. Entre 1998 y 2007, según datos oficiales, se deforestaron 247.967 hectáreas y desde la sanción de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –aprobada a fines de 2007– hasta mediados de 2013 se avanzó en el desmonte de casi otras 45.000, de las cuales 10.796 se encontraban en áreas protegidas”, explica Hernán Giardini, responsable de la campaña Bosques de Greenpeace Argentina.
El problema no es nuevo ni local. A nivel global, se calcula en 13 millones de hectáreas las superficies boscosas que desaparecen por año; en la Argentina, ya se han deforestado más de 5.000.000 de hectáreas de bosques nativos de 1998 a la actualidad.
Giardini advierte que los especialistas han insistido en esta problemática a través de los años, al punto que ya “nadie puede ignorar que la tala indiscriminada de árboles; el avance de la frontera agrícola y de la ganadería destruyen un ecosistema que brinda innumerables servicios ambientales, entre los cuales se encuentran el mantenimiento de las fuentes de agua, la conservación del suelo y el control de las sequías e inundaciones”.
Una crónica anunciada
A fines de 2013, el problema ya había sido previsto. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba sobre la base de imágenes satelitales para evaluar el estado de la masa boscosa y el desarrollo urbano alertó sobre la posibilidad de deslizamientos e inundaciones en la zona de las Sierras Chicas. Ocurrido el desastre, se comprobó que las áreas más afectadas coincidían con las señaladas en ese informe.
Más recientemente, a fines de 2014, en las conclusiones del capítulo 2 del informe elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se advierte sobre la gravedad de la situación de la Argentina, donde se produce el 4, 3 por ciento de la deforestación global. Giardini afirma que el trabajo destaca que la extensión en las inundaciones “estuvo asociada a las dinámicas del nivel de agua subterránea, influenciada por las precipitaciones y el cambio en el uso de la tierra. Incluso en el norte de Córdoba, la superficie de tierras cultivadas creció del 3 al 30 por ciento entre 1969 y 1999, y la cobertura boscosa disminuyó del 52,5 al 8,2 por ciento”.
Por su parte, Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, detalla que los tres impactos señalados durante años por los científicos argentinos del IPCC son “una reducción de las precipitaciones en la zona de Cuyo y norte de Patagonia, el aumento del nivel del mar, con un impacto directo en la costa bonaerense, y eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones”. Y agrega que, pese a que la Argentina carece de un sistema extendido de medición y monitoreo meteorológico, “los modelos nos muestran escenarios muy claros para los próximos años, que deberían servir al sector público para planificar medidas, obras y sistemas de prevención acordes con esos escenarios”.
A pesar de las advertencias, sostiene Moreno, son escasas las evaluaciones de escenarios de riesgo llevadas a cabo y la planificación de medidas orientadas a reducir los riesgos potenciales para las distintas regiones del país. “Los pocos intentos de planificación, como la Ley de Bosques y el ordenamiento territorial que ha propuesto, encuentran serias dificultades para lograr un nivel adecuado de implementación”.
Ambos especialistas coinciden en que no puede atribuirse lo ocurrido a una catástrofe natural. “Las provincias afectadas fueron precisamente las que perdieron gran parte de sus bosques nativos por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria”, sostiene Giardini. “Resulta sencillo atribuir estos eventos a situaciones climáticas particulares, y desentenderse de las responsabilidades de quienes deben velar por la integridad de la sociedad y anticiparse a este tipo de eventos. No obstante, este tipo de situaciones pueden preverse, y sus impactos, minimizarse”, agrega el director de Fundación Vida Silvestre.
S.O.S. incendios
Este verano sumó un nuevo enemigo que agudizó la emergencia ambiental: el fuego. Los incendios forestales en Chubut, Río Negro y Neuquén, de los peores de la historia en la región, arrasaron con más de 40.000 hectáreas y al cierre de esta edición seguían fuera de control los desatados en los parques nacionales Los Alerces y Lago Puelo.
Teniendo en cuenta que el bosque es el principal sustento del turismo, base de la economía regional, Moreno se pregunta si el impacto de la pérdida del valor paisajístico del bosque arrasado no será superior a la inversión que “hubiera sido necesaria para mejorar los sistemas de prevención, monitoreo y combate de incendios forestales”.
Una mirada a mediano plazo
Las preguntas son inevitables. ¿Es posible disminuir riesgos? ¿Qué medidas deberían tomarse para tratar de revertir la actual situación a fin de evitar daños peores? ¿Cómo lograr que la información científica se traduzca en políticas públicas? Giardini no duda en afirmar que además de los estudios científicos existen normas que deberían cumplirse y da como ejemplo lo determinado en la Ley de Bosques. “Según lo establecido en el artículo 40, los gobiernos de las provincias deberían llevar adelante tareas de recuperación y restauración de la cobertura vegetal, manteniendo la categoría de clasificación definida en el ordenamiento territorial”.
Ambos ambientalistas hacen hincapié en la necesidad de invertir en la cuestión ambiental. Giardini explica que, pese a que el artículo 31 de la Ley de Bosques establece que el el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del Presupuesto nacional –monto al que deberán sumarse retenciones varias provenientes de la agricultura y la ganadería–, la realidad es que nunca se cumplió lo estipulado. En tanto, “el 11 de febrero de 2010 fueron reasignados $144 millones de los fondos de la Ley de Bosques al Programa Fútbol para Todos mediante la Decisión Administrativa N° 41/2010 de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. Por otra parte, “el presupuesto para la protección de los bosques para este año es veinte veces menor a lo establecido por la ley: tan solo unos 232 millones de pesos, cuando debería superar los 4700 millones”, detalla.
Sobre el tema presupuestario, asevera el director de la Fundación Vida Silvestre que “vale la pena tomarse un minuto y comparar los recursos invertidos en la implementación de la Ley de Bosques (230 millones de pesos para todo el país en 2015) con los daños generados por estos eventos que, al menos parcialmente, podrían haberse mitigado con un mayor presupuesto aplicado. Tengamos presente que el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota estimó que solo los daños materiales producidos por el temporal superan los 1000 millones de pesos”.
“El ejemplo de lo ocurrido en Córdoba nos permite llegar a la conclusión de que conservar y manejar responsablemente los recursos naturales (en este caso, los bosques) resultaría en el mediano y largo plazo positivo, muy positivo no solo en términos ambientales sino también económicos. Una vez más, la realidad nos muestra evidencia concreta de que un ambiente sano no solo es un derecho de todos nosotros como ciudadanos. También nos conviene”, afirma Moreno.
