Al no existir un límite de captura autorizado en las islas Georgias del Sur, la pesca de merluza negra es considerada ilegal por miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Las autoridades de Estados Unidos (entre otros países) prohibieron la entrada a su territorio de las capturas realizadas por buques del Reino Unido, decisión que fue respaldada por un juez federal del estado de Florida.
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El juez David Seymour Leibowitz desestimó la demanda presentada por Southern Cross Seafoods, una empresa con sede en Texas, que alegaba haber sufrido pérdidas económicas sustanciales debido al bloqueo de las importaciones. La sentencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la conservación de los recursos marinos y la aplicación de regulaciones pesqueras en aguas polares.
Conflictos y cooperación en la Antártida: el caso de la merluza negra
La Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA) es un instrumento internacional cuyas decisiones se toman por consenso y que entró en vigor en 1982 como parte del Sistema del Tratado Antártico. Este acuerdo -cuyo objetivo es la preservación de los ecosistemas marinos antárticos- es el encargado de regular la pesca de especies en los océanos australes.
Sin prohibir la explotación de recursos, exige que esta se lleve a cabo en forma racional, teniendo en cuenta su impacto en la totalidad del ecosistema. Esta convención internacional estableció salvaguardas para que aquellos países que poseen islas subantárticas puedan adoptar medidas administrativas unilaterales, siempre que su soberanía se ejerza con el acuerdo de todos los estados firmantes. Claramente, este no es el caso de las islas Georgias del Sur, donde existe una disputa entre el Reino Unido y la República Argentina desde 1833.
En 1986, la presión de los pesqueros alineados con la Unión Soviética amenazaba con sobreexplotar la muy productiva región alrededor de las islas Georgias del Sur. Para evitar que, en ausencia de límites, estas aguas fueran explotadas a voluntad de las empresas comerciales, se adoptó la obligación de establecer límites anuales para las especies cuya captura se autorice en dicha región.
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En este contexto y sobre la base del asesoramiento brindado por un comité de expertos internacionales, desde hace cuarenta años se determinan anualmente las capturas permitidas para las especies explotadas, entre ellas la merluza negra.
Este sistema operó sin inconvenientes hasta 2021, año en que la Federación Rusa negó el consenso para la adopción de límites para la merluza negra. Como consecuencia y a pesar de estar en contradicción con las normas adoptadas en 1980 y 1986, el Reino Unido, en forma unilateral, autorizó a sus buques a pescar esta especie en la región de las islas Georgias. Esta decisión fue calificada por la Argentina, entre otros países, como “ilegal” y generó innumerables críticas de diversos sectores que temen otros abusos y un deterioro de la gestión internacional.
El fallo judicial y la pesca de merluza negra: un reconocimiento implícito de ilegalidad
Para los especialistas, el hecho de que recientemente el juez estadounidense confirmara el rechazo de las autoridades aduaneras de su país para la importación de merluza negra capturada bajo autorización inglesa en el área de las islas es un reconocimiento implícito de la ilegalidad de estas capturas.
En su fallo, Leibowitz destacó que “permitir que una nación se niegue a acordar un límite de captura para un pez en particular solo para luego poder cosechar ese pez en cantidades ilimitadas contravendría los propósitos expresos de la CCAMLR”.
Este episodio tuvo repercusiones diversas, desde los ambientalistas que destacan la importancia de la preservación de lo que definen como “uno de los últimos ecosistemas intactos del Planeta” hasta los representantes de la industria pesquera que afirman que bloquear el acceso al recurso podría afectar el empleo y el precio de los alimentos.
Ambos argumentos son falaces. Por un lado, aunque se trata de un ambiente protegido y relativamente a salvaguarda de la explotación excesiva que se dio antes de 1980, estamos muy lejos de poder calificarlo como “intacto”.
“Por otro, no es válido argumentar que la regulación de la merluza negra impacta en el precio de los alimentos, ya que se trata de un pescado para consumo gourmet para el que existen otras áreas de aprovisionamiento.
