La denuncia contra la empresa Prodesur SA, propietaria del barco pesquero argentino B/P TAI AN, fue iniciada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi el 4 de abril, tras la comprobación de que el buque mencionado estaba pescando ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina, ZEEA.
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En su presentación -una acción colectiva conocida como “acción de clase”-, los demandantes argumentaron que la captura de 175 toneladas de merluza negra, entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, se llevó a cabo en violación de las leyes vigentes y causó un daño significativo al ecosistema oceánico argentino.
En ese contexto, solicitaron que los responsables compensen económicamente a “la clase”, representada por “toda la comunidad argentina”, por los daños patrimoniales, extrapatrimoniales o morales, así como los daños punitivos ambientales.
La novedad es que el día 24 de abril, el Juzgado Civil y Comercial 11 dio intervención a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) en el caso de la Merluza Negra.
Este fallo inicial reviste importancia por dos decisiones fundamentales. En primer lugar, la competencia declarada por el juez y la admisión de la causa solicitada. En segundo lugar, la participación de la Unidad Fiscal de Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el doctor Ramiro González de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para colaborar en la representación del Estado.
Dicho de otro modo, el hecho de sumar un organismo especializado para representar los intereses públicos y brindar apoyo a los litigantes indica un esfuerzo por garantizar que el caso se maneje de manera justa, en especial en lo referente a las cuestiones ambientales involucradas.
Una demanda inusual en defensa del Mar Argentino
Presentada por un grupo de abogados, esta medida legal colectiva tiene como meta la defensa del ecosistema marino, un recurso vital que ha sufrido repetidos actos de depredación.
La acción judicial colectiva iniciada contra Prodesur S.A. tras el escándalo que rodeó la persecución del buque TAI AN que pescaba ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA) está destinada a salvaguardar el derecho constitucional a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano, y que permita la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones de argentinos.
En la presentación, los demandantes destacan que la captura de 175 toneladas de merluza negra, realizada entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024, se llevó a cabo en contravención de las normativas vigentes, causando un daño significativo al ecosistema marino argentino.
Por esta razón, solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase”. La indemnización reclamada es equivalente al valor de lo extraído, en este caso la merluza negra, en el mercado internacional. Además, proponen una suma adicional que será determinada por un sistema de valoración de daños reconocido internacionalmente, como compensación por el daño moral ambiental. También solicitan que el tribunal imponga una compensación adicional como medida disuasoria contra futuras conductas ilícitas.
Los demandantes sugieren que estas indemnizaciones sean destinadas a un Fondo de Compensación Ambiental, administrado por la Prefectura Naval, con el fin de mejorar la vigilancia y el control de la pesca ilegal en las aguas territoriales argentinas, incluyendo las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
En cuanto a la magnitud de la depredación, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, (organismo responsable de asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros) destaca, entre otros, que desde el año 2020 este barco no cuenta con autorización para pescar merluza negra y que, además, utilizó redes de arrastre de fondo en un área donde esta práctica está prohibida.
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Este caso, que involucra a 45 millones de personas, es una de las pocas acciones de clase a nivel mundial de esta magnitud, en materia ambiental. El incidente del TAI AN se suma a otros casos de explotación ilegal de recursos pesqueros por flotas extranjeras en aguas argentinas, lo que motiva a promover una mayor conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.
