Mientras la Ley de Bosques sigue esperando su plena implementación, un estudio internacional ubica a la República Argentina entre los países de peor gestión ambiental respecto a su superficie verde. Consultamos sobre el tema a Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace Argentina. Por Susana Rigoz
Según un informe reciente elaborado por la Universidad de Boston y contra todos los pronósticos, entre 1982 y 2015 reverdeció el 40 por ciento de la superficie del Planeta, producto de que el dióxido de carbono acelera la fertilización de los árboles y las plantas. La excelente noticia dada a conocer por la revista Nature Climate Change de que la vegetación global aumentó en alrededor de 36 millones de kilómetros cuadrados, no incluye a la República Argentina, país donde continúa la reducción de la superficie verde.
Este estudio presentado en 2016 se suma a otros que con anterioridad venían poniendo énfasis en la situación de nuestro país. Uno de ellos es la advertencia realizada en 2014 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, acerca de que en la Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación global. Por otra parte, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, nos coloca entre los 10 países que más desforestaron durante los últimos 25 años, a un ritmo de 300 mil hectáreas anuales lo que suma una extensión de 7,6 millones de hectáreas en ese lapso.
LA HISTORIA SIN FIN
Esta problemática es de larga data. Entre 1998 y 2006, según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se desmontaron 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a 250 mil por año, o a una hectárea cada dos minutos. Esta ambiciosa e histórica despreocupación por el ambiente llevó a que perdiéramos el 70 por ciento de nuestros bosques originales.
En un intento por preservar lo poco que quedaba, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano presentó en 2006 – después de amplios debates y con el apoyo de diversas organizaciones- el proyecto de Ley de Bosques Nativos que fue sancionado al año siguiente por la Cámara de Diputados. A partir de entonces, comenzó un largo peregrinaje por distintas comisiones de la Cámara de Senadores hasta que, como único recurso para sortear la oposición de determinadas provincias, reunieron más de un millón y medio de firmas que obligaron a su tratamiento en el Congreso Nacional. De este modo, en un caso único de participación social, se logró la sanción de la tan esperada Ley que establecía, entre otras muchas medidas, una moratoria a los desmontes hasta tanto cada provincia no realizara un Ordenamiento Territorial de sus bosques y exigía la realización de Estudios de Impacto Ambiental antes de autorizar cualquier actividad. Esta norma fue reglamentada finalmente por el Poder Ejecutivo Nacional a comienzos de 2009, después del reclamo realizado por más de 70 organizaciones de todo el país.
Pese a que ya transcurrieron más de ocho años desde la sanción de la Ley 26.331de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que representa un avance extraordinario en el cuidado del medioambiente y genera una herramienta única para empezar a luchar contra la emergencia, su implementación continúa siendo compleja.
Hernán Giardini rescata sin embargo dos datos positivos. “El primero es que casi todas las provincias ya realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques como lo exige la norma, que prohíbe los desmontes en el 79 por ciento de las zonas forestales que incluyen las categorías más restrictivas (I y II). El segundo, es que los dos últimos años disminuyó la deforestación”, afirma.
Estas buenas nuevas, sin embargo, se ven opacadas por los informes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, donde advierten que “entre 2007 y fines de 2014 se desmontaron más de dos millones de hectárea, de las cuales 626.244 estaban dentro de los bosques protegidos”, denuncia el especialista.
Para el ambientalista, esta realidad demuestra a las claras que no solo las multas a quienes infringen la ley son insuficientes sino que en muchos casos pone en evidencia “la complicidad indispensable de los funcionarios en la violación de la normativa vigente. Es por esta razón que impulsamos un cambio en la legislación para que la deforestación ilegal sea reconocida como un crimen”.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Dentro del oscuro panorama con el que nos enfrentamos en la Argentina, el norte del país concentra los más altos índices de desmonte, entre cuyas causas principales se destacan el avance de la frontera agropecuaria para la explotación de soja transgénica y la ganadería intensiva y los incendios.
En este contexto, dos provincias se destacan por su accionar. Una de ellas es Salta, cuyo gobierno advirtió en un informe que desde la aprobación de la ley se desmontaron legalmente poco más de 200 mil hectáreas en tanto que de modo ilegal se avanzó sobre otras 257.828.
Ya en mayo de 2014, en el informe Desmontes S.A., Greenpeace había alertado acerca de la violación de la Ley de Bosques en esa provincia por medio de los cambios realizados en la zonificación para autorizar desmontes en zonas protegidas que alcanzaban en ese momento las 126.177 hectáreas. A su vez, había expresado su preocupación por el impacto ambiental y social que tiene sobre las comunidades campesinas e indígenas la deforestación de esas áreas. Giardini advierte además que estas irregularidades fueron también cuestionadas por la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y más de cien organizaciones sociales.
Al reclamo realizado en ese momento por Greenpeace Argentina a empresarios y funcionarios para que cancelaran los permisos otorgados se sumó en abril de este año un informe del Ministerio de Ambiente en el cual se llama la atención sobre el mismo punto, destacando que muchos de los nuevos desmontes ignoran lo establecido en la ley nacional donde se determina “que deben respetarse los derechos de las comunidades originarias que tradicionalmente ocupan esas tierras”.
Una situación similar se vive en la provincia de Santiago del Estero, donde los desmontes habían sido temporalmente suspendidos después del asesinato de Cristian Ferreyra el 11 de noviembre de 2011, en la localidad santiagueña de San Antonio, departamento Copo, en el marco de un conflicto de tierras.
En ambos casos, alertaron desde Greenpeace de esta situación a los gobernadores de Santiago del Estero y Salta solicitando que, como máximas autoridades de esas provincias, cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes. “En las cartas enviadas, manifestamos nuestra preocupación por un nuevo aumento de la violencia de empresarios agropecuarios hacia las familias campesinas asociada en la mayoría de los casos con el avance de los desmontes en los territorios que habitan, muchos de los cuales se realizan con autorizaciones gubernamentales”, sostiene Giardini.
FONDOS FEDERALES
Si bien la sanción de esta ley representó un avance sustantivo en el intento de poner freno a uno de los problemas ambientales más graves de la Argentina, desde un comienzo se enfrentó a una insuficiente aplicación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. En el mismo se determina que el monto asignado no puede ser inferior al 0,3% del Presupuesto Nacional, cifra a la que deberá sumarse el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal del año anterior.
Pese a su importancia, en 2008 y 2009 la ley no contó con presupuesto y los años siguientes el monto fue mucho menor a lo estipulado por la normativa. Incluso, detalla Giardini, “en febrero de 2010, 144 millones de pesos de los fondos de la Ley de Bosques fueron reasignados al Programa Fútbol para Todos. Entre 2010 y 2015, y pese a tratarse en un derecho adquirido por las jurisdicciones que ya hubieran concretado el ordenamiento territorial, en lugar de los 14.750 millones de pesos correspondientes se entregaron para la conservación de los bosques solo 1.239 millones y para este año se calculan en 260 millones, alrededor de 23 veces menos que los establecido por la Ley”.
Acerca de la importancia de su asignación, el especialista explica que se trata de un “derecho insoslayable que tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, ayudar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques”.
RECLAMO AMBIENTALISTA
A fin de expresar su preocupación por el incumplimiento de los compromisos acordados, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales volvieron a lanzar un alerta sobre la gravedad de la deforestación en el país y solicitaron formalmente al Poder Ejecutivo que incluya el financiamiento necesario para la constitución plena del Fondo Nacional al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2017.
Por otra parte, destacan dos temas especialmente preocupantes. El primero de ellos es la baja en las retenciones a las exportaciones de soja que con seguridad va a alentar la expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte, dado que hacen aún más rentable la actividad. El segundo, se relaciona con el avance de la ganadería intensiva sobre los bosques. “Los desmedidos planes que tienen las provincias del norte de incrementar su stock ganadero (duplicarlos o triplicarlos) chocan con las restricciones de la ley de bosques, por lo que de cumplirse producirán más desmontes y más desalojos de comunidades campesinas e indígenas”, sostiene el entrevistado.
Consultado acerca de los compromisos asumidos por la Argentina en la Conferencia de las Partes, COP 21, realizada en Paris en diciembre pasado, Giardini considera que si bien el país se comprometió a reducir la deforestación, se queja de la pobreza de los acuerdos que se redujeron a exigir el cumplimiento pendiente de la Ley.
“Las organizaciones ambientalistas reclamamos al gobierno nacional porque consideramos indispensable la implementación plena de la ley. Su cumplimiento no solo representará un freno a la grave realidad argentina sino que dará una señal a la sociedad acerca de la importancia de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad como política de Estado”, concluye el ambientalista.
