El primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal reunió a funcionarios, académicos y especialistas de la región para debatir el lugar que ocupa la víctima dentro del sistema de justicia penal.
El encuentro dejó en evidencia que, aunque en la última década se avanzó de manera significativa en el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas, la transformación real del sistema es una asignatura pendiente. Los expositores coincidieron en que el problema ya no es la falta de leyes, sino la incapacidad del Estado para hacerlas efectivas en la práctica cotidiana.
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Derecho para las víctimas del homicidio: reparación, prevención y desafíos
Una de las exposiciones más contundentes del simposio fue la de Jimena Molina, directora del Instituto de Victimología de Usina de Justicia, quien presentó en representación del doctor Irwin Waller, profesor emérito de la Universidad de Ottawa y experto en victimología. Molina señaló que las leyes existentes en materia de protección a las víctimas no se aplican de manera suficiente, y que se necesitan programas nacionales liderados por los gobiernos para generalizar estrategias que, efectivamente, reduzcan los homicidios.
Los datos que presentó son particulares. Anualmente se registran alrededor de 500.000 víctimas de homicidio en todo el mundo, con pérdidas económicas equivalentes a más del 1% del PBI de los países afectados. A ese impacto material se suma el daño psicológico ya que, para muchas víctimas, atravesar el proceso judicial puede resultar tan traumático como el delito mismo. Molina advirtió además que las estrategias tradicionales basadas en policía, tribunales y prisiones no han logrado reducir significativamente la violencia en los países más ricos, y que se requiere un cambio sistémico de fondo.
Para duplicar el apoyo a las víctimas, la ponencia propuso la creación de Oficinas Nacionales para las Víctimas y figuras de Defensor del Pueblo especializadas, además de implementar los principios de justicia establecidos por la ONU, que incluyen el derecho a la información, la asistencia, la reparación y el acceso efectivo a la justicia. En cuanto a la reducción de la violencia, Waller planteó que la clave está en una prevención basada en evidencia y en estrategias de salud pública que coordinen los sectores de salud, educación y servicios sociales, siguiendo modelos que ya demostraron éxito en ciudades como Bogotá y Boston. Entre los programas evaluados como eficaces mencionó los enfoques de intervención escolar, la terapia cognitivo-conductual, la formación en relaciones saludables y los programas de crianza, todos orientados a atacar los factores de riesgo antes de que la violencia ocurra.
Los obstáculos institucionales para poner a la víctima en el centro
En esa misma línea, Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos, en su ponencia fue contundente: “Cada víctima representa, antes que nada, un fracaso del Estado”. Advirtió que el “homicidio es la expresión más extrema de ese fracaso, pero que el sistema de justicia lo agrava cuando no da respuesta”, maltrata a quien ya fue dañado y carece de herramientas técnicas para acompañarlo. Este fenómeno, conocido como revictimización, fue uno de los conceptos más repetidos a lo largo de las exposiciones. Se produce cuando la víctima, en lugar de recibir apoyo y reparación, queda atrapada en un sistema que la ignora o la somete a nuevas cargas.
Garavano también señaló que los últimos diez años representaron un proceso político muy duro en Argentina, marcado por resistencias concretas a reconocer y legislar en favor de las víctimas. La sanción de la Ley de Víctimas y la creación del Observatorio de Víctimas fueron logros arduamente conquistados en ese contexto. Sin embargo, advirtió que persiste una discusión ideológica y dogmática sobre el rol de la víctima en el proceso penal, que históricamente se tradujo en resistencias a figuras como la querella autónoma, es decir, la posibilidad de que la víctima participe activamente en el juicio sin depender exclusivamente del fiscal.
Desde una perspectiva estructural, el Secretario General del Colegio Público de la Abogacía, Martín Casares, sostuvo que la víctima no es un problema secundario del sistema penal sino un problema central de la política criminal, que exige una conversación seria y sostenida. Para Casares, la reforma normativa es una “condición necesaria pero insuficiente”: la ley abre una puerta, pero no garantiza que nadie la cruce. El verdadero desafío, insistió, es hacer que esos derechos cambien la dinámica real del sistema y le den legitimidad ante la sociedad.
Casares identificó un déficit estructural concreto en la asistencia a las víctimas dentro del Ministerio Público Fiscal, y resulta contradictorio que los defensores de víctimas estén ubicados dentro del área de defensa pública, que por definición representa a los imputados.
Para que la reforma funcione, planteó que son necesarios tres cambios simultáneos: el rediseño organizacional de las instituciones, el fortalecimiento real con recursos y equipos, y un cambio cultural profundo en la forma en que los operadores judiciales trabajan día a día. Como ejemplos de implementación efectiva señaló las Unidades de Relación y Denuncias (UOCs) y la Oficina de Asistencia y Acompañamiento de las Víctimas (OFAVIT), que lograron resultados concretos reorganizando recursos ya existentes.
Garavano sumó una crítica cultural al sistema: la tendencia a priorizar campañas dirigidas a grupos específicos de víctimas, como las de femicidio o trata, genera una distinción incómoda entre víctimas de primera y víctimas de segunda, y eso debe corregirse. La capacitación de jueces, señaló, debe incluir obligatoriamente la atención a las víctimas en términos generales, no solo en abordajes puntuales.
También reclamó que el Ministerio Público Fiscal reoriente sus estadísticas y su análisis de gestión desde la perspectiva de las víctimas, algo que hoy es una deuda pendiente. Y planteó que el abordaje de este tema debe despolitizarse, porque afecta al conjunto de la sociedad y requiere perfiles técnicos capacitados en las posiciones clave de los ministerios y el Poder Judicial.
La crítica al abolicionismo penal y al sistema penitenciario
La jornada continuó con la exposición de Francisco Javier Pascua, jefe de unidades fiscales de investigación y de juicio oral y magíster en criminología, en donde rechazó tanto el abolicionismo ideológico como el populismo punitivo, apostando por un derecho penal reformista que coloque a la víctima en el centro. Advierte que “la ley aplicada incorrectamente por el factor humano genera impunidad”, señalando que de nada sirven buenas normas si quienes las ejecutan carecen de integridad y formación técnica.
Por lo que propone un enfoque tridimensional que abarca la prevención social antes del delito, la ley como limitador abstracto y, ante hechos graves, la sanción retributiva; porque, según Pascua, ciertos bienes jurídicos como la vida, la libertad y el honor “no son negociables mediante medidas alternativas de justicia”.
En cuanto al sistema penitenciario, Pascua subrayó que el trabajo y la educación dentro de las cárceles son no solo legales sino necesarios, respaldados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos —conocidas como Reglas de Mandela—, que únicamente prohíben el trabajo forzado o inhumano.
Criticó la inversión desproporcionada en elementos de control por sobre la formación, y la designación de funcionarios sin capacidad técnica al frente de los penales. Concluyó que los tres pilares irrenunciables son la sanción retributiva, la formación obligatoria y la centralidad de la víctima en todo el proceso, exigiendo a fiscales y servidores públicos “seriedad y vocación de servicio” para que el sistema no se convierta en una fuente de impunidad.
Una justicia justa en vez de abolicionismo penal
Jimena Molina volvió a tomar la palabra, esta vez para profundizar respecto a su postura frente al abolicionismo penal. Planteó la tensión entre abolicionismo penal y justicia justa. Explicó que el abolicionismo penal hunde sus raíces en la criminología crítica de raíz marxista, que concibe al delincuente como un oprimido por el Estado capitalista y, en consecuencia, prioriza sus derechos por encima de los de quien sufrió el delito.
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Frente a este panorama, Molina rescata postulados clásicos de Santo Tomás de Aquino y Francesco Carnelutti, que concebían la pena como “restitución de honra” para quien fue dañado, contrastándolos con el predominio actual de obras abolicionistas en la formación jurídica. Sin embargo, destacó la sanción de leyes como la Ley 27.372 en Argentina, que garantiza que la víctima sea notificada y escuchada, aunque advierte que la opinión vinculante de esta “no siempre es aceptada por los legisladores”.
La meta final que propone es un giro copernicano: construir una justicia con perspectiva de víctima, anclada en la victimología científica y en la evidencia, no en ideologías que invierten el sentido mismo del sistema penal.
Para cerrar, Marcelo Aebi, miembro del Comité Científico de la Usina de la Justicia e investigador de criminología, retoma su crítica a la Criminología Crítica —cuyo texto de referencia sigue siendo la obra de Alessandro Baratta de 1982, aún presente en posgrados latinoamericanos— articulándola en tres ejes.
En el plano epistemológico, señala que la teoría no es científica porque no es falsable: funciona como un dogma inmunizado contra la refutación, a diferencia de lo que exige una verdadera teoría. En el metodológico, denuncia la confusión entre prevalencia e incidencia, que lleva a la conclusión errónea de que todos son delincuentes. En el político, apunta a la confusión entre ciencia e ideología.
