El Poder Legislativo de Venezuela aprobó una ley que deroga el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). Este organismo es el encargado de investigar y juzgar a individuos acusados de crímenes internacionales graves, y actúa como tribunal de última instancia cuando la justicia nacional no puede o no quiere hacerlo. De esta forma, se convertiría en el primer país de América Latina en retirarse.
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En 2018, el tribunal internacional inició una investigación sobre Venezuela a pedido de algunos países. Pese a los intentos de Nicolás Maduro para frenarla, la Corte continuó con las inspecciones ligadas a crímenes de lesa humanidad. Esta sería una de las principales causas detrás de la salida, aunque desde el gobierno venezolano argumentan que la CPI actúa como “instrumento del imperialismo” sin imparcialidad.
Venezuela y su inminente salida de la Corte Penal Internacional
La votación en la Asamblea Nacional se produce en un contexto marcado por la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Para el régimen, el proceso representa una amenaza directa, ya que el tribunal investiga responsabilidades penales individuales y no a los Estados, lo que podría alcanzar a funcionarios de alto rango del gobierno.
Aunque el retiro del Estatuto de Roma no anula las causas ya iniciadas, sí restringe la competencia futura del tribunal sobre hechos que puedan ocurrir tras la salida formal. En ese sentido, la decisión legislativa se interpreta como un intento de limitar el margen de acción de la Corte y reducir la presión judicial internacional sobre el Ejecutivo venezolano.
Desde el gobierno de Nicolás Maduro, la medida fue presentada como un acto de defensa de la soberanía nacional. Según su discurso, la CPI es señalada como un organismo politizado y alineado con intereses externos, una postura que se enmarca en la histórica confrontación del régimen venezolano con instancias multilaterales de control y monitoreo internacional.
Sin embargo, la iniciativa genera preocupación entre organismos de derechos humanos y actores de la comunidad internacional. Estos advierten que la salida de la Corte podría profundizar el aislamiento diplomático de Venezuela y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas frente a denuncias por violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Venezuela se retira del CPI: cómo es el proceso y qué países lograron retirarse
La salida de un Estado de la CPI está contemplada en el propio Estatuto de Roma. El procedimiento exige una notificación formal al Secretario General de las Naciones Unidas, tras lo cual la renuncia entra en vigor un año después. Durante ese período, el país sigue sujeto a las obligaciones del tratado.
En ese marco, aun cuando Venezuela complete el proceso, la CPI mantendrá competencia sobre los crímenes presuntamente cometidos mientras el país era parte del Estatuto. Esto implica que las investigaciones en curso no se ven interrumpidas ni invalidadas por la decisión de retiro.
En la práctica, son pocos los países que concretaron su salida del tribunal. Burundi, en 2017, y Filipinas, en 2019, son hasta el momento los únicos Estados que completaron el proceso. En el caso filipino, si bien el actual gobierno manifestó en distintas oportunidades su disposición a restablecer vínculos con la Corte, el país aún no reingresó formalmente al Estatuto.
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Más recientemente, Mali, Burkina Faso y Níger anunciaron su decisión de abandonar la CPI, en un contexto de fuerte confrontación con organismos internacionales y tras cuestionar al tribunal por un supuesto sesgo político. Sin embargo, estos retiros todavía no son efectivos, ya que el procedimiento formal aún no fue completado ante Naciones Unidas.
Por otra parte, países como Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel y Turquía no están sometidas a la jurisdicción de la CPI, porque no ratificaron el tratado. En América Latina, la eventual retirada de Venezuela marcaría un hecho sin precedentes, al tratarse del primer país de la región en avanzar formalmente hacia el abandono del tribunal internacional.
