La regulación estatal de la producción, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados marca un punto de inflexión en la política de combate a las drogas en la región.
Con el voto favorable de los 16 senadores del Frente Amplio (sobre un total de 29 presentes), este martes 10 de dicembre, el Parlamento uruguayo dio un paso trascendental hacia la despenalización del consumo de marihuana, a partir de sanción del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que regula la producción, la comercialización y la distribución de cannabis. La medida es pionera a nivel latinoamericano y podría convertirse en el modelo para una nueva regulación en la materia. Sin embargo, la oposición uruguaya cuestionó la constitucionalidad de la norma y desde los organismos internacionales se hizo un llamado de atención a las autoridades orientales sobre la violación de los tratados preexistentes en materia de drogas.
Haciendo gala de su habitual pragmatismo, el presidente Pepe Mujica considera que se trata de “un experimento de vanguardia en el mundo entero” y sostuvo que el objetivo es “no dejar solos a los jóvenes en la clandestinidad, teniendo en cuenta que cuando uno es joven suele verse atraído por lo prohibido”. Por su parte, el subsecretario de Salud Pública del Uruguay, Leonel Briozzo, aseguró que esta nueva política “nace dentro del contexto de las medidas por la convivencia y la seguridad pública y es una propuesta absolutamente revolucionaria”. “Las leyes cambian las percepciones de la gente si son racionales, si se implementan con seriedad, si la opinión pública las puede entender y hay un debate respetuoso”, afirmó el funcionario.
LA NUEVA LEGISLACIÓN URUGUAYA
La ley que establece, en su artículo 2º, que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal”. A tal efecto se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que será el encargado de otorgar las “licencias de expendio” a las farmacias, que no podrá superar los 40 gramos mensuales por persona, y tendrá a su cargo la creación de un “registro de usuarios, protegiendo su identidad, manteniendo el anonimato y la privacidad”.
La norma consiente además “la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480 gramos anuales”. Por otra parte, el Poder Ejecutivo autorizará la conformación de “clubes de membresía”, con un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios, que “podrán plantar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener como producto de la recolección de la plantación un máximo de acopio anual proporcional al número de socios”, respetando la regulación autorizada para el “uso no medicinal” de esa sustancia. Estos clubes serán controlados por el IRCCA.
El capítulo referido a la salud y educación de la población y de los usuarios prevé la implementación de “las políticas y dispositivos pertinentes para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis”, así como de “los dispositivos de atención adecuados para el asesoramiento, orientación y tratamiento de los usuarios problemáticos”. La Junta Nacional de Drogas –la Sedronar uruguaya– estará, a su vez, “obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto de los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas”. En el ámbito escolar, se establece la inclusión obligatoria de la materia “Prevención del Uso Problemático de Drogas” en los planes de estudio de los distintos niveles educativos. Se prohíbe, además, “toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de cannabis”. Además se prohíbe a los menores de 18 años e incapaces el acceso al “cannabis psicoactivo para uso recreativo”.
LA DESPENALIZACIÓN, EN LA AGENDA REGIONAL
La iniciativa del gobierno uruguayo recoge el guante del debate que se ha abierto en los últimos años en nuestro continente. En febrero de 2009, como co-presidentes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, los ex mandatarios César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo invitaron a discutir un “nuevo paradigma” que incluyera, en sus líneas directrices, el tratamiento del consumo de drogas como una cuestión de salud pública; la reducción del consumo mediante acciones de información y prevención; y la focalización de de las estrategias represivas sobre el crimen organizado. “En cuanto al consumo, los principios adoptados dejan espacio para iniciativas de despenalización o descriminalización de los usuarios, aunque ellas continúen siendo ilegales”, opinaron.
La mencionada Comisión dejó abierta la posibilidad de “descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal”, al identificar esa droga como la más difundida en América Latina y citando un informe de la Beckley Foundation en el cual “se argumenta que la marihuana tiene efectos negativos sobre la salud –sea directos o indirectos– menores que el alcohol o el tabaco”. “La propuesta de descriminalizar la marihuana –aclararon– está asociada a políticas públicas de control e informaciones sobre su uso, como ocurre con otras drogas lícitas”. Uno de los casos citados como ejemplo es el de Holanda, que en 1976 despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y su cultivo para uso personal, al tiempo que autorizó su venta bajo licencia en los denominados coffeeshops.
En 2012, por mandato de los jefes de Estados reunidos en 2012 en Cartagena de Indias, la OEA encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe sobre El Problema de las Drogas en las Américas, presentado en marzo de este año por el secretario general José Miguel Insulza. Allí se realizó un diagnóstico de la situación de las distintas sustancias psicoactivas y se advirtió que “la situación ilegal de las drogas es la principal causa de las sobredosis, tanto por la incertidumbre acerca de la pureza de lo que se compra como porque la ausencia de regulaciones alienta el uso de adulterantes que pueden por sí mismos provocar efectos peligrosos”. El trabajo asumió también que la opinión pública en la región ha comenzado a “alejarse, en forma gradual y desigual, de la fuerte oposición que antes existía a la legalización de las drogas” y ha advertido que “el consumo no problemático de cannabis requiere de políticas particulares al tratarse de un caso especial que difiere en buena medida con los casos de drogas más peligrosas como la cocaína, la metanfetamina o la heroína”.
Al ser consultado sobre las propuestas surgidas del citado informe, el secretario general Insulza consideró necesario “partir de la premisa de que se requiere un enfoque colectivo, porque cada país debería seguir haciendo represión respecto al narcotráfico”. Entendió conveniente salir del statu quo porque “a los narcotraficantes les conviene la ilegalidad” y se preocupó por diferenciar la legalización de la despenalización: “Legalización significa la decisión de no continuar controlando las drogas y permitir que circulen como cualquier otro producto. La despenalización implica que a determinados elementos dentro de la cadena no se los va a procesar criminalmente”. En ese sentido, opinó que “el consumo debe ser despenalizado en general” porque quien se encuentra en esa situación “no es un delincuente, sino un enfermo que debe ser tratado como tal”.
LOS REPAROS DE NACIONES UNIDAS
Más allá del consenso regional sobre un necesario cambio de enfoque en las políticas sobre drogas, no todos son elogios para el Uruguay. Apenas conocida la noticia de la media sanción de la ley que establece una nueva regulación sobre la marihuana, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de Naciones Unidas, advirtió a las autoridades orientales que la futura ley implicaría una “total contravención” de las disposiciones de los tratados internacionales de control de drogas, en particular la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 que incluye al cannabis entre las “sustancia sujetas a fiscalización” y prohíbe cualquier uso que no esté dirigido a fines médicos o científicos. “De ser adoptada, la legislación propuesta podría traer serias consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del abuso del cannabis entre los jóvenes”, manifestó el organismo.
“Está científicamente comprobado que los riesgos del cannabis son muy altos”, aseguró el titular de la JIFE, el belga Raymond Yans, quien rechazó que se trate de una “droga inocente”. Por otra parte, puntualizó que la normativa uruguaya “prevé la venta para adultos”, con lo cual “el mercado negro seguirá funcionando porque ese es el principal target de los grupos criminales que siguen vendiendo drogas; buscan nuevos clientes y todos sabemos que la población entre los 15 y 18 años está muy abierta a nuevos descubrimientos y seguirá intentando conseguir cannabis”. “Las mafias continuarán estando allí, el crimen organizado seguirá desarrollándose aún con más fuerza para intentar convencer a los jóvenes de que prueben el cannabis, porque no quedarán otros clientes, ya que los adultos estarán habilitados para conseguir marihuana en los locales del Estado”, concluyó.
La discusión está planteada. La postura mayoritaria en el continente apunta a una revisión de las políticas antinarcóticos, que actualmente criminalizan a los consumidores y que han demostrado muy poca efectividad, por el lado de la oferta, en el combate a los sectores más poderosos de la cadena de comercialización. Sin esperar la adopción de una postura común a nivel regional, Uruguay está dando un primer paso para permitir la fiscalización del cultivo, producción y comercialización de marihuana por parte del Estado. El tiempo dirá si se trata de una actitud temeraria o de un verdadero avance en pos de un enfoque más racional y realista del problema.
