El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, firmado a fines de 2024 tras más de dos décadas de negociaciones, buscaba consolidar un mercado común de más de 700 millones de personas. La iniciativa prometía beneficios tanto para las exportaciones agrícolas sudamericanas como para las industrias europeas, pero su ratificación volvió a chocar con un viejo obstáculo, la oposición de Francia.
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París considera que el texto actual del acuerdo no garantiza el cumplimiento de los compromisos ambientales, ni protege adecuadamente al sector ganadero y agrícola europeo. Esa postura, reafirmada en 2025, frena la entrada en vigor del tratado y reaviva tensiones dentro del bloque europeo.
Francia en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur: sus argumentos principales
Francia se mantiene como el país más crítico dentro de la Unión Europea frente al pacto con el Mercosur. Desde el inicio de las negociaciones en los años noventa, expresó su preocupación por los posibles efectos del acuerdo sobre su sector agrícola, uno de los más influyentes en su política interna.
El temor central radica en que las importaciones de carne vacuna y azúcar desde Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay generen una competencia desigual con los agricultores franceses, especialmente en regiones como Occitania, Nueva Aquitania y Borgoña, donde el sector ganadero tiene un peso político y social significativo.
Las organizaciones agrícolas, como la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), presionan desde hace años para que el Ejecutivo mantenga su oposición al acuerdo. Su argumento central se basa en que las diferencias en costos de producción y en regulaciones ambientales harían inviable competir en igualdad de condiciones.
A nivel político, el rechazo francés se inscribe en un contexto más amplio de debate dentro de la Unión Europea sobre el futuro de su política comercial. Francia impulsa una “doctrina de soberanía económica” que busca proteger sectores estratégicos y reforzar los estándares ambientales del bloque, en línea con el Pacto Verde Europeo.
Además, aseguran que el texto actual del acuerdo no contiene mecanismos de verificación sólidos para garantizar que los países del Mercosur cumplan sus compromisos en materia de deforestación, emisiones y trazabilidad de productos agrícolas.
El Ministerio de Transición Ecológica francés fue tajante al advertir que el pacto, en su forma actual, podría alentar prácticas que contradicen los objetivos climáticos europeos. En particular, Francia señaló la deforestación en el Amazonas como un punto crítico que debería ser abordado con medidas más estrictas antes de ratificar cualquier acuerdo.
La Comisión Europea, intentando destrabar la situación, presentó en septiembre una propuesta complementaria con nuevas cláusulas de sostenibilidad y salvaguardas comerciales.
Entre ellas se incluyen sanciones por incumplimientos ambientales, cuotas de importación limitadas y la posibilidad de suspender beneficios arancelarios si se detectan prácticas que vulneren los compromisos climáticos. También se prevé la creación de un fondo de apoyo para agricultores europeos afectados. Sin embargo, hasta el momento, estas medidas no lograron revertir el rechazo del gobierno francés.
Esta posición no fue respaldada por Austria, Irlanda y los Países Bajos, que comparten preocupaciones similares, mientras que otros miembros, como Alemania, España y Portugal, presionan por avanzar en la ratificación para reforzar los lazos con América del Sur y consolidar la influencia europea frente a China y Estados Unidos.
Un rechazo que no es nuevo: los antecedentes franceses
La negativa de Francia a ratificar el acuerdo con el Mercosur no es una sorpresa. Desde hace más de dos décadas, el país se mostró reacio a cualquier apertura comercial que afecte a su sector agropecuario.
En los años 2000, durante el gobierno de Jacques Chirac, Francia se opuso firmemente a los intentos de flexibilizar las cuotas agrícolas dentro de las negociaciones con el bloque sudamericano. En ese momento, el argumento era el mismo que hoy: proteger a los productores locales frente a una competencia que consideran desleal.
En 2019, bajo la presidencia de Emmanuel Macron, se volvió a frenar el proceso de ratificación del acuerdo alcanzado ese año entre la Comisión Europea y el Mercosur. El mandatario calificó el texto como incompatible con los compromisos del Acuerdo de París y apuntó directamente a la política ambiental del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuestionando la gestión de los incendios y la deforestación en la Amazonia.
Ese rechazo marcó el inicio de una nueva etapa de tensiones dentro de la UE, que desde entonces no logró alcanzar una posición común sobre el tema.
En 2021 y 2022, Francia impulsó dentro del Consejo Europeo la inclusión de un protocolo adicional de garantías ambientales y sanitarias, exigiendo la posibilidad de suspender las preferencias arancelarias si alguno de los países del Mercosur incumplía los compromisos climáticos.
El nuevo acuerdo de 2024 parecía ser la oportunidad definitiva para destrabar más de 25 años de negociaciones. Sin embargo, el cambio de contexto político en Europa, marcado por el ascenso de fuerzas agrícolas y ecologistas, volvió a frenar el proceso.
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Esta serie de rechazos evidencia que la posición francesa responde tanto a factores económicos como políticos. La agricultura es un pilar de la identidad nacional y un tema central en la agenda electoral del país.
De esta manera, los países del Mercosur observan con frustración cómo un solo Estado miembro puede paralizar un acuerdo que consideran histórico. Para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el tratado simboliza un paso hacia una mayor inserción internacional y un acercamiento político con Europa. Sin embargo, la reiterada oposición francesa refuerza la percepción de que el vínculo birregional continúa atrapado en intereses nacionales y en las tensiones internas del bloque europeo.
