El Center for Defense Reforms (CDS), un think tank de Ucrania, acaba de publicar un informe sobre las atrocidades de las fuerzas de ocupación rusas en el país. Este instituto denuncia que los campos de internación, las deportaciones forzadas, la conscripción de ciudadanos ucranianos, la “rusificación” coercitiva y la imposición ilegal de la ciudadanía rusa constituyen “graves violaciones al derecho internacional humanitario”.
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Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al mes de abril de 2025 había más de 6,9 millones de ucranianios refugiados en distintos países. Por otro lado, siempre en base al citado informe, aproximadamente 6 millones de ciudadanos ucranianos –entre ellos alrededor de 1,5 millones de niños– siguen viviendo en los territorios ocupados, donde sufren políticas de “limpieza étnica” por parte de Rusia.
Guerra en Ucrania: deportaciones forzadas y limpieza étnica
El centro de investigación ucraniano cita como ejemplo de “limpieza étnica” la existencia de 807 centros de acomodación temporaria de ciudadanos ucranianos dentro de la Federación Rusa. Entre los desplazados de manera forzosa, se menciona el caso de familiares de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin y su comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos.
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Desde el punto de vista del Derecho Internacional, se menciona el antecedente de los crímenes cometidos por las fuerzas serbobosnias durante la guerra de Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Así lo determinó el Tribunal Penal Internacional para Crímenes en la ex Yugoslavia en 2016, cuando condenó a Radovan Karadžić por crímenes de lesa humanidad, entre ellos la deportación forzada de ciudadanos de otros grupos étnicos, considerada una práctica de “limpieza étnica”.
Ciudadanía forzada y “rusificación” de los ucranianos
Uno de los elementos claves de la estrategia deliberada de la Federación Rusa, que según el informe del CDS busca “purgar a los ucranianos de los territorios ocupados”, es la “imposición forzada de la ciudadanía rusa y la campaña sistemática de rusificación”. Se hace referencia, de manera concreta, al decreto emitido por Putin en marzo de este año, que obliga a los ucranianos residentes en las zonas anexionadas ilegalmente por Moscú a obtener la ciudadanía rusa antes del 10 de septiembre de 2025.
Con respecto a las responsabilidades políticas en estas violaciones del Derecho humanitario, el think tank ucraniano remite a declaraciones del exmandatario Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. En mayo pasado, el funcionario calificó a Ucrania como “un país en vías de desaparición” y propuso agregar una cuarta “D” a los objetivos de la denominada “operación militar especial” de las fuerzas rusas. A las ya conocidas “desmilitarización, desnazificación y democratización”, proclamadas por Putin el día de la invasión, Medeved añadió la “desparasitación”, al señalar que los ucranianos deben “aprender a vivir de forma independiente y asumir la responsabilidad de sus acciones”.
Para frenar estas atrocidades, el Center for Defense Reforms (CDS) considera imprescindible el despliegue de una misión humanitaria de Naciones Unidas en las zonas ocupadas por Rusia, para proteger los derechos de la población ucraniana.
