El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Gobierno impulsará la pena de muerte en Washington D. C. como parte de una política ofensiva contra el descontrolado aumento criminal en la capital. La medida se enmarca en el reciente despliegue de la Guardia Nacional, destinado a reforzar la seguridad y reducir la violencia.
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Durante su declaración, Trump comparó los niveles de criminalidad en Washington con los de países como Colombia y México, subrayando la necesidad de endurecer las penas ante los delitos graves.
Washington: jornadas sin asesinatos tras la llegada de la Guardia Nacional
Durante los primeros días de agosto, Trump presentó un nuevo plan en vistas de “embellecer” la capital de los Estados Unidos tras años de gestión demócrata. De esta manera, no solo desplazó a los individuos sin hogar, sino que además desplegó a la Guardia Nacional, la fuerza de reserva militar que vela por la seguridad interna.
De esta manera, y según datos preliminares de la policía de este enclave federal, se llegó a una racha de más de 10 días sin asesinatos. Es aquí donde el mandatario estadounidense plantea, como solución a largo plazo, la posibilidad de agravar las consecuencias para quienes comentan delitos como el homicidio.
Pena de muerte: más de 40 años de su abolición en el Distrito de Columbia
El distrito federal de Washington forma parte de los 21 Estados que eliminaron la pena capital como sanción penal. Sin embargo, dado que Estados Unidos se organiza bajo un sistema federal de soberanía compartida, cada estado conserva la facultad de establecer su propia legislación en esta materia, lo que explica por qué la pena de muerte sigue vigente en la mayoría del país.
En el caso particular del Distrito, la pena de muerte fue abolida definitivamente en 1981, cuando el Concejo Municipal derogó la normativa que aún contemplaba su aplicación. La decisión llegó después de 24 años de inactividad, dado que la última ejecución en la capital se había realizado en 1957, y respondió a una creciente presión social y política contra tales castigos.
En 1992, un referéndum vinculante impulsado por sectores conservadores locales buscó reinstaurar la pena capital. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el 74% de los votantes, consolidando la postura abolicionista de la ciudad en un momento en el que atravesaba una ola de violencia vinculada a la epidemia nacional del crack, con un récord de homicidios en 1991.
¿Podría Trump conseguir la reactivación de esta normativa?
Pese a su iniciativa, Donald Trump no posee la facultad de restablecer directamente la pena de muerte en Washington, dado que la capital abolió previamente esta sanción.
Sin embargo, para que esta condena se reinstaure en la capital de Estados Unidos, sería necesario que el Concejo Municipal, que actualmente cuenta con mayoría demócrata, apruebe una nueva legislación. En tal caso, posteriormente, debería ser revisada por el Congreso, conforme a lo establecido en la Sección 602 del Home Rule Act de 1973.
Si el Concejo vota en contra de la medida, la legislación no llegaría al Congreso y la pena de muerte seguiría sin efecto. Cabe señalar que, en última instancia, el Congreso puede aprobar o bloquear leyes locales ya votadas por el Concejo, pero no tiene autoridad para imponer normas locales de manera unilateral.
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De esta manera, la reinstauración de la pena de muerte en Washington como sanción general resulta altamente improbable, debido a la combinación de dos factores: la necesidad de que un Concejo Municipal demócrata apruebe el cambio y la histórica oposición de los residentes a la pena de muerte.
