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Terremoto en Myanmar: un país azotado por violencia, golpes militares y violaciones a los derechos humanos

El país del sudeste asiático ha vivido bajo la sombra del poder militar, con solo dos breves intervalos de gobiernos democráticos en sus 76 años de vida independiente. La represión de las insurrecciones internas y las graves denuncias de violaciones de los derechos de las minorías ponen en la picota al gobierno de Myanmar.

Con epicentro en la región de Sagaing, al noroeste del país, el terremoto que sacudió Myanmar, de 7,7 grados de magnitud en la escala Richter, ha dejado un saldo provisorio de más de 1700 muertos, 3400 heridos y unos 300 desaparecidos. La tragedia se produce en un país con una tasa de pobreza del 49,7% e inmerso en una serie de conflictos y violencia sectaria desde hace décadas.

“El fuerte terremoto golpeó al país en el peor momento posible”, advirtió Sheela Matthew, subdirectora del Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Myanmar. “El país no puede permitirse otro desastre”, señaló la funcionaria de la ONU. La antigua Birmania, rebautizada como Myanmar en 1989, enfrenta una grave situación de inseguridad alimentaria, que afecta a 15 de sus 54 millones de habitantes, según cifras del WFP. Por su parte, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, existen actualmente unos 2,6 millones de desplazados internos.

El terremoto de 7,7 grados en la escala Richter ha dejado un saldo provisorio de más de 1700 muertos y 3400 heridos.

Myanmar: de una independencia tumultuosa al último terremoto

Esta antigua colonia británica nació a la vida independiente en un contexto de violencia política y difícil convivencia entre las distintas etnias del país, que alberga al menos 135 grupos en un territorio de 676.578 km2. En julio de 1947, el general Aung San, considerado el “padre de la patria”, y seis de sus ministros fueron asesinados en Rangún, la entonces capital birmana. Antes de su muerte, Aung San, perteneciente al grupo étnico mayoritario –los bamar–, había firmado los acuerdos de Panglong con representantes de las tres principales etnias minoritarios –chin, kachin y shan– con el objetivo de formar un gobierno interino de unidad nacional.

Conseguida la independencia en 1948, esta nueva nación del sudeste asiático vivió una breve primavera democrática, que se interrumpió en 1962 con el golpe militar liderado por el general Ne Win. Al frente del Tatmadaw –las Fuerzas Armadas birmanas–, el nuevo dictador ejerció el poder con mano dura durante las siguientes dos décadas y siguió maniobrando en las sombras hasta su retiro de la vida política, en 1988.

El general Aung San, segundo desde la izquierda, lideró el movimiento independentista y fue asesinado en 1947.

La rebelión de los distintos grupos minoritarios contra el dominio del Tatmadaw y de la etnia mayoritaria desencadenó la violencia en distintas regiones del país. El Ejército de Liberación Nacional Karen, el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang son algunos de los grupos guerrilleros que proliferaron a partir del fracaso de un proyecto de independencia que fuera inclusivo y garantizara los derechos de toda la población a mantener su propia cultura y participar de la vida política nacional.

Aung San Suu Kyi, una heroína democrática caída en desgracia

Tras la sangrienta represión ocurrida en 1988, en el marco del levantamiento conocido como “8-8-88” –que se produjo el 8 de agosto de ese año–, hubo tímido intento de apertura política. En ese contexto, la Liga Nacional para la Democracia, liderada por la hija del general Aung San, se impuso en las elecciones de 1990, los primeros comicios libres desde 1960.

El movimiento conducido por Aung San Suu Kyi, quien había regresado al país tras 28 años en el exilio, consiguió una abrumadora mayoría de escaños en el Parlamento. Sin embargo, la junta militar desconoció los resultados y puso a la líder de la oposición en arresto domiciliario. En 1991, mientras aún se encontraba detenida, Aung San Suu Kyi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Aung San Suu Kyi es la histórica líder de la oposición democrática, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991.

La líder del movimiento prodemocrático permaneció en prisión durante 15 de los siguientes 21 años. Recién en noviembre de 2010 fue liberada, en el marco de una nueva apertura democrática, que desembocó en unas elecciones celebradas bajo las condiciones impuestas por la junta militar. En 2015, tras un lustro de gobierno compartido entre los uniformados y las fuerzas de oposición, se desarrollaron elecciones libres y democráticas, con el triunfo aplastante de la Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi. Ella sería designada como una suerte de primera ministra o jefa de gabinete del nuevo presidente, Htin Kyaw, primer mandatario civil elegido democráticamente desde 1962.

Sin embargo, la primavera democrática llegó a su fin en febrero de 2021, cuando Aung San Suu Kyi fue nuevamente puesta bajo arresto domiciliario y el general Min Aung Hlaing tomó las riendas del país. Desde entonces, la represión de la oposición y la lucha frontal contra los movimientos rebeldes de las etnias minoritarias volvieron al centro de la escena.

La deportación y la persecución de la población de etnia rohingya es una mancha para el régimen que gobierna Myanmar.

La rebelión azafrán y la catástrofe humanitaria de los rohingya

Durante las últimas dos décadas, Myanmar también se vio sacudida por dos acontecimientos que generaron cuestionamientos en el exterior por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno. En septiembre de 2007, estalló la denominada “revolución azafrán”, liderada por grupos estudiantiles y monjes budistas, contra el aumento del 500% en los precios de los combustibles. El movimiento se convirtió en el mayor desafío a la junta militar de las últimas dos décadas. La represión del gobierno de facto se saldó con unos 6000 detenidos, entre ellos unos 1400 monjes.

En la última década, otro grave episodio de violación de los derechos humanos en Myanmar movilizó a la comunidad internacional. El desplazamiento forzoso de la población de etnia rohingya, una minoría musulmana que vive en un limbo legal por no ser considerados ciudadanos de pleno derecho de Myanmar, generó la condena de las principales organizaciones humanitarias y denuncias por crímenes contra la humanidad contra el gobierno. En 2017, huyendo de la represión, más de 750.000 rohingyas cruzaron la frontera con Bangladesh, un país musulmán que les ha brindado acogida, pero no tiene los medios para hacer frente a esta verdadera catástrofe humanitaria.

En 2017, más de 750.000 rohingyas cruzaron la frontera con Bangladesh, escapando de la represión de la junta de Myanmar.

En 2024, en el marco de la investigación de la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan solicitó una orden de arresto contra el general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar, al que consideró “penalmente responsable de los crímenes contra la humanidad de deportación y persecución de la población rohingya, cometidos en Myanmar y, en parte, también en Bangladesh”.

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