Por Natalia Peritore (*)
El desarrollo de la pandemia del coronavirus ha abierto múltiples interrogantes: desde su impacto a nivel individual, hasta su repercusión sobre el orden mundial. Actualmente, se habla, de forma acertada, acerca de una crisis del multilateralismo y de la falta de un liderazgo a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud no está atravesando, de hecho, un momento de gran legitimidad. Asimismo, se perciben Estados más competitivos que cooperativos, sobre todo entre aquellos que detentan mayor poder y que se disputan, por ejemplo, el triunfo por la vacuna contra el COVID-19. Ciertamente, hoy no hallamos ese liderazgo ni en la figura de un Estado ni en la figura de una organización internacional.
¿Y qué sucede en materia de derechos? El debate acerca de la cuarentena decretada por causa de la pandemia, su extensión, sus consecuencias y su legalidad se inscribe en ese ámbito. Así, por ejemplo, ha sido materia de debate la constitucionalidad de las medidas dispuestas por los decretos 260 y 297 en la República Argentina. En un interesante escrito sobre el particular, Alberto Castells se pregunta si el estado de excepción nos coloca frente a un nuevo paradigma de gobierno sobre la base de “deslices constitucionales”. No lo sabemos. Pero la incertidumbre reinante a nivel global y local no parece clarificar el panorama.
¿Nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión en el primer cuarto del siglo XXI? Sin lugar a dudas, los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S) marcaron el primer punto de inflexión del siglo en el ámbito de las relaciones internacionales. Si bien ya se había comenzado a teorizar acerca de la existencia de actores de naturaleza no estatal desde las últimas décadas del siglo XX, con el 11S los grupos terroristas transnacionales irrumpieron en la escena internacional y dejaron al Estado al desnudo: ¿podía la nación más poderosa del mundo, vencedora de la Guerra Fría, hacer frente a esta amenaza? La posterior sucesión de hechos ha evidenciado que no.
Una pléyade de artículos académicos ha dado cuenta de las “nuevas” amenazas a la seguridad internacional, calificándolas de ese modo cuando, en realidad, la mayor parte de ellas no eran novedosas en sí mismas. Sí, lo era su jerarquización en la agenda internacional y la transnacionalidad como marca característica. A partir del 11S vimos cómo se ha apelado a la necesidad de la cooperación internacional en detrimento del accionar eminentemente unilateral y punitivo que ha manifestado Estados Unidos en la era Bush (h). Fuimos testigos de un liderazgo fuerte asumido por este país, aunque cierto es que el multilateralismo no fue su estandarte.
Comenzamos a hablar acerca de la porosidad de las fronteras, así como de la difusión de la división existente entre política interior y política exterior. Fuimos testigos del avance sobre los derechos civiles. Podemos mencionar la instalación de equipos de vigilancia en lugares de gran concentración de personas, así como la aprobación de la Patriot Act en Estados Unidos que dio lugar, por ejemplo, al monitoreo de conversaciones telefónicas de sospechosos de terrorismo sin necesidad de orden judicial y a la intercepción del correo electrónico.
Vivimos un desequilibrio en la relación entre la seguridad y la libertad. La sociedad civil es el nuevo campo de batalla elegido por el enemigo “deshumanizado”, la protección de la población debía ser la piedra angular de toda política seguida por los Estados. Esta responsabilidad máxima legitimaba el avance sobre las libertades individuales dado el estado de excepción reinante.
A este respecto, es válido señalar lo manifestado por Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, acerca del estado de excepción. Sobre el particular, la experta señaló que los poderes que poseen los gobiernos en tiempos de emergencia deben ser limitados y que las restricciones impuestas en consecuencia deben servir como medio para el retorno del normal funcionamiento del sistema legal de protección de derechos.
Así como se “legitimaba” el avance sobre la privacidad de las personas en Estados Unidos en pos de la seguridad nacional (no sin sus detractores, claro está), hoy sucede en pos de la seguridad humana bajo la figura de la cibervigilancia, el reconocimiento facial, el uso de drones, el monitoreo por medio de aplicaciones, etc.
Del mismo modo que, por causa del 11S, la incertidumbre caracterizaba el fin del mundo conocido y las incipientes líneas del naciente, ¿podríamos hoy plantear esta incertidumbre frente a la pandemia del coronavirus? Nos encontramos frente a una situación en la que los Estados deben enfrentar una amenaza no convencional y proteger a su población. Pero el eje ya no pasa por la seguridad del Estado, sino por la seguridad humana. Más allá de manifestaciones de cooperación que han surgido, se evidencia una vuelta “hacia dentro” de los Estados, haciendo gala de su soberanía y del monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Evidentemente, estamos ante un nuevo punto de inflexión. Y no muy alejados de aquel 11S. La historia nos ha enseñado que, tras el fin de grandes guerras, han surgido nuevos órdenes geopolíticos. Ciertamente, no estamos en medio de un conflicto bélico. Pero sí en medio de un escenario que, dada su envergadura, configurará una nueva distribución y naturaleza del poder. ¿Será que también producirá una nueva mirada acerca de los “deslices constitucionales” a los que Castells hace referencia en el marco de regímenes democráticos? El tiempo nos responderá.
(*) La autora de este artículo es Magister en Estrategia y Geoplítica, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesora.
