Una superficial mirada sobre los sectores básicos constituyentes de las coaliciones político-sociales que conforman las estructuras de poder del denominado “eje bolivariano”, nos mostraría un rol activo y central de las Fuerzas Armadas, que se confirmaría con un análisis más profundo.
El caso más paradigmático es sin duda Venezuela, donde el propio gestor del movimiento es un teniente coronel paracaidista retirado, el cual, junto a otros efectivos dotados de una diversa combinación de aspiraciones personales, pasiones ideológicas y/o indignación por la matanza de civiles durante el “Caracazo” de 1989, se alzaron en armas contra el gobierno electo de Carlos Andrés Pérez. Por esas paradojas del destino, este socialdemócrata en su primer paso por la presidencia en los 70 había impulsado nacionalizaciones petroleras, reformas sociales y mantenido una activa política de respaldo a la izquierda sandinista en Nicaragua y de diálogo respetuoso con Cuba. Si bien el golpe de Chávez fracasó, los pocos minutos de TV con los que contó para comunicar su rendición fueron claves para que millones de personas se sintiesen identificadas con muchos de sus reclamos y posturas.
Siete años después, el joven paracaidista llegaría a la primera magistratura. Desde ese momento, y mucho más aún después de sobreponerse, por una mezcla de suerte y capacidad propia, a su derrocamiento a comienzos del año 2002, mandos militares tanto retirados como en actividad pasaban a ocupar cargos ministeriales, a la cabeza de empresas del Estado o nacionalizadas, embajadas, en el legislativo y en gobernaciones y municipios. Algunos rápidamente, para no volver, pero otros irían cambiando de puestos, siempre en las esferas más importantes del poder en Venezuela.
Una vez que el boom de las materias primas y de la consolidación de Chávez en su política interna después del fallido golpe de 2002 y del paro gerencial de la principal empresa petrolera venezolana ocurrido en 2002-2003, esa elite militar involucrada activamente en política nacional y partidaria pasaría a contar también con suculentas compras de armamento. Básicamente provenientes de Rusia y, en menor medida, China, Bielorrusia y España.
Basta recordar que, al momento de llegar Chávez al poder en 1999, el valor del barril de petróleo era levemente inferior a los 20 dólares vis a vis los 90, 100 y hasta 120 dólares que registró en el último lustro. En otras palabras, se quintuplicaron los ingresos, ya que el crudo representa el 94 por ciento de los ingresos de dólares al país. El importador principal, con 1.5 millones de barriles diarios sobre una producción total exportable de 2.5 millones, del oro negro venezolano fue y es Estados Unidos.
Desde ya, luego de 14 años de chavismo, el argumento de que esta realidad es “un mal necesario y transitorio” en la lucha contra el “Imperio del Mal” y la “burguesía transnacional” suena cada vez menos creíble, pero no por ello genera mayores problemas en el relato revolucionario. Como tampoco lo hacen las miles de estaciones de servicio que el Estado de Venezuela controla en territorio estadounidense. Con la esperanza siempre latente de que en algún momento China logre importar más crudo bolivariano que el “socio-enemigo” gringo.
El propio presidente Chávez no duda en calzarse periódicamente uniformes militares y su gorra roja de paracaidista, que por esas vueltas del destino hacen pensar a muchos que el rojo viene de alguna cuestión ideológica izquierdista. Puede ser real, pero en este caso el originador del color es la rama del ejército que él integraba.
En la Bolivia de Evo Morales, el actual gobierno les ha dado un activo rol a los militares en la toma y posterior administración de empresas nacionalizadas. En especial en el sector petrolero, gasífero y energético. El propio Morales siempre recuerda con orgullo su paso por el servicio militar; y destacados asesores o funcionarios de su gobierno provienen de las filas militares. En un reciente discurso, el exlíder cocalero y actual presidente convocó a conformar un poderoso ejército antiimperialista en Bolivia. Aun con presupuestos limitados, La Paz no ha dudado en aceptar e incorporar armamento proveniente de países amigos (China, Venezuela, Cuba, etc.), así como asesores y compra de material bélico; tema que, por razones ideológicas y geopolíticas, ha venido generando resquemor en Paraguay.
Los otros dos casos que se pueden citar son los de Ecuador y Nicaragua. En este último, el movimiento sandinista tiene una histórica relación y formación con las milicias guerrilleras que tomaron el poder a fines de la década del 70 y cuyo jefe histórico por dos décadas fue el hermano del actual presidente Ortega. Con el argumento del peligro de “agresión imperialista” del eje Colombia-EE. UU. en los años pasados, Managua ha buscado reforzar sus inversiones en defensa, estado operativo y poder de sus militares.
En lo que respecta a la situación ecuatoriana, es más ambigua pero no por ello rompe con la regla que venimos señalando hasta ahora. La larga tradición de las Fuerzas Armadas del Ecuador de ser un actor activo en la aceleración del avance de la democracia a fines de los 70, su tendencia a impulsar agendas “progresistas” en lo social y el elevado prestigio y poder económico-empresarial que traen desde hace mucho tiempo, genera que Correa no haya podido (o querido) manipular totalmente y a beneficio propio las instituciones armadas. El intento de golpe policial que padeció este presidente pocos años atrás, no hizo más que reforzar el rol de los militares como factor de estabilidad y, hasta cierto punto, parte de la sustentación del gobierno.
En otras palabras, un buen indicador para saber si algún gobierno de la región se orienta decididamente hacia un esquema político, económico y social de matriz bolivariana, es mirar cuál es su relación a nivel de discurso, presupuesto, espacios de poder otorgados y reconocimiento a los militares. Paradojas de la historia, el ver cómo la tan mentada polinización y partidización de las instituciones militares eran atribuidas con justa razón a las derechas conservadoras en el siglo pasado y ahora ocurre un fenómeno con ciertos tintes semejantes, pero por el otro extremo del arco ideológico.
Como advertía el destacado politólogo Samuel Huntington en su clásico El soldado y el Estado, de mediados del siglo pasado, la penetración de las matrices partisanas y de política electoral y de poder en las Fuerzas Armadas era un sendero que llevaba a fuertes grados de desprofesionalización, erosión moral y peligrosas lógicas facciosas. Nos gustaría poder atribuir dicha visión a la incapacidad de este académico para entender cabalmente la realidad. Sin embargo, el solo recordar que Huntington escribió en 1992 El choque de civilizaciones, once años antes del 11 de septiembre de 2001, nos impide hacerlo, ya que, a partir de esa fecha, la teoría se transformó en traumática realidad.
