Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC) y exfuncionaria del gobierno de Gabriel Boric, pasó al ballotage en las elecciones presidenciales de 2025 de Chile. El próximo 14 de diciembre, se enfrentará al republicano José Antonio Kast y promete profundizar el rol del Estado en materia de seguridad, economía, salud, vivienda y derechos sociales.
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La candidata oficialista nació en Santiago de Chile en 1974, es administradora pública y magíster en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Fue dirigente estudiantil, dirigente sindical y ocupó puestos clave en la administración pública, incluyendo el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social a partir de 2022.
El avance de Jara hacia la segunda vuelta llega en un escenario político marcado por un descontento generalizado con la administración actual, con un 62% de disconformidad. El fracaso de la reforma constitucional es uno de los principales hitos de conflicto, sumado al aumento sostenido de la inseguridad desde 2021, y niveles de pobreza que pasaron de un 6,5% a un 22,3% de la población en los últimos tres años.
Jeannette Jara: su apuesta para un Estado más presente
El programa de Jeannette Jara está compuesto por cuatro ejes centrales: economía, seguridad, salud y migración. Uno de sus principales roles como ministra fue la implementación de la Ley de 40 horas, donde se establece una reducción de la jornada laboral progresiva que terminaría de concretarse en 2028.
Su plan económico se centra principalmente en el “Ingreso Vital” de aproximadamente 800 dólares, para que, según señaló en campaña, “cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”. Para concretarlo, propone subsidiar con transferencias monetarias directas a las pequeñas y medianas empresas, que así conseguirían completar el salario.
Asimismo, propone reducir en un 20% las cuentas de luz, con descuentos de hasta un 40% a partir de la creación de un bloque de consumo “vital”. Por otro lado, también plantea la eliminación de la Unidad de Fomento (UF) para la salud y la educación, una unidad de cuenta reajustable a la inflación que evita que los precios pierdan valor con el tiempo.
Dentro de sus lineamientos programáticos, también plantea una estrategia para mayor acceso a las viviendas. Este plan se denomina “Hipotecazo” y contempla el apoyo estatal al ahorro de jóvenes de 25 a 40 años, sumado a la construcción de 260.000 viviendas, la mejora de otras 140.000 y la ampliación de la red ferroviaria.
En materia de seguridad, y según indica en su Plan Chile Seguro, busca rastrear el flujo de dinero ligado al narcotráfico. Para esto, plantea eliminar el “secreto bancario”, una norma que ampara la privacidad de las transacciones financieras.
Además, y con el objetivo de disminuir los niveles de inseguridad en el país sudamericano, prevé el fortalecimiento de la Policía de Investigación (PDI) y de los Carabineros, sumado a la utilización de tecnologías para mejorar la vigilancia terrestre, como la inteligencia artificial (IA) y drones.
Chile: salud y derechos sociales, el centro de la campaña para la prevalencia de la izquierda en el poder
El programa pone un foco especial en los más afectados económicamente dentro de la sociedad. De esta manera, promete aumentar el apoyo económico a las personas cuidadoras a 172 dólares mensuales, además de fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados con mayor acompañamiento y formación. En suma, propone un Subsidio Unificado al Empleo dirigido a mujeres, jóvenes y adultos mayores.
En el marco de salud, se comprometió a rebajar las listas de espera con un aumento de las horas de atención y un incremento del personal especialista en ciertas regiones. Propone, además, un plan para enviar medicamentos a domicilio para adultos mayores y pacientes crónicos, conocido como “Remedios ya”. Asimismo, presentó una estrategia nacional para combatir el cáncer de mamas, que incluye detección oportuna y mamografías 3D.
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La cuestión migratoria es otro de los temas que preocupan a la ciudadanía chilena. Durante los últimos años, Chile experimentó un incremento de la tasa migratoria, proveniente principalmente de Venezuela. De un total de 19 millones de habitantes en 2023, más de 1.900.000 eran personas provenientes del extranjero, y más de 300.000 ingresaron de manera irregular al país.
Ante esto, Jara propone no solo el fortalecimiento del control fronterizo, sino también la regularización acotada para aquellos inmigrantes que tengan trabajo, carezcan de antecedentes criminales y conservan vínculos familiares. A su vez, quienes no se sometan al empadronamiento biométrico podrían ser deportados.
