Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado en Brasil en 2023 y se suma a una larga lista de líderes de Latinoamérica que debieron enfrentarse a la justicia por delitos vinculados a la función pública. Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá y Perú se enfrentan a escenarios similares.
Pedro Castillo, ¿le pasará lo mismo que a Jair Bolsonaro?
El expresidente de Perú es investigado por el cierre del Congreso y haber intentado cometer un autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, desoyendo la posterior destitución por orden legislativa aprobada con 101 votos a favor.
La justicia en distintas instancias, incluida la Corte Suprema de Perú, ratificó la acusación de rebelión, abuso de autoridad y conspiración, y una medida de prisión preventiva por 18 meses.
En un proceso que transita en paralelo, Castillo también enfrenta una posible condena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias junto a 24 congresistas actualmente en funciones. Según la fiscalía general de Perú, Castillo habría estado detrás de un esquema “con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas” en los ministerios de Transportes, Vivienda y Producción.
Álvaro Uribe, sobornos y paramilitarismo en Colombia
Por fuera de Bolsonaro, Álvaro Uribe se convirtió en el primer presidente colombiano en ser condenado. Deberá cumplir 12 años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
Los cargos se produjeron a raíz de la manipulación de testigos durante una investigación sobre sus vínculos con el paramilitarismo. La jueza de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, lo encontró culpable de sobornar y ofrecer beneficios a personas privadas de su libertad para favorecer sus procesos judiciales.
La magistrada determinó que trató de sobornar, a través de su abogado, Diego Cadena, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para evitar que declare sobre los vínculos con el paramilitarismo. Se demostró además que dio incentivo a los ex miembros del grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, para cambiar sus testimonios.
El escándalo de Ricardo Martinelli en Panamá
En 2023, el expresidente de Panamá fue condenado a más de 10 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos, entre ellos, pagos provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht. Desde ese momento, evade el fallo de la justicia panameña gracias a los asilos políticos que le otorgaron de distintos países como Nicaragua y Colombia.
Ricardo Martinellí también enfrenta acusaciones en España, donde fue imputado por haber recibido coimas de la empresa constructora FCC para garantizar contratos en Panamá durante su mandato entre 2009 y 2014.
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Evo Morales, marginado de la política boliviana y enfrentado a la justicia
2025 fue un año complejo para Morales, quien supo ser el hombre más importante de Bolivia en los últimos 15 años. Por un lado, debió comparecer por una causa que lo investigaba por presunto abuso y trata de personas. La investigación fue desestimada en primera instancia por la jueza penal Lilian Moreno, quien anuló el mandato de arresto y las investigaciones,
Sin embargo, la investigación será retomada en un juzgado de la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba. En paralelo, la justicia argentina lo investiga por los mismos delitos basados en denuncias de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y la segunda por la Fundación Apolo, dirigida por el diputado Yamil Santoro.
Respecto a lo político, fue inhabilitada su candidatura presidencial por haber pretendido ejercer su tercer mandato consecutivo, prohibido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto no solo lo sacó de la competencia por la jefatura de Estado, sino que lo enfrentó de forma irreconciliable con sus antiguos aliados del Movimiento al Socialismo (MAS).
La condena de la justicia argentina a Cristina Kirchner
Tras años de proceso judicial y recursos de la defensa, la condena de Cristina Fernández de Kirchner por la causa “Vialidad” quedó firme por la Corte Suprema y la exmandataria que gobernó entre 2007 y 2015 deberá cumplir seis años de prisión domiciliaria.
El fallo firmado por los jueces del máximo órgano de la justicia argentina, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de declarar culpable a Kirchner por beneficiar al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales.
La condena ratificada en junio de 2025 se basó en los fundamentos de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
