La premier italiana Giorgia Meloni enfrenta en las últimas horas uno de los momentos más delicados desde su llegada al poder, en octubre de 2022. La Justicia italiana la investiga por la liberación del presunto criminal libio Osama Almasri, sobre el que pesaba una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). Su posterior traslado en secreto a Trípoli –capital de Libia–, en un vuelo con un avión del Estado, generó un escándalo y la comparecencia de dos de sus ministros ante el Parlamento para dar explicaciones.
La citación a comparecer ante la Justicia por los delitos de “encubrimiento” y “peculado” –malversación de fondos públicos– fue aprovechada por la oposición para cargar contra el gobierno. “¿Qué clase de país queremos ser? ¿Estamos del lado de los torturados o de los torturadores?”, se preguntó la líder del opositor Partido Democrático (PD), Ely Schlein.
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Meloni respondió que se trataba de un intento de “intimidarla” por parte de un abogado denunciante que, según ella, tendría vínculos con los partidos de la izquierda italiana. Junto a ella, son investigados los actuales ministros de Justicia, Carlo Nordio, y del Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano.
El “affaire Almasri”, un terremoto político en Italia
Los hechos que ahora se le imputan a Meloni sucedieron el pasado 19 de enero, cuando el general libio Osama Almasri se encontraba en la ciudad de Turín. El día anterior, había disfrutado del partido entre Juventus y Milan por la Liga italiana. Con total impunidad, el líder del grupo paramilitar Rada y jefe de la policía judicial de su país había visitado el Reino Unido, Bélgica y Alemania, como escalas previas a su llegada a Italia.
Tras su detención en Turín, a pesar de la orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno italiano prefirió liberarlo y repatriarlo a Libia en un vuelo de Estado. Los lazos entre el gobierno italiano y las autoridades del país africano son estratégicos tanto en materia de seguridad como de suministro energético.
Un conflicto con el gobierno de Trípoli podría haber generado represalias y echado por la borda el acuerdo que existe entre ambos países para frenar el flujo de inmigrantes clandestinos que llegan al territorio italiano.
Meloni se defiende y contraataca
Meloni no se presentó ante el Parlamento para dar explicaciones, como sí lo hicieron sus ministros Nordio y Piantedosi. Prefirió responder a través de las redes sociales, con un video en el que afirmó: “No me dejaré chantajear”. Recordó, además, que el fiscal que la acusa, Francesco Lo Voi, es el mismo que llevó a juicio a su aliado Matteo Salvini, exministro del Interior y actual viceprimer y titular de la cartera de Infraestructura y Transporte.
Salvini fue procesado y llevado a juicio por no permitir el desembarco en Italia, en agosto de 2019, de una nave de la ONG española “Open Arms” que transportaba a inmigrantes clandestinos. Cuatro años más tarde, el líder del partido de extrema derecha La Liga, fue absuelto de los cargos que le imputaba el fiscal Lo Voi, el mismo que acaba de citar a Meloni.
El último coletazo de este tira y afloja judicial es una acusación presentada contra el gobierno italiano ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por parte de una víctima de Almasri. Se le imputa la “obstrucción del accionar de la justicia, en los términos del artículo 70 del Estatuto de Roma”, que dio vida a la CPI en 1998.
