El presidente Michel Temer ordenó la intervención federal de la seguridad en el estado de Río de Janeiro. El Ejército está a cargo de dicha intervención y comenzó a desplegar sus tropas en determinados puntos críticos. Un equipo de DEF viajó a la “ciudad maravillosa” para conocer de cerca el trabajo que busca terminar con el narcotráfico y el crimen organizado.
El pasado 16 de febrero, el presidente Michel Temer tomó una de las decisiones más polémicas desde que asumió el gobierno tras la destitución de Dilma Rousseff: decretó la intervención federal de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro, una medida inédita desde la sanción de la actual Constitución en 1988. La intervención federal, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018, se encuentra amparada en el artículo 34 de la Carta Magna, que establece como una de sus causales “el grave compromiso del orden público”. A pesar de que algunos sectores ponen el acento en el carácter político de la medida, desde el gobierno aclaran que es un recurso totalmente legal. En los hechos, significa que el Estado brasileño se hace cargo de todos los órganos de seguridad pública del estado de Río de Janeiro y asume el control de la Policía Civil, de la Militar y de la División de Defensa Civil y Comandancia de Bomberos. En palabras más simples, tal como se lo graficaron al equipo de DEF diferentes autoridades y analistas, “en materia de seguridad, el gobernador es el interventor”.
¿MILITAR O FEDERAL?
El gobierno se ha encargado de aclarar que no se trata de una “intervención militar”, sino que es el estado federal el que asume el control. Lo que aliviana la confusión es el hecho de que se ha asignado a Walter Souza Braga Netto, un general experimentado de 60 años y con buena parte de su carrera como oficial de inteligencia del Ejército, para que esté al frente de la intervención. “Pero el interventor podría haber sido un civil, un religioso, un militar, un médico, un abogado o cualquier otra persona”, explica a DEF el coronel Roberto Itamar, portavoz del Gabinete de Intervención Federal (ver entrevista completa en pág. 104). Según Itamar, la intervención “tiene un carácter gerencial, administrativo y no represivo”.
El general Braga Netto se desempeña desde julio de 2016 como comandante de la región militar Este del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción los estados de Espíritu Santo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Se trata del militar que tuvo a cargo la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2016 y que condujo el año pasado la denominada “Operación Capixaba”, que se desarrolló en el estado de Espíritu Santo y consistió en el empleo de las Fuerzas Armadas para operaciones de garantía de la ley y el orden (GLO).
La intervención federal se suma a las acciones que ya venían desarrollando las Fuerzas Armadas desde julio de 2017, cuando el gobierno federal sancionó un decreto de empleo del elemento militar en acciones de GLO en la región metropolitana de Río de Janeiro. Esta medida incluyó el desplazamiento de 8500 integrantes de las Fuerzas Armadas, a los que se sumaron 620 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, 380 de la Policía Caminera Federal y 740 de las fuerzas locales. De manera que, en lo estrictamente operativo, la intervención no modificó hasta el momento el accionar de las Fuerzas Armadas en relación a la seguridad.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
En paralelo con esta medida, el gobierno de Temer acaba de crear el Ministerio “extraordinario” de Seguridad Pública, al frente del cual designó al hasta entonces ministro de Defensa, Raul Jungmann. En la toma de posesión del cargo, Jungmann pintó un panorama oscuro al señalar que “el sistema carcelario se ha convertido en la home office del crimen organizado” y al cuestionar la eficacia del sistema de prisiones preventivas y temporarias. Arremetió también contra sectores de la clase media que consumen drogas y alimentan de esa manera la violencia criminal. Alertó sobre la situación de excepcionalidad que experimenta Río, donde 830 comunidades viven bajo el yugo del crimen organizado, el tráfico de drogas y las milicias irregulares.
“Comenzamos una batalla, cuyo camino solo puede conducir al éxito”, afirmó el presidente Michel Temer al decretar la intervención, al tiempo que aclaró que la medida fue adoptada de común acuerdo con el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. “Nuestras cárceles dejarán de ser oficinas de bandidos y nuestras plazas dejarán de ser salones de fiesta del crimen organizado. Nuestras calles tienen que ser seguras para los motociclistas honestos, y no vías seguras de transporte de drogas o de robo de cargas”, enfatizó el jefe de Estado.
EL CONTEXTO
Es sabido que la “ciudad maravillosa” y el estado de Río de Janeiro viven desde hace años una situación de alta conflictividad, violencia y criminalidad. ¿Por qué dictar la intervención ahora? La medida se produce en un contexto de fuerte repunte de la violencia, con el índice de muertes violentas más alto de los últimos ocho años en el estado, que alcanzó en 2017, 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2009, el anterior pico, se había llegado a 44,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
La crisis de la seguridad en Río de Janeiro también se refleja en el aumento de homicidios dolosos, que pasaron, de 4200 en 2015, a 5332 en 2017. Además, se multiplicó el robo de vehículos, que había alcanzado las 31.035 unidades en 2015; y el año pasado, llegó a 54.367; y el robo de cargas, que dio un salto de 7225 hechos registrados en 2015 a 10.599 en 2017.
Según cifras del Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro, la tasa de policías muertos en servicio tuvo un aumento relevante entre 2011 y 2016, al pasar de un índice de 25 por cada 100.000 policías, a 68 por cada 100.000 policías. El pico máximo había sido alcanzado en 2003 con 106 muertos en servicio por cada 100.000 policías.
El último carnaval también dejó datos escalofriantes, con 140 tiroteos registrados entre el 7 y el 14 de febrero de 2018 en la región metropolitana de Río de Janeiro, lo que implicó un aumento del 106 % respecto del carnaval del año pasado. Hubo, en total, 24 muertos por impactos de armas de fuego y 31 heridos. Concluido el carnaval, se dictó la intervención.
TRÁFICO CONSTANTE
Un capítulo no menor de este aumento de la violencia es el contrabando de armas, que llegan principalmente a través de las fronteras terrestres y, en su mayor parte, por la Triple Frontera. Un informe de la Policía Federal, difundido en enero pasado, hizo un rastreo de 11.620 armas que ingresaron a Brasil entre 2014 y 2017. El estudio determinó que la ruta más habitual es a través de la frontera con Paraguay, después de haber sido adquiridas en localidades fronterizas con Brasil. De allí, las armas pasan por los estados de Paraná o Mato Grosso y terminan siendo distribuidas en San Pablo o en Río de Janeiro.
Además de la Triple Frontera (Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz do Iguaçu), otras rutas de ingreso de armas son la frontera con Paraguay (Pedro Juan Caballero-Ponta Por y Salto del Guaira-Guaíra), la frontera con Bolivia (Puerto Suárez-Corumba) y la frontera seca con Uruguay, en el sur (Rivera-Santana do Livramento). También existen casos de contrabando a través de la frontera con Colombia, donde se registra la actuación de células narcos y de guerrilleros desmovilizados; y por Surinam, en el extremo norte del país.
Según datos del ISP, entre 2011 y 2016 hubo un incremento del 50 % en la aprehensión de fusiles en el estado de Río de Janeiro, al pasar de 246 a 371, y se mantuvo estable el número de revólveres y pistolas secuestrado en ese quinquenio. En números globales, el pico de secuestro de armas se había registrado previamente, en 2007, con un total de 5792. Luego, se redujo hasta un total de 3489 en 2010 y, posteriormente, fue registrándose un aumento hasta las 3988 en 2014. En el último bienio, el número total de armas secuestradas se mantuvo entre las 3600 y 3690.
En cuanto al secuestro de drogas, siempre de acuerdo al ISP, se registró un salto considerable entre 2011 y 2015, período durante el cual la tasa de aprehensión o secuestro saltó de 67,2 a 169,7 por cada 100.000 habitantes, el punto más alto de la serie estadística iniciada en 2003 (cuando el índice era de 89,9 por cada 100.000 habitantes).
UPP, AUGE Y CAÍDA
Como se puede observar en la mayoría de las estadísticas, sobre todo en lo que hace a los datos de violencia, hacia 2013 y 2014 se había logrado una mejora en la situación. Fueron los años de la consolidación de la política de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora), que consistía en ocupar territorialmente una favela, instalar una comisaría, asignar una buena cantidad de efectivos y, luego, llevar servicios públicos básicos e iniciativas privadas para desarrollar las economías locales. A diferencias de experiencias anteriores, con la política de las UPP, se avisaba el día y la hora en que las fuerzas de seguridad entrarían en la favela. La intención era que los narcos y las bandas criminales abandonaran el área para evitar los ya conocidos e infructuosos enfrentamientos a sangre y fuego, que dejaban decenas de muertos en ambos bandos.
“Algunos delincuentes fueron apresados ahí, otros en otros lugares y la mayoría escapó”, recuerda Ubiratan Angelo, coronel retirado de la Policía Civil y coordinador del área de Seguridad Humana de la ONG Viva Rio. “El tráfico de drogas no paró en esos lugares –agrega–. El negocio siguió, pero sin ser violento, con otra metodología”.
Como la violencia disminuyó considerablemente, el programa de UPP se amplió de forma desmedida. “La propuesta inicial eran 19 UPP, y se llegó a 38”, puntualiza Angelo. “Para que la ocupación sea efectiva se tiene que aplicar el principio de masa (concepto militar que señala la disposición de una potencia de combate superior a la del enemigo) en el momento de la entrada a la favela y durante la permanencia en ella. Esto hace que el gasto en personal sea muy grande”, continúa el expolicía. Lo que sucedió entonces es que el número de los efectivos policiales apostados para actuar en la UPP era mayor que los policías que estaban en los batallones y comisarías. “Esto fue porque aumentó el números de UPP, todos los policías nuevos iban a ahí, y los batallones fueron quedando indefensos. Llegó un momento en que las UPP tenían más vehículos que la policía convencional. El problema creció fuera de las favelas, y la sociedad empezó a reclamar”.
Luego, la crisis financiera, política y de corrupción en que se vio sumido el país en general y Río, en particular, dio el tiro de gracia al sistema. Las iniciativas privadas se retiraron, las UPP se volvieron insostenibles, el crimen aumentó en puntos céntricos de la ciudad y el negocio de la droga no cesó. Progresivamente, las bandas criminales, que se habían visto empujadas hacia la periferia del estado, recuperaron sus antiguos territorios y sus arsenales de armas (que habían dejado al retirarse).
ESTABILIZACIÓN
El procedimiento que se aplica a partir de la intervención es el mismo que se venía aplicando desde el decreto de julio de 2018. Al momento de entrar en un territorio controlado por el narco, los operativos son realizados por las tropas especiales de la Policía Civil (CORE) o de la Policía Militar (BOPE). Recién en ese momento es cuando se envía a las tropas del Ejército, quienes tienen una misión de custodia y control (patrullan, piden documentos y revisan antecedentes). No combaten directamente con las bandas criminales, a menos que se vean atacadas. De hecho, por el momento, solo hay presencia militar en la favela Vila Kennedy, 30 km al oeste del centro de Río. La etapa final del operativo incluye la llegada de diferentes organismos del estado para brindar y reponer los servicios básicos.
En ese sentido, el coronel Carlos Federico Cinelli, portavoz del Comando Militar del Este, explicó a DEF que, desde el punto de vita operativo, el objetivo es “estabilizar la zona para que la Policía Militar pueda volver a patrullar y cumplir sus funciones policiales, que la Policía Civil pueda ejecutar los mandatos de captura y que los servicios esenciales del Estado puedan llegar”. El coronel dio ejemplos: “La empresa eléctrica debe poder llegar al lugar, retirar la maraña de cables y colocar una conexión decente. Del mismo modo, la unidad móvil de salud debe poder ir y realizar exámenes oftalmológicos a todos los habitantes. Lo mismo las dependencias municipales, que deben poder legalizar la documentación que presenten los vecinos. Eso solo puede ser realizado si existe un ambiente estable, que es lo que proporcionan nuestras tropas al asegurar que no existan enfrentamientos”.
Según Cinelli, hasta ahora, cada vez que entraron y estabilizaron un barrio, “no ha habido registros posteriores de enfrentamientos en las calles. De cara al futuro, el objetivo es que la propia policía sea la que se encargue de controlar la zona sin la presencia del Ejército”, concluye.
REFORMA
Mientras tanto, el gabinete de intervención federal encabezado por el general Braga Netto avanza en la reestructuración del sistema de seguridad estadual. Una de las primeras medidas que tomó el interventor fue la de descabezar la cúpula de las policías Civil y Militar. Pero en su reemplazo no colocó hombres del Ejército, sino figuras de las propias fuerzas. El comisario Rivaldo Barbosa, nuevo jefe de la Policía Civil, proviene del Departamento de Homicidios de esa corporación, mientras que su par de la Policía Militar, el coronel Luis Claudio Laviano, fue comandante del prestigioso BOPE.
Según la Secretaría de Seguridad, ambos asumen con la orientación de dar prioridad a la valorización profesional y realizar un profundo diagnóstico sobre las condiciones de trabajo de los organismos, afectados por la crisis económica que atraviesa el estado de Río.
En diálogo con DEF, el coronel Itamar confirmó ese camino: “La intervención no quiere ser tierra arrasada con lo anterior –dijo–. Son los propios organismos, no la intervención, los que tienen que depurarse y combatir la corrupción si hubiese situaciones de ese tipo en su seno”.
En el plano operativo, va a ser difícil que el Ejército tenga presencia en todos los lugares críticos para la seguridad. Todo indica que el gran trabajo a realizar por Braga Netto y su gente será el de afianzar la estabilidad de las políticas y las instituciones de seguridad para que la progresiva pacificación de Río llegue a buen puerto.
