Uno de los implicados en dos casos que investiga la Justicia española conservó un misterioso sobre de papel madera que tenía como destinataria a la entonces vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez. El portador de ese documento es Víctor de Aldama, un empresario que —de acuerdo con el diario El País de Madrid— actuaba como “una suerte de intermediario entre Venezuela y el Ministerio de Transportes, cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos”, quien luego cayó en desgracia y fue suspendido como afiliado del Partido Socialista en 2024. Este último, otrora poderoso funcionario de Pedro Sánchez, fue suspendido como diputado por el Congreso de España y se encuentra actualmente en prisión provisional mientras se le sigue un proceso por corrupción.
Aldama se autoinculpó y aceptó colaborar con la Justicia en el caso Koldo (por el nombre del asesor de Ábalos, Koldo García), una de las dos tramas de corrupción puestas en el tapete por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El mismo Aldama aparece envuelto en otra investigación de la UCO, que desarticuló el año pasado una organización criminal que defraudó al Estado español por un total de 184 millones de euros, al evadir el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos.
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Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos: mensajes por celular y un encuentro en Barajas
Según la reconstrucción que hace el medio español, en el teléfono celular de Aldama aparecen conversaciones con Delcy Rodríguez, que datan de un período entre 2019 y 2021. Todo apunta a que el empresario fungía de “canal de transmisión” entre ella y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El intercambio de mensajes entre Aldana y la actual presidenta encargada de Venezuela se hacía a través de la aplicación Threema.
El misterioso sobre de madera, con un sticker que indicaba su carácter “confidencial”, tenía como remitente al entonces ministro de Petróleo y presidente de la compañía estatal PDVSA, Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria a Delcy Rodríguez. Tal como señala El País, “las pesquisas de momento no han logrado aclarar qué había en su interior”.
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A su vez, en la computadora de Aldama, se encontró la foto de un contrato de compraventa de 104 barras de oro por parte del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN). Esta operación, realizada en 2019, involucraba a la firma Bancasa S.A., perteneciente al empresario Manuel João Goncalves Pita y a su hijo David Pita Bracho, quienes cuentan con nacionalidad portuguesa y venezolana. Aldama habría actuado como intermediario de la operación, por 68,4 millones de dólares.
Por otra parte, en la madrugada del lunes 20 de enero de 2020, se produjo un encuentro entre Ábalos y la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. La visita habría de la funcionaria habría sido gestionada por el propio Víctor de Aldama. La particularidad es que la funcionaria tenía prohibido el ingreso en el espacio Schengen a partir de una orden emitida por Austria en agosto 2018 y que rigió hasta agosto de 2021. El gobierno de Pedro Sánchez siempre argumentó que se trató de una escala técnica de un vuelo rumbo a Qatar y que España no había incumplido ninguna normativa europea.
El lobby de las empresas españolas y los vínculos con el régimen venezolano: el caso Duro Felguera
De los intercambios de mensajes que surgen de la investigación del celular de Ábalos, es llamativo el contenido de uno enviado por el entonces ministro al primer ministro Sánchez. “La vicepresidenta de Venezuela viene en vuelo privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda”. La alusión era a la compañía asturiana que ejecutó la obra de la central termoeléctrica de ciclo combinado Termocentral durante el gobierno de Chávez, que entró en funcionamiento en 2012.
Esa obra de Duro Felguera también ha tenido secuelas judiciales en España, donde se investigan presuntas maniobras destinadas a corromper a las autoridades y funcionarios venezolanos. La causa involucra una serie de contratos suscriptos entre 2008 y 2011, cuyo objetivo habría sido encubrir el pago de comisiones o sobornos para favorecer los intereses de la empresa.
