El embajador de Argentina ante la Corte Penal Internacional, Diego Emilio Sadofschi, denunció a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y solicitó colaboración para su arresto.
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El reclamo de Argentina a Venezuela en La Haya
El pasado lunes, 1 de diciembre de 2025, el gobierno argentino, representado por el embajador Sadofschi, presentó una denuncia formal que pide la detención de Maduro y Cabello por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
En su intervención, Sadofschi advirtió que la situación “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024” y subrayó que los abusos deben investigarse con urgencia.
El pedido incluye que la CPI dicte órdenes de arresto inmediato y que se investigue a los principales responsables del régimen por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
Esta iniciativa se suma a decisiones previas de tribunales argentinos. En septiembre de 2024, un juez federal ordenó la captura internacional de Maduro y Cabello con fines de extradición, luego de denuncias por secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos venezolanos refugiados en Argentina.
El delegado de Venezuela ante La Haya, Héctor Constant Rosales, respondió durante la sesión acusando al gobierno argentino de actuar con “falsas defensas de derechos humanos” y cuestionó su coherencia en foros internacionales.
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Qué implica este pedido para la Corte
Al presentar la denuncia ante la CPI, Argentina exige una investigación exhaustiva, órdenes de captura inmediata y responsabilidades penales para los acusados. Si la Corte acepta, podría abrirse la causa contra altos mandos del régimen venezolano y profundizar el aislamiento para el régimen de Caracas. El caso sería investigado por la Fiscalía independiente que trabaja en La Haya y pregona un proceso claro.
La Corte Penal Internacional fue fundada bajo el Estatuto de Roma y busca juzgar a las personas acusadas de los delitos más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Si bien es un tribunal y de última instancia, su imparcialidad y estatus internacional lo posicionan como organismo permanente y ampliamente respetado. Sin embargo, para hacer cumplir sus dictámenes depende de la colaboración de los países, lo que a veces impide su efectividad.
Desde su conformación en 2002, los jueces de la CPI emitieron un total de 61 órdenes de arresto, de las cuales se originaron 22 detenciones en el centro de detención de la Corte para su comparecencia. En los últimos 23 años, se llegaron a 13 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias, mientras que se
