Desde el regreso al poder del movimiento talibán en agosto de 2021, tras la retirada de Estados Unidos y la caída del gobierno respaldado por Occidente, Afganistán atraviesa una transformación radical de su sistema político y jurídico. Bajo el liderazgo de Hibatullah Akhundzada, el régimen avanzó en la implementación de un nuevo Código Penal que consolidará un esquema legal profundamente discriminatorio.
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De esta manera, el texto redefine delitos, castigos y criterios judiciales, pero también elimina protecciones que habían sido incorporadas en las últimas dos décadas. Según denuncian organizaciones de derechos humanos, el nuevo Código Penal refuerza un sistema donde la violencia doméstica encuentra respaldo legal indirecto y donde las mujeres quedan en una posición de extrema vulnerabilidad jurídica.
El Código Penal de Afganistán que elimina protecciones y legitima la violencia
El nuevo marco legal suprime disposiciones que penalizaban la violencia contra las mujeres, incluidos artículos que castigaban agresiones físicas dentro del matrimonio y matrimonios forzados. Al quedar sin efecto esas normas, desaparece la base jurídica que permitía denunciar formalmente estos hechos ante la justicia.
El Código establece que las agresiones en el ámbito familiar no serán consideradas delito si no provocan fracturas, heridas abiertas o lesiones graves comprobables. En la práctica, golpes que no dejen daños visibles pueden quedar fuera del sistema penal, lo que eleva el umbral probatorio para las víctimas.
Incluso cuando se reconocen lesiones, las penas pueden ser reducidas y limitarse a períodos breves de detención.
La normativa tampoco tipifica de manera clara la violencia psicológica ni reconoce plenamente la violencia sexual dentro del matrimonio como delito autónomo. Esto deja amplios vacíos legales y restringe las posibilidades de las mujeres de acudir a tribunales en busca de protección.
Además, el texto restablece castigos corporales, incluidos latigazos públicos para determinados delitos, en línea con prácticas aplicadas durante el primer régimen talibán entre 1996 y 2001. Organizaciones como Rawadari denunciaron que el Código formaliza el abuso bajo cobertura legal y consolida una estructura de autoridad masculina reforzada por el Estado.
Una justicia jerarquizada y el aislamiento internacional
Otro de los puntos más controvertidos es la diferenciación de penas según la posición social o religiosa del acusado. El Código contempla un trato más leve para figuras consideradas eruditas o influyentes dentro de la estructura talibán, mientras que sectores sociales de menor rango pueden enfrentar sanciones más severas.
Este esquema introduce una justicia estratificada que contradice el principio de igualdad ante la ley y refuerza jerarquías internas dentro del régimen. Para organizaciones internacionales, se trata de un sistema que combina desigualdad de género con desigualdad social.
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La preocupación internacional fue inmediata. Expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entidades como Amnistía Internacional advirtieron que la normativa vulnera compromisos asumidos por Afganistán en tratados de derechos humanos.
Desde 2021, las mujeres afganas son excluidas de la educación secundaria y universitaria, del empleo público y de gran parte de la vida social. Con la entrada en vigor de este nuevo Código Penal, el régimen consolida un marco jurídico que ahora reduce aún más su acceso a la justicia y profundiza su subordinación legal dentro del sistema talibán, en un contexto de creciente aislamiento internacional.
