El régimen de Bashar al-Assad ha sido derrocado y los grupos insurgentes tomaron las riendas del poder en Siria. Al momento, se conoce el nombre del encargado de formar el gobierno interino: Mohamed al-Bashir, quien viene de dirigir la administración del territorio controlado por los rebeldes en la provincia de Idlib. Mientras se desarrollan estos acontecimientos en Damasco, ¿qué sucede más al norte, en la frontera con Turquía, y cómo juega EE.UU. en ese otro frente del conflicto?
Siria, Trump, el petróleo y las fuerzas kurdas
Cuando en octubre de 2019 Donald Trump decidió retirar sus tropas de Siria, EE. UU. mantuvo un contingente de 900 soldados en el país. En ese momento, el mandatario dijo que lo hacía para “proteger” las instalaciones petroleras, que estaban bajo el control de la administración autónoma del norte y este de Siria (AANES), opositora al régimen de Bashar al-Assad y que había logrado expulsar al Estado Islámico con el apoyo de la coalición internacional.

Ese gobierno, establecido en 2016, se encuentra bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), cuyo grupo dominante son las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG). La región en cuestión incluye la gobernación de Deir ez-Zor, en la ribera oriental del río Éufrates, que alberga cerca del 70% de los recursos petroleros del país.
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Se estima que sus yacimientos producen actualmente entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de crudo, pero deben ser vendidos a precios que están por debajo de su valor de mercado.
Quién controla los yacimientos de petróleo de Siria
La administración, dominada por los kurdos y que cuenta con el apoyo militar de EE. UU., alcanzó en 2020 un acuerdo con la firma petrolera estadounidense Delta Crescent Energy. El trato fue rechazado en duros términos por el régimen de Al-Assad, que acusó a EE. UU. de “robar el petróleo sirio”. Al año siguiente, con el cambio de gobierno en Washington, Joe Biden revocó a Delta Crescent Energy el permiso para llevar adelante ese contrato, que había sido autorizado por Trump.

Por su parte, la compañía británica Gulfsands denunció la explotación ilegal del Bloque 26, ubicado en el noreste del país y que debería haberse mantenido inactivo en aplicación del régimen de sanciones internacionales. Sin embargo, según la empresa, desde 2017 más de 47 millones de barriles han sido producidos de manera ilícita, lo que podría haber generado ingresos por más de 3.300 millones de dólares.
Las ventas del petróleo sirio en la región se han limitado, en los últimos años, al vecino Kurdistán iraquí y, principalmente, a las autoridades de Damasco, la capital siria, ahora bajo el control de los rebeldes. En agosto pasado, según fuentes periodísticas locales, la administración regional del noreste de Siria (AAES) suministraba al régimen de Al-Assad unos 100.000 barriles diarios de crudo.
Las ambiciones de Turquía, el petróleo y su lucha contra los “terroristas” kurdos
En los últimos cinco años, a partir de la retirada del grueso de las tropas estadounidenses, se abrió un nuevo frente bélico en el norte de Siria. Fue a partir de la operación “Paz de Primavera”, cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó la incursión de sus tropas en el país vecino para establecer un “cinturón de seguridad” de 450 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho en territorio sirio.

El supuesto objetivo de Erdogan es protegerse de las “acciones terroristas” de las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG), afines al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ilegalizado y perseguido en Turquía.
Desde entonces, no se han detenido los enfrentamientos entre las YPG kurdas, bajo el paraguas de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y el autodenominado Ejército Nacional Sirio, una coalición de grupos apoyados por Turquía. Actualmente, en el marco del recrudecimiento de la guerra en Siria y de la caída del régimen de Al-Assad, los combates en el norte del país se centran en la estratégica ciudad de Manbij, un importante punto de conexión del oeste con el este de Siria y cercana a la frontera con Turquía.
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El petróleo no es ajeno a estas disputas. En marzo de 2023, el gobierno de Turquía se vio obligado a cerrar el flujo de crudo proveniente del Kurdistán iraquí (gobernado por la familia Barzani, al frente de una facción kurda opuesta a las YPG), a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan. El Tribunal Internacional de Arbitraje dio la razón al gobierno federal iraquí, que había denunciado la exportación “ilegal” de crudo de la región semiautónoma kurda sin el consentimiento de las autoridades de Bagdad.