El Poder Ejecutivo publicó finalmente el Decreto 695/2025, que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). En sus considerandos, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, argumentan que la empresa “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos”, entre los que mencionan la extensión de vida de Atucha I y el sitio de almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados de Atucha II.
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Sin embargo, al aprobar la Ley Bases, el Congreso estableció que el Estado nacional debía “mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social” de NA-SA. Además, cualquier decisión que signifique la ampliación de la capacidad de generación existente o la construcción de nuevas centrales, así como la salida de servicio de las centrales en funcionamiento, requerirá “el voto afirmativo del Estado nacional”.
Energía nuclear: cómo se llevará adelante la privatización de la empresa
Con esas restricciones, el Ejecutivo autoriza al Ministerio de Economía a privatizar el 44% de las acciones de NA-SA mediante una “licitación pública de alcance nacional e internacional”. Un 5% del capital accionario será sometido a un programa de propiedad participada; es decir, quedará en manos de los trabajadores de la empresa.
A su vez, el Estado nacional conservará el 51% de las acciones de la empresa que opera las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Ese capital será controlado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Actualmente, las acciones de NA-SA son 100% estatales y se reparten entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y ENARSA (1%).
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La decisión del Ejecutivo y la reacción de la oposición
Desde abril de este año, al frente de NA-SA se encuentra Demian Reidel, quien es también titular del Consejo Nuclear Argentino, que conduce el nuevo plan del sector con el que se busca reactivar la minería del uranio y la construcción de un pequeño reactor modular (SMR) en el país. Lo secunda, como vicepresidente, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle.
El Gobierno argumenta que esta privatización parcial se inscribe en su “política de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas”.
Como reacción a la decisión del Poder Ejecutivo, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, busca dejar sin efecto la privatización y propone declarar el desarrollo nuclear argentino como “de interés público y estratégico, no enajenable”.
