De la reunión realizada en la Ciudad de Buenos Aires participaron el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin y, por parte del gobierno argentino, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. También estuvieron presentes en el encuentro el presidente de YPF Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta; Isidro Fainé en representación de La Caixa, y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.
Según informaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado, tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. Las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas.
La empresa española, por su parte, anunció a través de un comunicado emitido minutos después de conocerse el resultado del encuentro que “someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones”.
El principio de acuerdo abriría la última etapa del proceso de nacionalización de YPF, anunciado el 16 de abril de 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante el envío de un proyecto de ley, que finalmente fue sancionado por el Congreso el 3 de mayo de ese mismo año.
Según los términos del acuerdo alcanzado hoy, el posible pago de una compensación por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol obligaría a la compañía española a retirar una solicitud de arbitraje presentada en diciembre pasado ante el CIADI tras la nacionalización de la petrolera estatal.
Asimismo, Repsol debería desistir de las medidas cautelares presentadas ante ese mismo organismo por el acuerdo entre YPF y Chevron, al que la empresa de origen español calificó de “ilegítimo” por considerar que “pone en peligro la integridad de la restitución”.
Fuente: Télam
