Después de dos años funcionando con prórrogas del Presupuesto 2023, el gobierno de Javier Milei presentó al Congreso su proyecto para el año fiscal 2026. Mientras el Ejecutivo se mantiene firme en su defensa del equilibrio fiscal, al mismo tiempo, contempla un “esquema más focalizado” de tarifa social que “beneficie exclusivamente a los usuarios residenciales vulnerables”.
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En el texto difundido por el Gobierno, la administración Milei subraya que el objetivo principal de su política energética es “estabilizar y normalizar tanto el mercado eléctrico como el mercado de gas bajo normas de libre competencia”. Fiel a su ideario, afirma que “el objetivo principal de esta gestión es el de permitir que los mercados asignen los recursos sin la intervención arbitraria del gobierno en cualquiera de sus formas”.

A su vez, en el marco de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reducirán los subsidios a la energía y se buscará llevar las tarifas de luz y gas más cerca de sus costos reales. Con esa premisa, Milei espera reducir el costo fiscal de los subsidios a la energía y el transporte del 1% al 0,8% del PBI.
Sector energético: libre competencia y subsidios focalizados
Para el ejercicio 2026, el proceso de “estabilización y normalización del mercado” se propone aumentar la cobertura del “costo monómico de generación” (su valor real) hasta superar el 75%. Eso implica un recorte de subsidios, con la consiguiente suba de las tarifas, siempre manteniendo el esquema de subsidios focalizado en los sectores más desfavorecidos.
Por el lado de la generación eléctrica, el nuevo Presupuesto mantiene el plan de saneamiento del endeudamiento de las empresas distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que representa alrededor del 70% del pasivo del sector. Por su parte, el Estado Nacional asumirá las obligaciones pendientes con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la Entidad Binacional Yacyretá y ENARSA, liberando así a CAMMESA de esos pagos.

Además, el proyecto remitido al Congreso prevé que las empresas generadoras de electricidad asuman la compra de combustibles para abastecer las centrales termoeléctricas. De esa forma, en línea con la política de liberalización del mercado energético, se avanza en la desregulación del sector y se corre a CAMMESA de su función de intermediaria en la adquisición de combustibles líquidos y gaseosos para la alimentación de esas usinas.
Privatizaciones en marcha: Transener, NA-SA y represas del Comahue
Otro capítulo que viene impulsando el gobierno, con cierto retraso, es el de las privatizaciones. A la puesta en venta de las acciones de la estatal ENARSA en la transportista eléctrica Transener, acaba de sumarse el 44% del paquete accionario del Estado en Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), propietaria de las centrales Atucha I y II y Embalse. Tal como estableció el Congreso en la Ley Bases, el Estado argentino no puede enajenar la mayoría del capital (51%) de la empresa.

El Ejecutivo destacó que, en el marco de su política de racionalización, NA-SA no recibió ninguna transferencia del Tesoro en 2024, a diferencia de los 700 millones de pesos de transferencias no reintegrables de las que se había beneficiado en el anterior ejercicio. La valuación de las acciones que se ponen en venta oscilaría entre los 560 y los 1000 millones de dólares.
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Finalmente, tras la prórroga de las actuales concesiones hasta noviembre, el Gobierno espera poner nuevamente en manos privadas la gestión de las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Se trata de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En su conjunto, aportan alrededor del 13% del parque generador eléctrico del país. La expectativa es recaudar, con las nuevas concesiones, una suma cercana a los 500 millones de dólares.