La reactivación del Plan Nuclear Argentino, anunciada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, fue recibida con beneplácito por los distintos actores ligados al desarrollo de la energía atómica en la Argentina. La noticia se produjo tras un prolongado letargo, durante el cual se paralizó la construcción de la central Atucha II, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) vio sensiblemente reducido su presupuesto y se cerraron las vacantes para el ingreso como personal de planta a la institución, al tiempo que se intentó infructuosamente privatizar la actividad de generación nucleoeléctrica. El Estado, en definitiva, se desentendió de un área estratégica, que quedó abandonada a su suerte.
“Hoy se empiezan a observar indicios interesantes de recuperación”, destaca Diego Hurtado, secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigador del CONICET, quien está trabajando en un libro sobre la historia de la energía nuclear en la Argentina. “La decisión política fue importantísima, pero ahora hay que abrir el tema a la esfera pública para empezar a discutir qué significa reactivar el plan nuclear y qué puede ofrecer la Argentina en términos competitivos”, agrega. En su opinión, el Congreso debería convertirse en protagonista central de este debate, que hasta ahora ha quedado circunscripto a la esfera del Poder Ejecutivo.
Nuestro país cuenta con la ventaja de haber desarrollado todo el ciclo del combustible nuclear, desde la extracción del uranio hasta su utilización en las centrales. En ese sentido, la política actual incluye la reactivación de la planta de producción de agua pesada de Arroyito (Neuquén), muy afectada por las restricciones presupuestarias de fines de los 90, y la reanudación de las actividades de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (Río Negro), que estuvo paralizada durante diez años. A pesar de que el ministro Julio De Vido había mencionado hace tres años la “necesidad de impulsar la minería del uranio” con el objetivo de constituir una “reserva estratégica nacional de este mineral”, las objeciones de las autoridades provinciales mendocinas han impedido hasta la fecha la reapertura del Complejo Sierra Pintada.
UNA INDUSTRIA “INDUSTRIALIZANTE”
Para comprender la importancia del actual escenario nuclear argentino, es importante recordar de dónde partimos. La década del 50 marcó el inicio de la investigación en este campo, con la fundación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la creación del Instituto de Física de Bariloche (actual “Instituto Balseiro”). En los 60, en pleno auge del desarrollismo, la energía nuclear fue conceptualizada por Jorge Sábato como una “industria industrializante”, que funcionaría como una “locomotora” para el resto del sistema. Sábato, quien se hizo cargo en 1955 de la División de Metalurgia de la CNEA, definió las condiciones necesarias para el éxito de una política de este tipo: “Las dos decisiones principales que deben adoptarse, para establecer un programa nuclear sustentable en un país en vías de desarrollo, son constituir una capacidad autónoma de toma de decisiones y desarrollar la necesaria infraestructura científico-tecnológica-industrial para la utilización social óptima de la energía nuclear”.
Lo notable fue la convergencia de gobiernos civiles y militares que en las convulsionadas décadas del 50 y del 60 coincidieron en impulsar este sector. Sólo así se explica la continuidad de la gestión de Oscar Quillihalt al frente de la CNEA, quien presidió el organismo entre 1955 y 1973, con excepción de un breve intervalo durante el primer tramo de la administración de Arturo Frondizi (1958-1959). “Para que se logre un desarrollo como el que consiguió la Argentina, se tienen que dar muchas condiciones –analiza Diego Hurtado–. Una de ellas es tener los mecanismos de reproducción. En ese sentido, el Instituto Balseiro muestra hasta qué punto la CNEA pensaba con proyección de mediano y largo plazo, al punto que fue capaz de crear una escuela para abastecer el crecimiento del plan nuclear”.
El despegue de la actividad de la CNEA se dio entre 1958 y 1969, cuando entraron en operación los primeros cuatro reactores de investigación. La construcción en el Centro Atómico Constituyentes del RA-1, desarrollado enteramente en el país sobre la base del modelo del estadounidense Argonaut, tuvo su punto de partida en abril de 1957 y alcanzó su estado crítico en enero de 1958. A él siguieron el RA-0 en 1959, el RA-2 en 1966 y el RA-3 en 1967, este último destinado también a la producción de radioisótopos y ubicado en el Centro Atómico Ezeiza. En 1969 Alemania donó el reactor de investigación Siemens SUR 100 (RA-4), que fue instalado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario en 1972.
DE LOS REACTORES DE POTENCIA AL ENRIQUECIMIENTO DE URANIO
La necesidad de diversificar la matriz energética impulsó al gobierno argentino a analizar la posibilidad de desarrollar reactores nucleares de potencia. Al momento de decidirse la instalación de la primera central nucleoeléctrica, a mediados de la década del 60, la discusión se centró en la línea a adoptar. Las opciones eran dos: uranio natural y agua pesada, o uranio enriquecido y agua liviana. Finalmente se adoptó la primera opción por considerarse que permitía un desarrollo autónomo y evitaba depender de la provisión de combustibles desde el exterior. En marzo de 1974 entró en operaciones Atucha I, con un reactor del tipo PHWR (agua pesada presurizada) adquirido a la empresa alemana Siemens, con una potencia bruta de 357 megavatios. Fue el primer modelo de este tipo construido en el mundo y se trató de la primera central nuclear de América Latina. La segunda sería Embalse, con un reactor del tipo PHWR de origen canadiense (CANDU), con una potencia bruta de 648 megavatios.
El plan nuclear siguió adelante con la licitación de la tercera central nuclear –Atucha II– y de la planta de agua en la localidad neuquina de Arroyito. El contrato de Atucha II fue ganado por la empresa alemana KWU, subsidiaria de Siemens, para lo cual se conformó una sociedad mixta con la CNEA: la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENCACE), con una participación del 75% de CNEA y del 25% de KWU. Por su parte, la firma suiza Sulzer Brothers fue la adjudicataria de la construcción de la planta de Arroyito. En 1981 se inició la obra de Atucha II, que originalmente debía entrar en operaciones en 1987, pero las restricciones económicas hicieron que se fuera retrasando hasta quedar paralizada en 1993.
Durante la gestión de Carlos Castro Madero (1976-1983) al frente de la CNEA, se dieron nuevos pasos. Por un lado, se creó la empresa INVAP, surgida del seno del Programa de Investigaciones Aplicadas de la CNEA. Fue constituida a partir de un convenio con el gobierno de la provincia de Río Negro. Un primer proyecto que se le asignó fue la construcción del reactor de investigación RA-6, a ser instaladao en el Centro Atómico de Bariloche. El mismo entró en operación en 1982. Pero el proyecto más ambicioso de esos años fue el plan secreto para el enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu. En un contexto internacional difícil, que se vería afectado posteriormente por la Guerra de Malvinas, los trabajos continuaron adelante y el 18 de noviembre de 1983 Argentina anunciaba al mundo que había logrado desarrollar esa tecnología sensible. Contrariamente a lo que se suponía desde los ámbitos internacionales, el gobierno de Raúl Alfonsín no dio marcha atrás en la política nuclear y tampoco ratificó el TNP, al que nuestro país recién adhirió en 1994. Sin embargo, la distención con Brasil y la visita del presidente José Sarney a las instalaciones de Pilcaniyeu, retribuida con la recorrida de Alfonsín al Complejo Aramar (Río de Janeiro), demostraron la voluntad argentina de continuar los desarrollos pacíficos en el campo nuclear. Estos gestos de mutua confianza se institucionalizaron en 1991, cuando se conformó la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC).
LA CRISIS DE LOS 90
La década del 90 fue particularmente dura. Un punto de inflexión al respecto fue el Decreto 1540/94, firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, que en sus considerandos señalaba la conveniencia de transferir al sector privado la generación nucleoeléctrica, lo que nunca llegó a concretarse. En ese momento se desafectó a la CNEA de la operación de las centrales y se dio vida a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), con 99% de las acciones en manos del Ministerio de Economía (que actualmente han quedado a cargo de la Secretaría de Energía) y 1% en poder de Agua y Energía Eléctrica (actualmente Emprendimientos Energéticos Binacionales -EBISA-).
La aprobación de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley 24.804), en abril de 1997, mantuvo en cabeza de la CNEA las funciones de asesoramiento al Ejecutivo, la formación de recursos humanos, la transferencia tecnológica, la gestión de los residuos radiactivos, el desarrollo y construcción de reactores experimentales, la producción de radioisótopos para uso medicinal e industrial y la implementación de programas de cooperación con terceros países. Se creó también la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), que había comenzado a funcionar en 1994 bajo la presidencia de Dan Beninson con personal proveniente de la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA.
Paralelamente, una serie de empresas se encargaría de las actividades colaterales a la generación nucleoeléctrica, todas ellas con participación accionaria de la CNEA. En esta condición se encuentran ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), que opera la planta industrial de agua pesada de Arroyito; y DIOXITEK (en la que es accionista la Provincia de Mendoza), que se encarga de la producción de dióxido de uranio utilizado en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales Atucha I y Embalse. Ya en la década del 80 habían sido parcialmente privatizadas otras actividades de la CNEA, al crearse CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) y luego la FAE (Fábrica de Aleaciones Especiales), encargadas respectivamente de la provisión de los elementos combustibles para las centrales y de la fabricación de los tubos de zircaloy. En ambos casos, el Grupo Pérez Companc se asoció a la CNEA como accionista mayoritario.
EL CAMINO HACIA LA REACTIVACIÓN
La reestructuración de la CNEA, en los 90, fue acompañada por un fuerte recorte presupuestario, una reducción del personal y la pérdida de capacidad para generar recursos propios. Ello implicó un envejecimiento de la edad promedio de los recursos humanos de la institución, que se encuentra en torno a los 50 años. “Actualmente hay un trabajo muy serio dentro de la Comisión, que se llama Capital Intelectual, donde se analiza tema por tema dónde está el conocimiento que se podría perder por jubilación del personal”, explica Gabriel Barceló, gerente de Relaciones Institucionales de la CNEA, quien asegura que ese activo no va a desaparecer porque “hay un trabajo organizado en ese sentido”. Consultado sobre la inserción laboral de los graduados de los tres institutos de formación de la CNEA, Barceló señala que en el caso de los físicos mayoritariamente continúan en la Comisión, mientras que los ingenieros nucleares y mecánicos son muy requeridos por industrias ajenas al área nuclear. “Sin embargo, muchos de ellos se quedan en la CNEA por el interés de la temática de trabajo y, además, los están tomando en empresas asociadas como INVAP y otras privadas que trabajan en temas nucleares”, agrega.
Las industrias asociadas al sector se han visto repotenciadas con la decisión de la administración de Néstor Kirchner de relanzar Atucha II. Las mayores dificultades vinieron por el costado financiero. “El incremento sustancial de los costos para continuar la construcción de la central son de mano de obra, ya que los suministros estaban disponibles en 2003”, indicó Jorge Sidelnik, gerente de Evaluación y Proyectos de NA-SA, en el marco de una conferencia dictada en el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. Allí remarcó también el caso de la planta de agua pesada, que consume muchos recursos por ser muy intensiva en la utilización de gas y electricidad. Sidelnik aludió además a la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse por otros 25 años, que incluirá el incremento de su potencia en 35 megavatios. Para ello deberá estar 18 meses fuera de servicio. Esta fecha coincidiría con la puesta en marcha de Atucha II en 2011. Por su parte, Atucha I está en condiciones de continuar operando hasta 2017. Con vistas a la construcción de una cuarta central nuclear, cuyo reactor sería del tipo CANDU, existe un estudio de factibilidad y todo hace pensar que estaría emplazada en la zona de Atucha. Mientras tanto, se comenzará a construir en ese mismo sitio el prototipo del CAREM, primer reactor de potencia de fabricación nacional (ver aparte).
“La característica de la curva de crecimiento del sector está condicionada por las condiciones del mercado nuclear: el mismo no posee una demanda constante, sino que está condicionada a los proyectos de construcción de infraestructura que demandan veinte años de desarrollo”, señala en sus conclusiones un informe sobre el complejo nuclear elaborado por Roberto Kozulj, Allin Reising, Marisa García y Manuel Lugones, para el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (ONCI). Allí se pone especial énfasis en el patrón de especialización que muestran las industrias ligadas a este campo, tal como ha demostrado INVAP con sus reactores de investigación vendidos a Perú, Argelia, Egipto y Australia. Con recursos humanos muy capacitados y una infraestructura de alto nivel tecnológico, la Argentina no debería dejar pasar esta oportunidad.
Este artículo fue publicado en la revista DEF Nº 50 – Noviembre de 2009.
