El diputado provincial santafesino Rubén Giustiniani difundió el contrato de concesión entre YPF y Chevron y explicó que la operación se dio a través de una serie de compañías off shore radicadas en paraísos fiscales en las que no hubo una inversión directa sino un préstamo.
El ex senador nacional dio a conocer en una conferencia de prensa que el cuestionado contrato “no fue como lo anunció Cristina Kirchner en agosto de 2013, es decir un emprendimiento entre Chevron e YPF, sino entre dos empresas off shore radicadas en paraísos fiscales”. Las dos firmas en cuestión son Chevron Overseas, radicada en Islas Bermudas e “YPF Shale Oil Investment One, con sede en el distrito estadounidense de Delaware.
El contrato en cuestión había otorgado la concesión por 35 años del yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta, que es la segunda reserva potencial de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.
“En la primera frase del acuerdo consta que Chevron Overseas es prestamista e YPF Shale Oil Investment One es tomador, o sea que no es una inversión directa sino un préstamo que una subsidiaria off shore da a otra subsidiaria off shore”, reveló el legislador socialista ante el periodismo en el hotel Apart Congreso de la Capital Federal.
La estructura de sociedades off shore, según explicó Giustiniani, se inicia desde YPF, que tiene el control de una offshore en Uruguay llamada Wakler Investment S.A, que posee a YPF Shale Oil Holding LTD (con sede en Bermudas), que detenta el 100% de YPF Shale Oil Investment One.
Esa última firma es la controlante del punto final, que es una SRL en Argentina, llamada Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC), empresa subsidiaria que va a actuar con el operador, que es YPF.
A su vez, YPF Shale Oil Investment One tiene el control de YPF Shale Oil Investment Two, también con sede en Delaware, que tiene el 10% de CHNC SRL.
“Lo que se planteó como una operación normal abre dos grandes interrogantes: todos sabemos que las off shore se hacen para evadir impuestos, por lo cual puede que exista un perjuicio al fisco argentino”, mencionó el diputado santafesino.
En segundo término, Giustiniani se preguntó si “a través de este esquema sofisticado se licúa la responsabilidad de Chevron, porque no aparece nunca y sabemos que el fracking es un método observado por contaminación ambiental”.
“Se iniciará un estudio de este contrato con detenimiento y poner a consideración de las organizaciones gubernamentales y periodistas para ver si hay perjuicio al país con este tipo de operatorias”, por lo que se entregará una copia al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoria del Pueblo.
El diputado socialista consideró la obtención para dar a publicidad del contrato como “un triunfo del derecho de acceso a la información y de la transparencia”.
“Fuimos a la justicia porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013 nos contestó que no tenían obligación de dar ninguna información porque eran una sociedad anónima”, reseñó.
Luego, se presentó un amparo, que el 10 de noviembre de 2015 después de un largo recorrido en la justicia, la Corte Suprema, “en un fallo ejemplar”, dijo que la información no es del Estado; el pueblo de la Nación argentina tiene el derecho de acceso a la información y ordenó a YPF a entregar una copia del contrato.
“Desde ese momento pasaron 330 días de chicanas judiciales que comenzaron en febrero, cuando YPF no quería entregar la copia y entregó una llena de tachaduras, en un 70 por ciento, alegando confidencialidad”, explicó Giustiniani.
Por último, la justicia lo obligó a hacer una entrega del contrato y el viernes al mediodía Giustiniani recibió finalmente el contrato.
