El corte de luz de Edesur, que afectó a más de 600.000 usuarios, es el episodio más reciente de una saga que se repite cada año y refleja las limitaciones del sistema energético de Argentina. Con temperaturas superiores a los 30 grados y una sensación térmica infernal, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pone en tensión la capacidad de respuesta de las distribuidoras de energía eléctrica.
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En el marco de un guiño del Gobierno a las distribuidoras metropolitanas, al definir un nuevo cuadro tarifario, las dos principales empresas del AMBA, Edenor y Edesur comprometieron inversiones por 2150 millones de dólares de cara a 2029. En el pasado, las compañías habían cuestionado el congelamiento de tarifas.
Edesur: incumplimientos, deudas y falta de inversiones
¿Qué ocurrió en la última década? De acuerdo con una auditoría realizada a Edesur por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y publicada en 2023, “la distribuidora faltó a su deber de mantenimiento y control sobre el sistema de distribución a su cargo“. Esta circunstancia se encuadraría, según el ENRE, en un incumplimiento del contrato de concesión, “al no haber tomado las medidas necesarias para asegurar la provisión (disponibilidad) de energía eléctrica”.
“Las inversiones no se han cumplido de acuerdo a lo pactado, los incrementos de actividad tampoco fueron realizados y las acciones comerciales no solo no han dado resultado, sino que han empeorado“, afirma el informe del ENRE en sus conclusiones.
“Si a eso le sumamos un uso ineficiente del flujo de fondos que posee una empresa que diariamente recauda millones de pesos, pero invierte en cuestiones que no hacen al mejoramiento de la calidad del servicio, repercute en un mayor costo del mantenimiento, una obsolescencia continua de sus instalaciones y la administración de vicisitudes climáticas o de demanda se vuelven azarosas, impredecibles e imposibles de evitar”, añade.
El ENRE alega, en ese sentido, que Edesur se financia gracias a la decisión unilateral de “no abonar la totalidad de su deuda” con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que vende a la distribuidoras la energía producida por las empresas generadoras. “La empresa se ha quedado con la diferencia producto de las cobranzas de sus facturas y no pagando a CAMMESA los fondos cobrados de sus usuarios dentro de la factura en concepto de energía y potencia”, explica la auditoría.
Altas temperaturas y cortes de luz: un sistema al límite
Si bien la potencia instalada en la red eléctrica de todo el país supera los 43.000 megavatios, la disponibilidad efectiva está en el orden de los 29.000 megavatios, muy cerca de la demanda actual, que supera los 27.000 megavatios. El pasado 10 de febrero de 2025, se batió el máximo histórico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 30.257 megavatios de potencia.
Al asumir su cargo, en noviembre de 2024, la actual secretaria de Energía, María Tettamanti, admitió que “en toda la cadena de energía, lo más preocupante es la desinversión en el sector eléctrico”. Y prometió dar “una buena señal de precios a los mercados para aportar en nuevos proyectos”, en el marco de la prórroga de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025.
Crisis energética: importaciones eléctricas y negociaciones por Yacyretá
Actualmente, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el 9% de la potencia necesaria para satisfacer la demanda proviene de importaciones, que superan los 2500 megavatios.
En el marco del plan de contingencia que el Gobierno nacional había aprobado en octubre de 2024, las importaciones desde Brasil se ubican en torno a los 2200 megavatios, en tanto que Uruguay suma hasta 400 megavatios adicionales.
Finalmente, en el caso de Yacyretá, no se trata técnicamente de una importación, sino que Argentina utiliza parte del 50% que en teoría le corresponde a Paraguay como socio en la central hidroeléctrica binacional. La discusión histórica gira en torno al precio que se paga al país vecino. Se espera un pronto acuerdo por una deuda de 50 millones de dólares de Argentina a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y una solución al tema de la tarifa.
