El acuerdo, suscripto por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 18 provincias, sienta las bases para poner en marcha un Plan Energético Estratégico y crea un Consejo Federal de Energía que funcionará como órgano consultivo con participación de la Nación, las provincias y las comisiones de Energía del Congreso .
El Acuerdo consta de diez cláusulas fundamentales, entre las cuales sobresalen las que apuntan a diversificar la matriz energética a través del incremento de la participación de energías limpias y renovables, el desarrollo y utilización de biocombustibles y de la energía nuclear, junto a sus tecnologías asociadas. Como parte de la política de precios y tarifas, se incluye una mención a la “tarifa social que permita el acceso a la energía por parte de los sectores de menores recursos económicos”.
Se pondrá en marcha un Plan Energético Estratégico con participación del Consejo y áreas de consulta a otros protagonistas de la actividad, en cuyo marco se incluirán criterios de eficiencia, diversificación, integración regional, desarrollo sostenible y seguridad energética. El compromiso suscripto contempla la creación del Consejo Federal de Energía como órgano consultivo, que tendrá las facultades necesarias para presentar propuestas para el desarrollo del sector. El mismo estará presidido por el Ministerio de Energía e integrado por un representante de cada provincia y autoridades de las comisiones de Energía del Congreso. Las tareas de coordinación a su cargo incluyen la armonización de los criterios regulatorios y tarifarios, la definición de niveles de calidad para los servicios y el intercambio de información para mejorar la operatividad del sistema. Otra de las cláusulas hace referencia al cambio climático, en cuyo marco se impulsarán medidas para que la actividad considere el cuidado del medio ambiente en sintonía con el compromiso internacional de la Argentina con el Acuerdo de París COP 21.
En cuanto a los hidrocarburos, el Gobierno coordinará e impulsará la política nacional en materia de exploración y explotación, en coordinación con las provincias. Además, buscará generar seguridad jurídica para las inversiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas y se desarrollará una política de tarifas y precios previsibles y estables que aseguren la calidad en la prestación del servicio.
También se llevarán a cabo programas y políticas de ahorro y eficiencia energética, a la vez que se fomentará la utilización de tecnologías y de buenas prácticas que promuevan el ahorro en el consumo en hogares, comercios, industrias y transporte. Las restantes cláusulas abarcan cuestiones que tienen que ver con roles y organización; el Consejo Federal de Energía; los entes reguladores y las empresas del Estado; y los aspectos tributarios.
Fuente: Télam
