La creación de la Policía Metropolitana y la reciente puesta en marcha de las Policías Locales bonaerenses abren un nuevo panorama en materia de seguridad pública en nuestro país. La descentralización y una mayor proximidad con el vecino son enunciados como objetivos centrales de estas reformas. ¿Será suficiente para atender una de las demandas más acuciantes de la ciudadanía?
Los reclamos vinculados con la inseguridad constituyen una de las demandas más recurrentes de los ciudadanos en nuestro país. Así lo reflejan estudios cualitativos como el informe anual Latinobarómetro, que en su relevamiento de 2013 reflejaba que para el 35 por ciento de los argentinos el problema de la delincuencia era el más importante. Por su parte, la última encuesta de victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), publicada en marzo pasado, arroja que el 39 por ciento de los hogares en 40 centros urbanos de nuestro territorio fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses. Desagregados, los datos del LICIP indican que en ese período 13 de cada 100 hogares sufrieron al meno un delito contra la propiedad sin uso de la violencia y que 31 de cada 100 hogares sufrieron al menos un delito contra las personas. En cuanto a la participación relativa de los principales delitos, el 61 por ciento correspondió a robos con violencia.
La participación comunitaria y los gobiernos locales
El nuevo paradigma en materia de seguridad apunta a un mayor “énfasis en la actividad policial de tipo preventiva enfocada en un área geográfica muy reducida, el vecindario”, señala el jurista Hugo Frühling, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile. Otros elementos típicos del nuevo sistema son “el establecimiento de relaciones estrechas con la comunidad”, “las acciones preventivas” y “el estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia o las infracciones menores que trastornan la vida de las personas”. Este académico sugiere el establecimiento de una “asociación adecuada con gobiernos locales debidamente autorizados para actuar en determinadas áreas de la seguridad pública y con asociaciones ciudadanas que en el proceso de interacción con la policía adquieren la autoridad para discutir, colaborar y evaluar los cursos de acción que se ponen en práctica”.
Una advertencia al respecto es la que formula el politólogo Alberto Föhrig, profesor de la Universidad de San Andrés, quien se muestra escéptico respecto de la creación de las denominadas “policías municipales”. Lo considera un “error estratégico”, pues implica dotar a grupos delictivos en formación –que todavía tienen un capital pequeño– de “una escala a su medida para corromper a esas fuerzas de seguridad y, acaso también, a los intendentes”. Cita, en apoyo de su tesis, el caso mexicano, país que contaba con unas 5300 policías y ha decidido recientemente emprender el camino inverso de “centralizar nuevamente a las fuerzas de seguridad” y de conformación de una Gendarmería nacional. Haciendo foco en el creciente problema del narcotráfico y refiriéndose al caso particular del Conurbano bonaerense, en una columna publicada en julio del año pasado en el portal Infobae, Föhrig sostenía que, por más buena intención que tengan, los intendentes no cuentan con “ninguna capacidad real, con la policía municipal, para hacer frente a este tipo de iniciativas”.
Más cauto es Federico Scarabino, exsenador provincial bonaerense y actual director ejecutivo de DEMOS, quien reconoce que la experiencia mexicana “no es alentadora”. “La atomización de las fuerzas policiales redundó en el agravamiento de la corrupción y un mayor descontrol”, admite, aunque atribuye el fracaso a los criterios de selección inadecuados, los bajos salarios, la falta de equipamiento y de capacitación. Scarabino considera que “la cooperación entre las policías de seguridad provincial, municipales y las fuerzas de seguridad federales en territorio provincial, requiere de un nivel de coordinación muy eficiente a cargo del Poder Ejecutivo provincial”.
De la reforma Arslanián a las Policías locales bonaerenses
En este nuevo enfoque de descentralización y cercanía con el ciudadano, se inscribe un conjunto de reformas realizadas en nuestro país en los últimos 15 años. El puntapié inicial lo dio la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de León Arslanián como ministro de Seguridad, primero convocado por el gobernador Eduardo Duhalde, en 1998-1999, y luego durante su segunda gestión, esta vez como funcionario del gabinete de Felipe Solá (2004-2007). La Ley 12154, sancionada en 1998, reconocía a los bonaerenses el derecho a “participar en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública”. Con ese fin fueron creados los Foros Vecinales y Municipales de Seguridad.
Posteriormente, en 2004, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 13210 de creación de las Policías Comunales de Seguridad, cuya actuación se limitó a los municipios del interior provincial con una población que no excediera los 70.000 habitantes y que dependerían funcionalmente de cada intendente. Más tarde, en 2006, se dictó la Ley 13482 de unificación de las normas de organización de las Policías de la provincia de Buenos Aires, que quedaron bajo la conducción orgánica del Ministerio de Seguridad, aunque se incorporó a los intendentes al Consejo Provincial de Seguridad Pública. Esta última norma contemplaba, asimismo, las situaciones especiales de aquellos municipios del interior que excedieran los 70.000 habitantes y solicitasen ser incluidos en el régimen de Policías Comunales.
Finalmente, en junio del año pasado y luego de un frustrado debate en la Legislatura, el gobernador Daniel Scioli emitió el Decreto 373/14, por el cual se creó la Superintendencia de Seguridad Local dependiente del Ministerio de Seguridad provincial. Acto seguido, el ministro Alejandro Granados dictó la Resolución 835 de creación de las Unidades de Policía de Prevención Local en aquellos Municipios de más de 70.000 habitantes que adhirieran mediante un convenio específico suscripto por el intendente municipal y ratificado por su respectivo Concejo Deliberante. Se estableció que estas nuevas fuerzas locales “tendrán como misión esencial la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de policía de proximidad, coordinando su actuación con los municipios y demás unidades policiales”. Sus efectivos deberán aprobar un curso de formación de doce meses de duración, período que podrá reducirse a un plazo no menor a seis meses “bajo circunstancias especiales”. Para ello se creó el Instituto de Formación y Capacitación de las Unidades de Policía de Prevención Local, en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad bonaerense. Cada unidad policial local deberá contar, además, con un coordinador operativo designado por dicho Ministerio a propuesta del intendente municipal.
La Policía Metropolitana y un nuevo gobierno de la seguridad porteña
El proceso que dio nacimiento a la Policía Metropolitana fue producto de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional, ya que para su creación fue necesario modificar la denominada “Ley Cafiero”, de 1995, que establecía los límites de la autonomía porteña. En su redacción original, el artículo 7 mantenía en cabeza del gobierno nacional la “competencia en materia de seguridad y protección de las personas y de los bienes” en el territorio de la ciudad. Con la sanción de la Ley 26288, en agosto de 2007, se transfirieron al gobierno porteño “las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”, al tiempo que se integraba a la Ciudad de Buenos Aires al Consejo de Seguridad Interior.
En 2008, la Legislatura convirtió en ley un proyecto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por el cual se constituyó la Policía Metropolitana, con “funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia”. Con la misión de capacitar y formar profesionalmente al personal policial y a los funcionarios responsables de la implementación de políticas en esta materia, se creó el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Un aspecto novedoso de la nueva fuerza porteña es la “igualdad de género” prevista para la integración de su personal, que –según establece la Ley de Seguridad Pública porteña– guardará “una estricta representación de ambos géneros, ya sea para el acceso efectivo a cargos de conducción, como así también en todos los niveles y áreas”; así como “la paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida”.
La Policía Metropolitana cuenta actualmente con unos 4930 efectivos y 570 auxiliares, que –según adelantó a DEF el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro– se convertirán en 6100 para fines de este año. Se encuentra desplegada en tres comunas: la 4 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca y Barracas), la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y la 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Ortúzar y Villa Crespo). Posee, además, un destacamento en el Microcentro y otro en Constitución, destinados a realizar servicios de vigilancia preventiva en esas zonas.
Las perspectivas de un modelo innovador
En los fundamentos de su proyecto de ley de Policías Municipales, el dirigente Marcelo Sain, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, señalaba que “los municipios son grandes receptores de las demandas sociales inmediatas a favor de un mayor activismo local en la gestión de los asuntos de seguridad pública”, pero “no cuentan con los mecanismos normativos e institucionales adecuados ni con los recursos humanos capacitados para tal emprendimiento”. Destacaba, en ese marco, “la necesidad de llevar a cabo un proceso de apropiación de facultades –en el sentido de asunción de responsabilidades– y de generación de capacidades de gestión en materia y de dirección de los diferentes actores e instancias que intervienen en la situación de la seguridad pública local”.
Al mismo tiempo, advertía que “la vigorización del gobierno local” en esta delicada materia debía ir necesariamente acompañada por “el fortalecimiento de la participación de la comunidad en la gestión y control de la seguridad pública local”, para lo cual instaba al “apuntalamiento y consolidación de los foros de participación comunitaria” y a “la intervención de los actores sociales y comunitarios –asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades de la sociedad civil y agrupamientos vecinales– en la gestión de asuntos de la seguridad pública”. Entre las ventajas del modelo de “descentralización policial”, destacaba la “mayor proximidad, capacidad de respuesta, conocimiento del territorio y control sobre las problemáticas criminales en el plano local”, mejorando de esa forma “las labores de vigilancia y prevención, en contraste con las grandes estructuras policiales centralizadas que destinan un mayor número de personal a tareas administrativas y burocráticas en detrimento del trabajo policial operativo”.
