En un contexto regional e internacional marcado por la expansión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico con armamento militarizado, el terrorismo internacional, las guerras híbridas, la inteligencia artificial aplicada a ciberataques y la presencia creciente de actores estatales y no estatales que desafían la soberanía de las naciones, el ministro de Defensa, Luis Petri, ha tomado decisiones que apuntan a adecuar el instrumento militar argentino a los desafíos del presente, con la conducción y el apoyo del presidente Javier Milei.
Los decretos 1107/2024, 1112/2024 y la Resolución 347/2025 no representan un “retorno” a viejas prácticas autoritarias, como algunos sectores pretenden instalar, sino una respuesta estratégica ante amenazas reales y actuales que ningún Estado moderno puede ignorar. A 42 años del retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas argentinas han demostrado un compromiso firme con el orden constitucional, alejadas definitivamente de cualquier protagonismo político o doctrinario de tutela. Hoy, su profesionalismo, control civil y subordinación al poder político son pilares indiscutibles que permiten repensar su rol dentro del Estado democrático.
Un nuevo paradigma para una nueva amenaza
Las normas impulsadas por el Ministerio de Defensa no modifican la Ley de Defensa Nacional ni la Ley de Seguridad Interior. Por el contrario, se inscriben dentro de sus márgenes excepcionales, en situaciones específicas que exigen respuestas conjuntas y coordinadas. No se trata de militarizar la seguridad interior, sino de articular recursos ante escenarios donde las fuerzas de seguridad se ven desbordadas, como ocurrió en Rosario, donde bandas criminales disponen de medios logísticos, financieros y de armamento similares a los de un actor insurgente.
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Lejos de apelar a la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría, el accionar del Ministerio se sustenta en principios modernos de seguridad cooperativa y multilateral, utilizados por países democráticos de la región y del mundo. En Estados Unidos, España, Francia o Colombia, las fuerzas armadas cumplen un rol subsidiario y de apoyo logístico, tecnológico y territorial ante amenazas multidimensionales. La Argentina no puede ser ajena a esta evolución, ni puede permitir que dogmas de otra época limiten su capacidad de defensa frente a peligros actuales.
Profesionalización y transparencia
A diferencia de épocas pasadas, las Fuerzas Armadas hoy actúan bajo estricta conducción civil, con reglas de empeñamiento claras, protocolos de actuación homologados, control parlamentario y supervisión judicial. En este sentido, la Resolución 347/2025 fija expresamente que toda participación de unidades militares será en apoyo a las fuerzas de seguridad, bajo normativa vigente, y limitada en tiempo, espacio y medios. No se trata de patrullajes indiscriminados ni de asumir funciones policiales, sino de defender infraestructuras críticas, apoyar la logística en zonas liberadas por la criminalidad y participar en tareas de inteligencia técnica frente a ciberataques y amenazas no convencionales.
El despliegue militar en zonas específicas no responde a un capricho ideológico, sino a la creciente capacidad de las organizaciones criminales de poner en jaque al Estado. La frontera norte, el litoral y ciertas zonas portuarias ya son puntos de ingreso y egreso de armas, drogas y divisas que financian actividades ilícitas de carácter internacional. Negarse a involucrar todos los recursos del Estado en esta lucha es, en sí mismo, una forma de irresponsabilidad institucional.
42 años de democracia, 42 años de compromiso
Desde 1983 a la fecha, las Fuerzas Armadas argentinas han atravesado un profundo proceso de transformación institucional. Han colaborado activamente en el fortalecimiento de la democracia, han sido pioneras en misiones de paz de Naciones Unidas, han participado en operaciones de ayuda humanitaria, y han acompañado a las provincias en emergencias por desastres naturales, incendios, inundaciones y pandemias. Ninguna de estas misiones fue considerada una “militarización” del Estado.
El verdadero riesgo para la democracia no está en el uso regulado y excepcional del instrumento militar en defensa del interés público, sino en la inacción, el abandono del territorio y la renuncia a proteger a los ciudadanos más vulnerables frente a poderes fácticos armados. Hoy las amenazas no provienen de ideologías, sino de organizaciones criminales transnacionales, hackers estatales, grupos terroristas y actores externos que interfieren en la soberanía económica y tecnológica de los países en desarrollo.
Seguridad democrática, defensa inteligente
Lejos de evocar lógicas del pasado, los decretos y resoluciones impulsados por el Ministerio de Defensa reflejan una doctrina de defensa nacional democrática, flexible y realista. Asumen que la seguridad del siglo XXI no puede dividirse artificialmente entre “interna” y “externa”, cuando las amenazas son híbridas, descentralizadas y globales.
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La Argentina necesita una política de defensa nacional que responda a los desafíos contemporáneos, sin complejos ideológicos ni anacronismos doctrinarios. Las decisiones del ministro Petri y del presidente Milei se enmarcan en esa visión: preservar la democracia no es solo garantizar el voto cada dos años, sino proteger activamente la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos frente a quienes las amenazan.
La historia reciente ha demostrado que las Fuerzas Armadas pueden actuar con profesionalismo, legalidad y eficacia bajo control democrático. Ignorar ese capital institucional y humano en nombre de debates del pasado es, paradójicamente, un acto de regresión. La defensa de la democracia también exige defender la capacidad del Estado para actuar con decisión y responsabilidad frente a las amenazas reales del presente.
