El Gobierno concretó la compra de 24 aeronaves de combate. Pero, al contrario de lo que se cree, los intentos de compra de estos sistemas de ataque se remontan al siglo pasado. ¿Cómo fueron las negociaciones que finalmente no se concretaron?
Por Mariano Bartolomé
Este martes el gobierno argentino confirmó la adquisición de un lote de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, de segunda mano aunque modernizados, procedentes de Dinamarca.
El presidente argentino, Javier Milei (remoto), y el ministro de Defensa, Luis Petri (desde Dinamarca), encabezaron el acto de la firma del contrato para la adquisición de 24 aeronaves F-16 que ampliarán la flota de la Fuerza Aérea de la República Argentina.
Esta decisión clausuró una penosa etapa que se inició hace varios años, con la desprogramación por parte de la Fuerza Aérea del sistema de armas Mirage en sus diferentes versiones.
Reiteradamente, se lee que la opción de adquisición de esas aeronaves irrumpió por primera vez durante el gobierno de Alberto Fernández, como un intento de la Casa Blanca por desbaratar la maniobra de China, que había ofrecido su caza JF-17 con atractivas facilidades de pago. Pero es poco conocido que las raíces de esa compra se remontan bastante en el tiempo, hasta llegar a principios de los años noventa, del siglo pasado.
F-16 para Argentina: las gestiones entre los gobiernos de Alfonsín y Menem
En efecto, fue durante la presidencia de Carlos Menem que comenzó a plantearse la posibilidad de una adquisición de naves F-16 por nuestro país, en el contexto de una agenda bilateral con Estados Unidos en materia de Defensa que incluía diversos temas; entre ellos, la cuestión del misil Cóndor II y la colocación del avión Pampa en el mercado estadounidense.
Ya en las postrimerías de la gestión presidencial de Alfonsín hubo indicios claros de una flexibilización de la postura adoptada por Estados Unidos tras la guerra de Malvinas, de no contribuir al aumento o modernización del armamento de las instituciones castrenses argentinas. Pero esta posición fue mucho más nítida con el gobierno justicialista que lo sucedió. A poco de su inicio, el flamante embajador estadounidense ante nuestro país, Terence Todman, declaró que deseaba ver unas Fuerzas Armadas argentinas modernas y profesionales, agregando que se esforzaría para que ese anhelo se hiciera realidad.
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El proceso se aceleró tras la primera visita oficial de Menem a Estados Unidos. En esos momentos, el senador demócrata Edward Kennedy solicitó al Congreso que derogue la enmienda Humphrey-Kennedy de restricción a la venta de armas a nuestro país, lo que finalmente aconteció antes de fin de ese año 1989. Tras el levantamiento de la enmienda, el Secretario de Defensa, Richard Cheney, confirmó que la administración Bush colaboraría “en forma explícita” con el reequipamiento militar argentino. En consonancia, durante los siguientes dos años hubo donaciones de un buque logístico, dos aviones de transporte y repuestos para otras aeronaves de la Fuerza Aérea y la Armada.
Los esfuerzos de la Fuerza Aérea en 1991 para adquirir los F-16
En este contexto, las crónicas periodísticas indican que a mediados de 1991 el brigadier Juliá, jefe aeronáutico local, le anticipó a su par estadounidense la intención de adquirir aeronaves F-16 tipo A y B. El pedido se reiteró en los meses siguientes al secretario Cheney, en más de una ocasión, precisando que el interés se concentraba en la adquisición de cuatro escuadrones, o sea unos ochenta aparatos en total, con adecuada financiación.
La historia, en este punto de su desarrollo, cambia radicalmente de rumbo: el 1º de mayo, en el marco de las celebraciones por el décimo aniversario del bautismo de fuego de la institución, el brigadier Juliá anunció la inminente compra de aproximadamente cuarenta cazabombarderos Skyhawk A-4M, que comenzarían a arribar al país antes de fin de año. La adquisición fue confirmada por el presidente Menem desde Kuwait, donde se encontraba en visita oficial.
El inesperado cambio de los aviones fue atribuido por medios periodísticos al costo considerablemente menor de los A-4, que serían vendidos a precios casi simbólicos, según el propio titular de la Fuerza Aérea. También se opinó que los mismos ya eran conocidos para los pilotos y técnicos locales, con la lógica simplificación que esto suponía en términos de adiestramiento y logística.
Juliá ampliaría posteriormente este punto de vista diciendo que toda nueva incorporación de material a la Fuerza Aérea debía asegurar el ciclo logístico, como condición imprescindible para el funcionamiento de la institución, dado que de nada sirve contar con aviones, pilotos y munición si se carece del presupuesto que garantice su empleo en tiempo y oportunidad.
El motivo de la modificación fue aclarado por el propio Cheney, quien hizo saber a la Casa Rosada que únicamente se le podrían proveer A-4 debido a los compromisos internacionales de su país. En sus palabras, los aviones F-16 en manos argentinas producirían un peligroso desequilibrio en la región. Tiempo después, el titular de la cartera de Defensa, Erman González, coincidió en que la compra de F-16 excedía las necesidades locales, generando desconfianza en las naciones vecinas y en Gran Bretaña. Por lo menos en el caso británico, las objeciones existieron, aunque eran inverosímiles: el embajador del Reino Unido ante Estados Unidos, admitió en esos momentos que a su gobierno le preocupaba el rearme militar argentino, considerando una hipotética ruptura del régimen democrático y un posterior ataque a las Malvinas.
A-4 en vez de F-16: el acuerdo bilateral que prevaleció
Finalmente, se rubricó el acuerdo bilateral por los A-4. Además, se destrabó la provisión de repuestos para helicópteros y vehículos blindados, se adquirieron helicópteros para el Ejército y se iniciaron conversaciones para la compra de aviones antisubmarinos Tracker para la Armada. Pero los aviones de combate continuaron siendo motivo de fricción, esta vez en el seno del gobierno argentino: el brigadier Antonietti, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), se opuso a la operación, colisionando con Juliá y el propio ministro González.
Un periodista especializado en temas de Defensa indicó las razones que llevaron a Antonietti a desaconsejar la compra. Los motivos eran de naturaleza financiera y técnica, e incluían el abultado monto de la operación (casi US$ 100 millones); que los aviones no estarían provistos de equipamiento moderno (sistemas de radar, navegación y guerra electrónica) y que era imposible estimar su vida útil remanente, debido a la inexistencia de información sobre el tiempo y tipo de uso anterior. Además, las reparaciones e instalaciones de equipos obligarían a importantes erogaciones adicionales en el corto plazo. En su asesoramiento al decisor, el titular del EMC apreció que los A-4 sumirían a la Fuerza Aérea en una brecha tecnológica insalvable, con aparatos obsoletos.
La falta de presupuesto para la Defensa, el problema de los noventa que sigue vigente
En el conflicto entre Antonietti y González, este último contó con un informe elaborado por la cúpula aeronáutica, explicitando su conformidad por el estado de las aeronaves seleccionadas, tras destacar una misión técnica para inspeccionarlas en su lugar de depósito. Por su parte, el ministro subrayó que “no se pueden gastar US$ 1600 millones para comprar los F-16 que requiere Antonietti”.
El desenlace de este conflicto intragubernamental fue simple. El ministro González logró el apoyo del presidente Menem, quien aclaró a la prensa que la operación de compra estaba decidida. El brigadier Antonietti, marginado de los circuitos decisorios afectados al caso, subrayó su absoluta subordinación al poder político y aclaró que solamente había ejercido su función de asesoramiento. Poco tiempo después, este jefe militar solicitó su pase a retiro, el que le fue aceptado, siendo reemplazado al frente del EMC por el general Mario Cándido Díaz.
En síntesis, a través de esta breve crónica hemos querido difundir aspectos poco conocidos del proceso que desembocó en la reciente compra de los aviones de combate F-16. Este tema ya lleva más de tres decenios de existencia y oportunamente fue el motivo de desentendimientos entre personajes clave del sector Defensa del gobierno justicialista de Carlos Menem. En aquellos lejanos momentos, al igual que hoy, los aspectos financieros de la operación comercial jugaron un papel importante. Sin embargo, vista la cuestión en perspectiva histórica, es posible que el desenlace de esos intentos de reequipamiento se haya definido en Londres.
