En las últimas semanas, Estados Unidos incrementó su presencia militar en las costas de Venezuela. Estos movimientos, llevados adelante en resguardo de la “seguridad nacional”, no fueron sometidos a una autorización específica del Congreso, ya que el Ejecutivo sostiene que no constituyen hostilidades y, por lo tanto, no requieren un aval legislativo bajo la normativa vigente.
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En este contexto, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que podría intervenir a través de la Resolución de Poderes de Guerra para limitar el margen de acción del presidente si las operaciones avanzan hacia un escenario más tenso. ¿De qué se trata?
La herramienta que podría limitar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
La Resolución de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 tras los excesos del Ejecutivo durante la guerra de Vietnam, establece un marco legal para controlar cuándo y cómo el presidente puede emplear a las fuerzas armadas sin autorización previa del Congreso.
Su objetivo es evitar intervenciones unilaterales y garantizar que cualquier operación que pueda derivar en hostilidades tenga supervisión legislativa. En la práctica, funciona como un freno al poder militar del Ejecutivo.
La norma obliga al presidente a notificar al Congreso en un plazo de 48 horas cuando ordena un despliegue que pueda involucrar enfrentamientos. Una vez enviada la notificación, las tropas solo pueden permanecer en el terreno durante 60 días, con un período adicional de 30 días para la retirada, a menos que exista una autorización formal del Capitolio. Si esta no se concede, el presidente está legalmente obligado a finalizar la operación.
¿Puede esta legislación detener el conflicto en Sudamérica?
En el caso de las operaciones actuales en el Caribe venezolano, la administración argumenta que se trata de acciones contra redes criminales y no de hostilidades contra un Estado. Esa interpretación evita activar los mecanismos de la resolución, pero es cuestionada por legisladores como Tim Kaine, que advierten que la magnitud del despliegue podría acercarse a un límite que exige supervisión.
Si el Congreso determinara que estas actividades sí encajan dentro del marco de la resolución, Donald Trump estaría obligado a justificar su accionar o reducirlo.
El posible uso de esta herramienta adquiere relevancia porque limitaría la capacidad del Ejecutivo para sostener o ampliar las operaciones cerca de Venezuela sin un debate formal.
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En la práctica, esto significa que el Congreso tiene la capacidad de exigir información, suspender fondos e incluso ordenar la retirada de tropas si considera que el presidente excedió su autoridad.
En situaciones de tensión como la actual, esta resolución de Estados Unidos funciona más como un freno legal y político que como una prohibición absoluta. No impide que un conflicto comience, pero sí puede impedir que avance sin respaldo institucional, lo que limita el margen del Ejecutivo para sostener una escalada en el tiempo.
