La nueva administración de Donald Trump busca acelerar la incorporación de inteligencia artificial (IA) generativa dentro del Estado estadounidense y uno de los ejes centrales de esa estrategia es el uso del modelo Gemini, desarrollado por Google, paratareas administrativas, regulatorias y de análisis interno.
La iniciativa se inscribe en una visión política que prioriza la innovación tecnológica, la desregulación y la competitividad global de Estados Unidos, pero también abrió un debate intenso sobre los límites, los riesgos y el grado de supervisión humana que debería tener el uso de IA en decisiones públicas sensibles.
Desde su regreso al poder, el gobierno de Trump impulsó un enfoque marcadamente promercado en materia de inteligencia artificial. A diferencia de administraciones anteriores, que habían puesto el foco en marcos éticos, control de riesgos y regulación preventiva, la nueva Casa Blanca plantea que la prioridad debe ser no frenar el desarrollo ni la adopción de estas tecnologías.
- Te puede interesar: Consejo de Paz de Trump: 1.000 millones de dólares para entrar e invitaciones a dictadores
Inteligencia artificial: cómo la usaría el gobierno de Donald Trump
En ese contexto, modelos generativos avanzados como Gemini comenzaron a ser evaluados como herramientas clave para modernizar el funcionamiento del gobierno federal y reducir tiempos y costos operativos.
La idea central es utilizar la IA como un asistente de apoyo para funcionarios y equipos técnicos, no como un decisor autónomo. Entre los usos proyectados se encuentran la redacción de borradores de documentos oficiales, el análisis de grandes volúmenes de información, la síntesis de reportes técnicos y la asistencia en procesos burocráticos complejos que hoy demandan semanas o meses de trabajo humano.
A su vez, en áreas como transporte, energía o medioambiente, la IA podría colaborar en la elaboración inicial de propuestas regulatorias, que luego serían revisadas, corregidas y validadas por personas.
En el ámbito de la defensa y la seguridad nacional, el interés por Gemini está vinculado a su capacidad para procesar datos multimodales, combinar texto, imágenes y bases de datos, y generar análisis rápidos para apoyar la toma de decisiones.
Las polémicas alrededor de esta nueva iniciativa de la administración Trump
Funcionarios cercanos al proyecto sostienen que estas herramientas podrían mejorar la eficiencia interna, facilitar la coordinación entre agencias y aliviar la carga administrativa de personal altamente calificado, permitiéndole concentrarse en tareas estratégicas.
Dentro del oficialismo y del sector tecnológico, la propuesta fue celebrada como un paso necesario para que el Estado no quede rezagado frente al sector privado ni frente a competidores geopolíticos como China. Desde esta mirada, incorporar IA generativa es visto como una ventaja estructural que puede hacer al gobierno más ágil, más barato y más efectivo, siempre que exista supervisión humana.
- Te puede interesar: Cuál es el potente fármaco que Donald Trump catalogó como arma de destrucción masiva
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Especialistas en tecnología, derecho y políticas públicas advirtieron sobre los riesgos de confiar en modelos que todavía pueden cometer errores, inventar información o reproducir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento.
En el caso de regulaciones o documentos oficiales, una “alucinación” de la IA podría tener consecuencias legales, económicas o sociales significativas si no es detectada a tiempo. También se cuestiona la falta de lineamientos claros y públicos sobre cómo se auditarán estos sistemas y qué grado de transparencia tendrá su uso dentro del Estado.
A esto se suma una preocupación política más amplia: la posibilidad de que la velocidad de adopción supere la capacidad institucional para controlar y comprender estas herramientas. Para los críticos, el enfoque de la administración Trump corre el riesgo de priorizar la eficiencia por sobre la responsabilidad, delegando demasiado poder operativo a sistemas opacos desarrollados por empresas privadas.
