Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que marcan un fuerte giro en la estrategia tecnológica de Estados Unidos. El eje de estas nuevas disposiciones está en una idea que viene promoviendo desde su regreso a la Casa Blanca: eliminar lo que él y su entorno definen como “inteligencia artificial woke” de todos los contratos del gobierno federal.
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Cómo es la orden ejecutiva emitida por Trump
La orden principal establece que el gobierno de los Estados Unidos no podrá contratar servicios de empresas tecnológicas cuyos modelos de inteligencia artificial reflejen sesgos ideológicos, particularmente aquellos relacionados con políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Según el texto oficial, los sistemas que prioricen la corrección política por sobre lo que se considera “veracidad histórica o científica” serán automáticamente excluidos de licitaciones y acuerdos públicos.
El nuevo estándar exige que los modelos de IA contratados por el gobierno sean políticamente neutrales y capaces de “reconocer incertidumbres” en sus respuestas. La ejecución de esta medida estará a cargo de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y de la Administración de Servicios Generales (GSA), que deberán auditar los sistemas utilizados por proveedores federales y agregar cláusulas obligatorias en los contratos que garanticen este tipo de “neutralidad algorítmica”.
Trump justificó la decisión afirmando que “los estadounidenses y los ciudadanos del mundo no quieren marxismo woke en sus modelos de IA”. Además, advirtió que muchas de las principales plataformas tecnológicas del país estarían promoviendo ideologías de izquierda bajo el disfraz de programación automatizada.
La recepción del mundo tecnológico
Este argumento fue bien recibido por un sector del Silicon Valley que ha comenzado a alinearse con su agenda, y que encuentra en figuras como Elon Musk, cuyo modelo Grok se presenta como “antiwoke”, un referente del nuevo paradigma.
Pero esta orden es solo una parte de un paquete más amplio. Junto con esta medida, Trump también firmó una orden que busca desregular la construcción de centros de datos, facilitando el desarrollo de infraestructura tecnológica sin trabas ambientales ni regulaciones estatales. Además, se lanzó un ambicioso plan para fomentar las exportaciones de hardware y software de inteligencia artificial a países aliados, con incentivos fiscales y programas de financiamiento.
El impacto de estas políticas ya genera debate. Para las empresas que aspiran a trabajar con el gobierno, se abre una etapa de incertidumbre: deberán demostrar que sus productos no están ideológicamente sesgados, algo difícil de definir en un terreno tan complejo como el entrenamiento de modelos de IA.
La falta de una definición precisa sobre qué se considera “woke” podría llevar a que muchas compañías opten por autocensurarse o modificar sus algoritmos para alinearse con los criterios del Ejecutivo, incluso si eso implica comprometer principios éticos o de inclusión.
Desde el Congreso, varios senadores demócratas ya calificaron la medida como inconstitucional. Edward Markey, uno de los principales referentes del ala progresista, denunció que se trata de un intento encubierto de controlar la narrativa pública a través de restricciones ideológicas impuestas desde el Estado. Para otros críticos, la pregunta central es quién define la neutralidad ideológica y cómo se asegura que esa definición no sea usada como herramienta de censura institucional.
El mandato también entra en tensión con los estándares internacionales de regulación de IA, como los de la Unión Europea y la OCDE, que promueven enfoques centrados en derechos humanos, inclusión y transparencia. Además, la desregulación ambiental para fomentar nuevos centros de datos abre interrogantes sobre el impacto ecológico de esta aceleración tecnológica, en un momento en que el consumo energético de la IA está bajo fuerte escrutinio.
